Por DARÍO SOTO
Mientras el gobierno nacional decide dar por concluidas concesiones
de servicios privatizados, con el discurso que se debe terminar con
la argentina del saqueo, absolutamente a contramano de este posicionamiento
decide la renegociación del contrato de concesión del
corredor vial 29, entre el estado nacional y la empresa Caminos del
Valle.
Oportunamente se demostró, fundamentalmente a través
de un estudio realizado por los economistas Osvaldo Preiss y Humberto
Zambón de la Universidad Nacional del Comahue, que el margen
de rentabilidad previsto en el contrato (124 millones de pesos en
18 años de concesión), habían sido ya obtenidos
finalizado el año 2005, por lo que el sentido común,
y las normas vigentes determinaban que el contrato debía darse
por resuelto o terminado.
A esta conclusión arribó también la Defensoría
del Pueblo de la Nación quién recomendó la resolución
del vínculo contractual y en los próximos días
realizará una presentación en la Justicia Federal para
que se rescinda el contrato a la empresa Caminos del Valle, concesionaria
del corredor vial 29. Acciones similares están estudiando las
Defensorías de la Provincia de Río Negro y de la ciudad
de Neuquén.
Sorprendentemente y a pesar que en los últimos meses del año
pasado parecía existir consenso entre los legisladores de las
provincias de Río Negro y Neuquén en el sentido de no
renegociar este contrato, el justicialismo cambió absolutamente
de postura con el dudoso y débil argumento de que se sentaría
un mal precedente frente a otras concesiones similares en vías
de renegociación. Fue el senador nacional Miguel Pichetto,
el que se encargó de bajar esta línea a los legisladores
oficialistas y determinar así una renegociación en condiciones
altamente favorables para una empresa que se caracterizó por
el incumplimiento sistemático de obligaciones contractuales,
no realizando obras previstas y de las que ahora –increíblemente-
se hará cargo el estado nacional.
No sorprendió la defensa que realizó en este sentido
el diputado nacional y ex intendente de Cipolletti, Julio Arriaga,
ya que desde siempre mantuvo estrechas relaciones con la empresa y
mas aún, mientras fue el titular de la comuna inauguraba como
propias, obras que estaban previstas en el contrato de concesión
del corredor, como por ejemplo la remodelación de la rotonda
y el boulevar de acceso a la ciudad.
Pero lo que no se entiende es como se puede desconocer la contundencia
de los números que surgen del estudio realizado por los profesionales
de la Universidad del Comahue. Como tampoco las condiciones altamente
favorables para la empresa en las que se renegociaría el nuevo
contrato, que contempla entre otras cosas un subsidio de alrededor
de 8 millones de pesos (en compensación por la quita del peaje
en la tasa del gasoil). Si se supone que las obras a realizar sugerirán
una inversión de 7 millones de pesos, el sentido común
indicaría que las podría realizar el propio estado ahorrando
el dinero de los contribuyentes y en un todo de acuerdo con el discurso
presidencial de terminar con la argentina del saqueo.
¿Cuáles son los intereses (sin duda alguna económicos)
que determinaron la renegociación de este contrato y quienes,
además de la empresa, se beneficiarán con ello? Es algo
que se debería determinar si se pretende realmente dejar atrás
la vieja argentina en la que los principales beneficiados fueron siempre
los empresarios que se enriquecieron al amparo de la patria contratista.
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