Por dario soto
La situación de emergencia que padece el sistema carcelario
de Rìo Negro motivó nuevos cruces entre los poderes
ejecutivo y judicial de la provincia. El presidente del Superior Tribunal
de Justicia sostuvo que la responsabilidad del sistema penitenciario
en general es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y que desde ese
cuerpo ya se habían manifestado a través de dos resoluciones
sobre la cárcel de General Roca.
Sin dejar de reconocerle razón al titular del poder judicial,
vale la pena repasar algunos datos estadísticos que permiten
visualizar un alto porcentaje de responsabilidad de la justicia en
la aguda crisis a la que se hace referencia. Los números muestran
que alrededor del 60% de la población carcelaria no tiene condena,
lo que permitiría suponer, al menos, que existe un alto grado
de morosidad en la administración de justicia, o de lo contrario
una lentitud pasmosa en el ejercicio de la función judicial
que muy lejos esta de ser coherente con las críticas exigencias
del STJ al poder ejecutivo provincial.
En su defensa el PE apunta a la «lentitud de la justicia»
para resolver la situación de los procesados y el uso presuntamente
ineficaz de las herramientas legales que, como la «probation»,
apuntan a disminuir el tiempo de detención. La situación
más crítica se padece en la Alcaidìa de General
Roca, donde de los 340 internos que alberga en la actualidad, 127
tienen condena y 213 están procesados, un ejemplo que forma
parte de esa explicación oficial.
Pero si la situación actual es grave la proyección no
es para nada alentadora si se tiene en cuenta que la población
carcelaria rionegrina creció un 8,6 % en los tres primeros
meses del año, dato que surge de la comparación de estadísticas
suministradas en el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados del
Ministerio de Gobierno.
Más preocupante aún es observar la incapacidad manifiesta
del Estado (nacional y provincial) para frenar el crecimiento del
índice de crimininalidad o al menos para prevenirlo. Para muestra
vale señalar el fracaso de los institutos de menores, marcado
en la reincidencia. Hoy, casi el 80 por ciento de la población
carcelaria de Viedma pasó por un Instituto de Menores».
Pero mas allá de estos indicadores y de los tironeos de ambos
poderes del estado, no debemos descuidar que esta situación
también es una consecuencia de las políticas aplicadas
en, por lo menos, los últimos quince años que produjeron
no solo una pauperización económica de la población
del país sino también una marcada degradación
moral.
«Si los políticos roban, los gobernantes roban y los
que vienen acusan a los que se fueron de haber robado; si la policía
roba y todo el mundo roba, y no les pasa nunca nada, ¿por qué
no vamos a robar nosotros que nos arriesgamos cada vez que lo hacemos
y ellos no?», esgrime un ex recluso para quién la libertad
significa el espacio que transcurre entre dos condenas, y que además
lo expresa convencido de que está en el camino «correcto».
Deuda interna
Existe una deuda interna que el estado debiera comenzar a pagar sin
demora, y sin embargo los indicadores muestran que la brecha entre
ricos y pobres lejos de disminuir sigue aumentando y en la actualidad
es aún más profunda que en la década del 90.
La situación es tan grave que ya no se trata únicamente
de general crecimiento económico, si hoy se abrieran todas
las ofertas de trabajo, apenas un 20% de los desocupados estaría
en condiciones de tomar un empleo porque carece de educación
y formación técnica para hacerlo, así la «clase
delictiva» no decrecerá porque mejore nuestro nivel de
vida o que cada día más compatriotas puedan llegar a
fin de mes. Esta realidad eriza los pelos, pero es así.
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