La organización fue la piedra
de toque del terrorismo de Estado
durante los años 70.
Buenos Aires > «Le vamos a poner tres A».
La frase fue pronunciada cuando comenzaba la década de los
’70 por el entonces ministro de Bienestar Social José
López Rega. Fue para «terciar» en una discusión
entre sus subordinados referida al nombre que debía llevar
la «Alianza».
El juez federal Norberto Oyarbide evocó aquella escena al reconstruir
cómo se gestó la agrupación de extrema derecha
que proclamó como «objetivo la defensa de los ataques
de la guerrilla». Y así fue que el 26 de diciembre del
año pasado fue en encargado de emitir por primera vez un fallo
donde equiparó los crímenes cometidos por la agrupación
de extrema derecha «Triple A» a los perpetrados por la
última dictadura militar en la década del ’70.
En efecto, López Rega fue detenido y acusado de ser el organizador
y jefe de una asociación ilícita.
El 18 de setiembre de 1975, declaró en la causa el ex jefe
de prensa de Bienestar Social, Salvador Paino y dio un extenso detalle
sobre la fundación de la Triple A.
Según Paino, en octubre de 1973 López Rega «le
expresó que debía organizar a todo el personal de la
custodia para crear un dispositivo de seguridad eficaz por sistema
de células para que un determinado grupo no supiera lo que
iba a hacer el otro».
El ahora detenido ex comisario Rodolfo Eduardo Almirón fue
denunciado desde el inicio de la causa como «muy cercano»
a López Rega, quien lo llevó a trabajar al Gobierno
pese a que había sido apartado de las filas de la Policía
Federal, recordó el juez.
Esto ocurrió en octubre de 1973 junto a otros oficiales de
esa fuerza e incluso Almirón partió luego hacia Europa
junto a López Rega, designado Embajador ocho meses antes del
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Oyarbide recordó que cuando fue solicitada la captura de Almirón
el 23 de enero de 1984, la Justicia lo identificó bajo el nombre
de Luis, lo cual derivó en la falta de constancias de ese pedido
en Interpol.
La Alianza Anticomunista Argentina o Triple A fue un escuadrón
de la muerte creado para liquidar opositores, al que se atribuyen
centenares de asesinatos. Con esta organización, comenzó
en Argentina el terrorismo de Estado que desde 1976 desplegaría
la dictadura militar.
La Triple A nació en los años 70 al calor de la lucha
interna del peronismo, entre los sectores de izquierda, esencialmente
juveniles y en auge; y de derecha, agrupados en torno de los sindicatos
y del ministro de Bienestar Social, José López Rega.
López Rega, un ex cabo policial que fue secretario privado
del general Juan Perón en el exilio en Madrid, se convirtió,
al regresar en 1973 el peronismo al poder, en influyente miembro de
los gobiernos de Héctor Cámpora y del propio Perón,
y en el hombre fuerte del de Isabel Perón.
El «Brujo», como también lo llamaban por sus actividades
esotéricas, formó la Triple A cuando los Montoneros,
ala militarizada de la Juventud Peronista (JP), acribillaron al jefe
sindical José Rucci.
La organización alistó al luego jefe policial Alberto
Villar y a una tropa de policías, militares, sindicalistas
y políticos, y tenía una revista, El Caudillo, financiada
por Bienestar Social.
En aquel breve y violento lapso democrático entre las dos últimas
dictaduras en Argentina, del 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de
1976, hubo alrededor de 600 ejecuciones sumarias y unas 500 desapariciones
de personas por causas políticas, según el informe Nunca
Más, actualizado en 2006, por el gobierno.
Pero los organismos de derechos humanos agrupados bajo el lema «Justicia
Ya» afirman que esas estadísticas sólo reflejan
los casos en que se presentaron pedidos de reparación económica,
y que el total es de 900 desapariciones y 1.500 asesinatos.
El caudaloso desvío de fondos
López
Rega utilizaba todos los recursos a su alcance del ministerio de Bienestar
Social para financiar a la Triple A.
Buenos Aires > José López Rega
y Alberto Villar, organizaron la Triple A durante el gobierno interino
de Raúl Lastiri, en 1973. Aprovechando que se encontraba al
frente de un ministerio, López Rega desviaba fondos para financiar
la organización y el armamento del grupo paramilitar.
El primer atentado registrado de la Triple A tuvo lugar el 21 de noviembre
de 1973, cuando —como represalia por el asesinato del sindicalista
conservador José Ignacio Rucci a manos de los Montoneros un
mes antes— colocó una bomba en el automóvil del
senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. El artefacto explotó
y mutiló al senador, pero no logró matarlo; dos años
más tarde repetirían infructuosamente el intento.
Durante los dos años siguientes, la Triple A llevó a
cabo múltiples atentados, incluyendo algunos contra figuras
gubernamentales, judiciales y policiales consideradas permisivas o
afines a las organizaciones armadas.
Masonería
López Rega era miembro de la logia masónica Propaganda
Due, dirigida por Licio Gelli, la cual trabajó en la Operación
Gladio.
El general Jorge Rafael Videla, que derrocaría a Martínez
de Perón poco después de la caída en desgracia
y exilio de López Rega, era un simpatizante de la organización.
Ahora está con prisión domiciliaria por apropiación
de bebés.
El hombre que lo manejaba todo
Buenos
Aires > Con el objetivo de explicar el proceso que convirtió
a un policía sin demasiado talento en ministro de cuatro presidentes
argentinos, el periodista Juan Gasparini inició una miniciosa
investigación que recrea en «La fuga del brujo»,
biografía que describe la trayectoria política y delictiva
de José López Rega.
Hasta la coyuntura política lo empujó a pasar a la clandestinidad,
en 1975, López Rega manejó silenciosamente los destinos
de la Argentina desde su doble perspectiva de secretario privado de
Juan Domingo Perón -y de su esposa Isabel- y mentor de la Triple
A.
En los once años que median luego desde su huida hasta su detención,
el Brujo logró vivir fuera de la Argentina con su joven amante,
rodeado de lujos, amparado por servicios de inteligencia, personajes
influyentes y la complicidad de la justicia argentina.
«La fuga del Brujo», recién editada por Grupo Editorial
Norma, es la narración del periplo delictivo que López
Rega realizó durante ese tiempo por Espana, Suiza y el Caribe
hasta que, al intentar renovar su pasaporte en los Estados Unidos,
fue detenido y extraditado a la Argentina en 1986, donde murió
en reclusión -solo y enfermo- tres años más tarde.
«Gran parte del material que indujo el libro surgió de
lo que encontré en 2002 cuando Suiza decidió abrir los
archivos sobre López Rega, un conjunto de documentos que se
podrían englobar en lo que llamaría ‘la letra
chica de la corrupción y el crimen’», destacó
Gasparini.
«Todos sabíamos que López Rega tenía una
responsabilidad política en hechos criminales y corruptos,
pero no sabíamos cómo había hecho para esconder
el dinero, para fraguar su identidad o para engañar a las autoridades
de un país», detalló.
La obra describe cómo el «Brujo» organizó
su vida clandestina en el exilio, a la vez que detalla los pormenores
de su captura, el procedimiento de extradición, los conflictivos
lazos con su hija, Norma Beatriz -que acude a socorrerlo- y evoca
su obsesiva relación con Perón y con su tercera esposa.
«López Rega era un hombre que huía de su pasado:
se pasó siete años escondido en Suiza hasta que, sorprendido
por un fotógrafo de la agencia EFE y descubierta su falsa identidad,
en noviembre de 1982 se vio obligado a continuar su fuga por las Bahamas
-donde tenía un apartamento- y Estados Unidos», describió
Gasparini.
«No hay una política judicial»
El abogado
Carlos Slepoy cuestionó la falta de coordinación
para extraditar a Isabel Perón.
Buenos Aires (Corresponsalía) > El abogado
Carlos Slepoy, quien tiene a su cargo en España la acusación
popular en las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la dictadura militar argentina, salió al cruce de los
cuestionamientos realizados por sectores de la Justicia y de la oposición
política a los pedidos de captura internacional contra la ex
presidenta María Estela Martínez de Perón, por
su responsabilidad en el accionar de la Triple A en los años
previos al golpe de Estado de 1976.
Slepoy está convencido de que esas críticas están
movidas por la mezquindad personal y el temor al alcance que pueda
tener la investigación sobre el rol de ciertos sectores de
la sociedad civil con aquellos delitos, y advierte que “ya nadie
debería osar opinar que perseguir estos crímenes es
improcedente”.
Este abogado que reside en Madrid desde 1977, cuando fue expulsado
de la Argentina tras integrar durante un año y medio la lista
de detenidos-desaparecidos, habla con la autoridad que le concede
haber sido él mismo una víctima del accionar de los
grupos que actuaron antes del Golpe. Su detención se produjo
en las semanas previas al 24 de marzo de 1976, cuando acababa de recibir
su título en la Universidad de Buenos Aires y mezclaba su militancia
en el PRT con la asesoría legal a los sindicatos.
¿Por qué cree que la oposición cuestionó
los pedidos de captura contra Isabelita?
Yo creo que las personas que se oponen a esta acción tan importante
para el futuro de la Argentina se califican por si mismas. Y me parece
que las impulsan dos grandes motivos: la mezquindad personal, que
les hace sentir que esto se identifica con el Gobierno de Kirchner
y, como suponen que la acción tiene el beneplácito de
la sociedad la rechazan porque tienen mirada corta, y en otros casos
el temor. Hay políticos y empresarios que deben tener preocupación
por el alcance que pudiera tener la investigación. Después
están los juristas que están opinando, como Strassera
y Ricardo Gil Lavedra, y eso me produce mas dolor, me parece mas grave
porque no ven la trascendencia que esto tiene, no tienen conciencia
de que lo único que vulnera el estado de derecho es la institucionalización
de la injusticia. Hemos vivido muchos años así y los
juristas honestos deberían ser los primeros en apoyar.
¿Puede haber temor a indagar sobre la complicidad
y la responsabilidad civil en estos crímenes?
El proceso que se esta viviendo en la Argentina es muy singular. Primero
revertir el proceso de impunidad cuando parecía que estaba
sellado con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Por otra
parte la profundidad con que se están llevando a cabo las cosas.
Estoy convencido de que se cerrará el círculo cuando
los responsables civiles también respondan ante la justicia.
En el caso de la Triple A e Isabelita: Si se organizó todo
esto desde los aparatos del Estado ¿cómo no se va a
poder juzgar? Se corre el riesgo de que proliferen este tipo de opiniones
y ya nadie debería osar opinar que perseguir estos crímenes
es improcedente.
Strassera cuestionó básicamente la causa que
lleva el juez de Mendoza y se aferra a que el decreto que firmó
Isabelita no ordena aniquilar a la subversión sino el “accionar
de la subversión”.
Es una opinión, pero en todo caso la responsabilidad de Isabel
Perón en las Fuerzas Armadas es tan evidente como que ella
era comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas, convalidó con
su firma el Operativo Independencia, las FFAA detenían a quienes
querían en las calles. No se puede decir que ella no tenía
responsabilidad.
¿Qué repercusión tuvieron en España
los pedidos de captura?
En España hay mucha sensibilidad sobre el tema, por
lo tanto acá se conoce mucho el problema, hay una sensibilidad
natural. Lo que no se explicaban era la falta de coordinación
de la Justicia Argentina con esto de tramitar dos extradiciones al
mismo tiempo.
¿Y qué les dijo?
Que hay problemas muy serios. Destacamos los avances pero
hay problemas y muchas limitaciones, no termina de haber una política
clara por parte del Gobierno, no hay una política judicial
para juzgar este tema. Esto que causa extrañeza es la manifestación
de una de las grandes limitaciones que va a tener el proceso si no
se unifican las causas. Yo creo que a partir del reconocimiento de
que en la Argentina hubo un genocidio tiene que existir un gran Tribunal
que tenga sus subsidiarios pero que actúe unificado, de modo
que los jueces puedan ver globalmente los casos, que no estudien a
un solo represor sino al represor en el contexto de un plan sistemático
y que los testigos no tengan que ir a declarar una y otra vez. El
otro problema grave es el tema inconcebible de la prisión privilegiada
de la que gozan los represores, esto refleja una especie de impunidad
más sutil. Ricardo Cavallo es probable que sea extraditado
para ser juzgado en Argentina. ¿Qué va a hacer la Justicia
una vez que lo tenga allí? Después de estar seis años
detenido en México, en España, ¿le va a dar una
prisión de privilegio?
Confía en que tarde o temprano Isabelita será
extraditada?
Creo que si. El proceso va a ser largo pero depende de la
celeridad que le quiera dar el tribunal o el propio Estado argentino
que puede presentarse como querellante, los artilugios de la defensa
para dilatar el proceso y la actitud de la propia Sala Penal española
para darle celeridad al tema. Creo que cuando ambos pedidos estén
en esa instancia lo más razonable es que se los unifique.
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