Por LAURA E. ROTUNDO
Para Badeni, el abogado constitucionalista la inseguridad
jurídica en Argentina se ha incrementado sensiblemente en el
curso de los últimos años.
El desgaste de las instituciones y el descreimiento hacia ellas por
parte de la sociedad son temas de habitual debate desde hace cinco
años al día de hoy.
Gregorio Badeni es un reconocido abogado constitucionalista de la
República Argentina y en diálogo con La Mañana
de Neuquén, detalló cuál es su visión
sobre el actual accionar del Poder Judicial y cuáles son las
falencias más urgentes de revertir.
¿Cómo observa a la Justicia en la actualidad?
Considero que el Poder Judicial Nacional, si bien ha sufrido un poco
el deterioro que ha sido común para todas las instituciones
gubernamentales en el curso de los últimos cuatro o cinco años,
todavía tiene una solidez más que suficiente como para
garantizar a los ciudadanos la preservación de sus derechos
y de sus libertades.
Si se llegara a proyectar una reforma estructural y profunda
en la Justicia, ¿cuáles serían sus prioridades?
Hay varios cambios que deberían hacerse en el Poder Judicial,
algunos ya de larga data. Por de pronto, habría que mejorar
sustancialmente su infraestructura y las remuneraciones que perciben
los jueces, ya que -muchas veces- éstas no guardan relación
con la importancia de la función que se le asigna a los magistrados
judiciales y en cuyas manos, en definitiva, está la suerte
de nuestra libertad ambulatoria, de nuestros bienes y de nuestros
valores.
Pero al margen de la necesidad de fortalecer la infraestructura y
la parte remunerativa, también se imponen otras reformas como
la de la Ley del Consejo de la Magistratura, que si bien ha sido modificada
hace poco tiempo atrás, presenta el gran defecto de otorgarle
a la clase política una injerencia mayor a la que pretende
la Constitución, en la administración del Poder Judicial.
Así hemos advertido en el curso de los últimos 15 y
hasta 20 años, la gran cantidad de pedidos de juicios políticos
que ante el Consejo de la Magistratura se presentan contra los magistrados
judiciales y a los cuales, a casi todos ellos, se les da impulso y
trámite, sin que ello desemboque necesariamente en la remoción
del juez cuestionado.
El hecho de que un juez sepa que se está sustanciando un pre-proceso
político contra él genera un estado de perturbación
que puede -en muchos casos- diluir la vocación y el entusiasmo
con que los jueces abordan sus funciones y que a veces acarrea la
renuncia, por cansancio moral, de muchos profesionales altamente capacitados
para desempeñar sus labor y que lamentablemente no pueden ser
reemplazados de un día para el otro con personas que tengan
la misma idoneidad.
Yo considero que todos tienen derecho a formular denuncias contra
los jueces, pero el Consejo de la Magistratuta tendría que
ser muy estricto sobre a cuáles acusaciones se les da curso
y a cuáles no, porque en repetidas oportunidades esas imputaciones
son presentadas por litigantes o por abogados que están disconformes
por una sentencia dictada por un juez... y los jueces no pueden ser
removidos de sus cargos por el contenido de una sentencia, salvo que
se acredite que con ellas han intentado o han cometido algún
hecho delictivo.
¿Cree que al no existir actualmente una oposición
sólida y definida al Gobierno, esto influye en que de algún
modo el oficialismo no se exija tanto en impulsar las reformas que
la Justicia necesita?
No, no creo que esto dependa de la existencia de una oposición
más fuerte porque lamentablemente estas falencias que presenta
el Poder Judicial son de lejana data, no son nuevas. Sí se
están incrementando en los últimos años.
Lo que sí se necesita es tener mucha decisión y vocación
política para mejorar el Poder Judicial y si existen estas
dos cualidades, seguramente las fuerzas de oposición van a
estar totalmente de acuerdo porque nadie quiere tener una Justicia
endeble o carente de independencia.
Por eso, otro de los graves problemas que advertimos hoy en día
es la indefinición por parte del Gobierno en la cobertura de
gran cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial. Se ha caído
en una solución, a mi modo de ver, manifiestamente inconstitucional
que es la de designar jueces subrrogantes, a secretarios del Poder
Judicial que en realidad no reúnen las condiciones para ser
jueces porque no han sido nombrados por el Presidente con acuerdo
del Senado y ni siquiera por el Presidente en Comisión.
Otro tanto acontece con las vacantes que hay en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
El Poder Ejecutivo dicta un decreto, diciendo que dentro de un lapso
muy breve de producida una vacante, se debía iniciar el mecanismo
para su reemplazo.
Pero en este momento hay dos vacantes en la Corte y ya desde hace
varios meses que no se cubren, lo cual impone una solución
inmediata que puede consistir en reducir en número de jueces
que la integran a siete miembros o en proceder a la urgente elección
de los dos nuevos componentes.
Hay que tener en cuenta que la Corte, en todas las sentencias que
dicta, debe tener una mayoría de cinco votos y siendo siete
en lugar de nueve, a veces esto se vuelve muy difícil de conseguir.
Esto no hace otra cosa que dilatar la tramitación de las causas.
Algunos juzgan de un tanto «kirchnerista» la
renovación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cómo
observa los cambios?
Por supuesto que la Corte en su composición anterior era evidente
que tenía una postura muy independiente frente al Poder Ejecutivo
Nacional. En su nueva formación, esa independencia no es tan
intensa pero eso de ninguna manera significa que todos los actuales
componentes respondan a las inquietudes políticas del Poder
Ejecutivo.
Es muy posible que algunos de las jueces de la Corte tengan cierta
afinidad política con el Presidente de la República
Argentina pero no se advierten señales de presión del
Poder Ejecutivo para que fallen conforme a sus intereses políticos,
sociales o económicos.
Dejando de lado el tema del Poder Judicial y del Ejecutivo, ¿cómo
observa la inseguridad?, ¿cree que es un poco cierto -en este
tema puntual- que vivimos en una «anarquía»?
Desafortunadamente, la inseguridad jurídica en Argentina se
ha incrementado sensiblemente en el curso de los últimos años.
Esa inseguridad jurídica que obedece, tanto a factores sociales
como a factores políticos, determina hoy día que los
derechos de las personas y la vida de los ciudadanos no cuenten con
el resguardo preventivo suficiente como para evitar lesiones a ellos.
Nada tiene que ver sobre el particular, el Poder Judicial que interviene
una vez producido el daño.
La prevención de esta situación de inseguridad está
a cargo del Poder Ejecutivo, no solamente para acudir a la represión,
porque éste es el último recurso al cual se debe recurrir
cuando se produce una situación de inseguridad, sino tratar
de desarrollar una política preventiva para reducir y, si es
posible, para erradicar los focos de violencia a los cuales está
expuesta actualmente la sociedad.
¿Cuál es su expectativa respecto de revertir
esta situación que describía al principio del reportaje,
en referencia a las falencias que presenta la Justicia?
A corto plazo, mi visión es pesimista. Esto no es de carácter
subjetivo, sino objetivo porque advierto que no adoptan medidas concretas
destinadas a vigorizar la Justicia.
Esto puede conducir -a mediano plazo- a la desarticulación
del Poder Judicial, como ha acontecido en gran medida con el Congreso
de la Nación.
Y si esto sucediera, ¿cuál sería el
mayor riesgo?
Que si desaparece completamente el Poder Judicial, habrá una
absoluta concentración del poder y en ese caso el ciudadano
estará dispuesto a la ley del más fuerte y no a la ley,
escrita desde el papel.
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