“Está ausente la voluntad política para defender intereses de los consumidores”

 
 
«En muchas oportunidades y en conversaciones con funcionarios de gobierno se niega que haya deficiencias en la aplicación de
las normas o se atribuyen a
déficits presupuestarios o
falta de personal».
Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Unión y Consumidores (Deuco), se refirió a la situación de indefensión que atraviesa la sociedad argentina.

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Por Laura E. Rotundo

El aumento de precios y la escalada de la inflación preocupa considerablemente a la sociedad, que -a pesar de los acuerdos del Gobierno con algunos sectores del mercado- no ve reflejado este impacto firmemente, en productos de primera necesidad. En diálogo con La Mañana de Neuquén, Pedro Bussetti -Presidente de Defensa de Unión y Consumidores (Deuco)- detalló las problemáticas diarias que acarrea el incremento del costo de vida para todos los argentinos.

¿Cómo describiría la situación de los usuarios y consumidores de
nuestro país, al día de hoy?

Desde el comienzo y hasta la finalización del día somos protagonistas de una acción de consumo: viajar en tren u ómnibus, adquirir el diario, alimentos, medicamentos, vestimenta, utilizar servicios públicos, etcétera. Por ello, puede afirmarse que las relaciones de consumo predominan en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos.
Contemplando la trascendencia de la problemática en nuestro país los derechos de los usuarios y consumidores tienen rango constitucional por cuanto se encuentran contemplados en el artículo 42º de la máxima norma jurídica: la Constitución Nacional. Existen, además, una extensa cantidad de normas legales que protegen estos derechos, tales como la Ley de Defensa del Consumidor sancionada en 1994 y las de Defensa de la Competencia, de Lealtad Comercial, de Abastecimiento, etc.
A partir de la privatización de los servicios públicos se dispuso la sanción de Marcos Regulatorios para cada sector y la creación de Entes Reguladores a fin de amparar al usuario.
Sin embargo, la abundancia de normas existentes no garantiza efectivamente la debida protección de los derechos de los consumidores. El Estado -nacional, provincial y municipal- encargado de la aplicación de la normativa mencionada, no cumple acabadamente con esta misión y por ello los consumidores no cuentan hasta la fecha con la efectiva protección de sus derechos.
Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que todo ciudadano , en su carácter de usuario o consumidor, ha sido víctima de algún tipo de situación en su relación de consumo que lo ha perjudicado y por la cual no ha podido obtener respuesta satisfactoria a su justo reclamo.
Esta realidad, implica un desafío para las autoridades de gobierno que deberán readecuar sus conductas y sus estrategias para revertir esta situación.

¿Qué alternativas propondría al Gobierno, desde su entidad, para
revertir algunas de estas falencias?

En principio, debe existir un reconocimiento de la existencia de esta realidad que expresamos. En muchas oportunidades y en conversaciones con funcionarios de gobierno se niega que haya deficiencias en la aplicación de las normas o se atribuyen a déficits presupuestarios o falta de personal, cuando en realidad lo que está ausente es la voluntad política para afrontar esta tarea de defender los intereses de los consumidores.
En segundo lugar, el Estado debe propiciar la descentralización de los organismos y la participación activa de la ciudadanía a través de las organizaciones que representan a los consumidores. Se ha reclamado insistentemente la incorporación de comisiones de usuarios en los entes reguladores de los servicios públicos y solamente se ha logrado incorporarlas en algunos servicios públicos .

¿Tuvo la posibilidad de trabajar en alguna iniciativa conjunta con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación?
Las entidades defensoras de los consumidores con reconocimiento nacional realizan proyectos de trabajo en forma conjunta con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, que cuentan con financiamiento de ésta. Pero el magro presupuesto con que cuenta la Subsecretaría, impide el desarrollo de más proyectos de este tipo que sin duda serían beneficiosos.

¿El argentino es de “reclamar” asiduamente, sin conocer
plenamente sus derechos?

Desde la sanción de la reforma de la Constitución Nacional y la de la Ley de Defensa del Consumidor se viene produciendo un mayor desarrollo en la conciencia del ciudadano acerca de su rol como usuario y consumidor. A ello, contribuye también la labor de los medios de comunicación que reflejan periódicamente situaciones de conflicto entre consumidores y proveedores y realizan una tarea de suma importancia en lo atinente a la educación al consumidor.

¿Cuál es la queja que más se repite desde DEUCO hacia los empresarios
y a los políticos?

La explosión del mercado de las telecomunicaciones móviles en los últimos años -en la actualidad hay casi 20 millones de usuarios de teléfonos celulares- , implica un aumento equivalente del número de reclamos y quejas sobre la prestación del servicio, abarcando prácticamente todas las provincias y regiones del país.
Del mismo modo, aunque en menor medida, se reproducen los reclamos contra las empresas de servicios públicos, la medicina prepaga, las empresas de electrodomésticos, las tarjetas de crédito bancarias o comerciales, etc. Producto de la falta de controles los usuarios de estos servicios son víctimas cotidianas de múltiples situaciones que los aquejan.
También aparecen nuevas problemáticas que las organizaciones de consumidores deben atender. En el transcurso de este año, DEUCO ha debido encarar la defensa de los derechos de los contribuyentes municipales, debido a que en el ámbito del conurbano bonaerense distintos municipios aumentaron las tasas por alumbrado, barrido y limpieza ( hoy denominados Servicios Generales o nombres equivalentes ) en porcentajes que en algunos casos alcanzaban un 600% de incremento.

¿Qué argumento se oye más frecuentemente por parte de las empresas, a la hora de explicar porqué se producen aumentos tan asiduamente?
La declaración de la Emergencia Económica producida en enero de 2002 produjo entre otros efectos la devaluación del peso. Como consecuencia de ello, el valor del dólar que era de un peso hasta finales de 2001, alcanzó en junio de 2002 una cotización que trepó a los 3,80. La devaluación produjo un equivalente aumento de los precios generales de la economía y el consiguiente aumento del costo de vida.
A pesar de la reducción del valor de la moneda estadounidense que se produjo posteriormente (hoy alcanza los 3,05) los precios no disminuyeron; por el contrario... los índices inflacionarios se mantienen constantes a tal punto que el gobierno ha encarado una campaña destinada a lograr inflación cero.
Entre las razones que pueden justificar la firmeza de los precios y la resistencia a la baja, pueden mencionarse la fuerte concentración de la actividad productiva en nuestro país que genera situaciones de monopolio y oligopolio en distintos mercados por lo que se imponen precios relativos relacionados más estrechamente con esa situación descripta que con su estructura de costos.
Los mercados del gas, petróleo, acero, aluminio, envases, vidrio y alimentos -entre otros- son de carácter oligopólico; se verifica aquí la situación de predominio o de posición dominante de pocas empresas que les permite a éstas la aplicación de precios no competitivos.

En relación a los salarios ¿cree que podría llegar a producirse un pico inflacionario más importante o -como juzgan desde algunos sectores- cree que es una excusa para no incrementarlos?
Como se dijo, la devaluación de la moneda nacional produjo un incremento generalizado de los precios de bienes y servicios que derivó en índices de inflación que hasta el año 2005 superaron el 70 por ciento. Ello tuvo consecuencias en el crecimiento de la pobreza e indigencia a niveles superiores a los de la crisis del año 1989 ( año de los saqueos a comercios ) producto del desequilibrio entre los ingresos congelados y el gasto de millones de hogares argentinos.
La recomposición salarial no acompañó el ritmo del aumento de los precios, por el contrario se mantuvo retrasada hasta finales de 2004 donde se produjeron aumentos salariales en algunos sectores laborales. Por lo tanto, se impone un reajuste de los salarios e ingresos equivalentes al aumento del costo de vida producido en ese período. Como ello no aconteció persiste la brecha, cada vez más agudizada, entre los sectores ricos respecto a los más pobres.

¿Qué crítica le haría al sistema tributario de nuestro país?
Ha sido reconocido por la mayoría de los especialistas que el sistema tributario es altamente regresivo por cuanto la mayor parte de la recaudación se basa en los impuestos al consumo. Ello deriva en una situación de inequidad por cuanto los más pobres tributan gran parte de sus ingresos en impuestos a la compra de alimentos, por ejemplo.
Para revertir, de algún modo esta situación, desde DEUCO hemos solicitado en reiteradas oportunidades la eliminación del IVA a los alimentos que integran la Canasta Básica Alimentaria, sin resultado positivo.
Asimismo propiciamos la eliminación de la elevada carga impositiva que se ha impuesto en los servicios públicos de todo el país, que castiga también a los sectores más débiles .

¿Cuáles son los datos que destacaría sobre los informes realizados recientemente por DEUCO, en relación al precio de las carnes y los medicamentos?
La Secretaría de Comercio de la Nación ha dispuesto una Lista de Precios Máximos para la venta al público de carne vacuna de las distintas categorías. Al efecto de comprobar el cumplimiento de la medida, DEUCO realizó una encuesta en 6 de las principales cadenas de supermercados del país, mediante la cual se verificó que se está cumpliendo la disposición oficial y en algunos cortes de carne vacuna se ofrecen precios inferiores.
Sin embargo, en las carnicerías encuestadas se observó que solamente el 20 por ciento cumple acabadamente la resolución y el resto lo hace parcialmente.
Respecto a los medicamentos, Deuco realizó una encuesta de precios de las especialidades medicinales que abarcó el período comprendido entre el 1º de marzo y el 19 de mayo de 2006. En ella, se comprobó que 2.800 medicamentos aumentaron en promedio entre un 3 y un 5 por ciento, pero también se registraron alzas que alcanzaron porcentajes de entre un 15 y hasta un 50 por ciento.
El gobierno nacional ha firmado recientemente un Acuerdo de Precios con droguerías y distribuidoras farmacéuticas para lograr la estabilidad de precios hasta el 31 de diciembre de 2006. Lamentablemente, los aumentos que se registraron con anterioridad afectan a los consumidores y debiera exigirse a la industria farmacéutica -que es la formadora de precios y no ha firmado el Acuerdo- que retrotraiga los precios al mes de febrero del corriente año.
Por último, me gustaría destacar que me resulta muy difícil mencionar algún sector del mercado que funcione correctamente y que cumple adecuadamente con las normas que protegen a los consumidores o que ante las quejas de éstos atienden satisfactoriamente sus reclamos, hoy por hoy.
Algunas empresas -no superan el medio centenar- habilitaron un 0800 para atender los reclamos de los consumidores y dan satisfacción a esta demanda, mas la escasa proporción de las mismas respecto al universo total de empresas nos obliga a considerarlas como la excepción de la regla.

 

 


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