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Por LAURA E. ROTUNDO
“Es necesario un modelo que recuerde que la desigualdad tiene
que ver con la injusticia y que ésta no debe ser aceptada”,
asegura Daniel Pinkasz, licenciado en Educación.
En este reportaje, el magister en Ciencias Sociales -egresado de Flacso-
plantea además que la educación argentina tiene instituciones,
sectores y circuitos de calidad que coexisten con otros de muy baja
aptitud.
A grandes rasgos, ¿cómo describe usted el actual
panorama educativo de la República Argentina?
Ante todo, es necesario hacer una aclaración importante: el
nuestro es un sistema fragmentado y el hecho mismo de que sea fragmentado
es un obstáculo para dar una “visión panorámica”.
Me voy a referir a la situación de la educación básica
y la educación media, que son los niveles en los que me puedo
detener con más propiedad.
Existen lógicas de funcionamiento y de articulación
diferentes según las provincias y, en muchas de ellas, las
diferencias se multiplican según las localidades. Existen diferencias
por sectores sociales y por niveles de inclusión social de
las familias.
El retiro del Estado ha dado lugar a que las comunidades escolares
tengan mayor peso en la definición de los rumbos escolares
pero, como la sociedad se ha fragmentado también, esta situación
contribuye a generar servicios educativos de distinta naturaleza y
calidad, y con significados diferentes para los alumnos y sus familias.
Si bien no deberíamos idealizar una escuela del pasado que
nunca tuvimos, podemos decir que esa escuela proporcionaba una experiencia
escolar homogénea y que esto contribuyó a la cohesión
de la sociedad argentina. Con esto quiero decir que un panorama debe
tener conciencia de la complejidad de la situación actual y
al mismo tiempo anticipar que necesariamente va a ser parcial.
El Nivel Inicial es un nivel en expansión, que alcanza importantes
niveles de cobertura en centros urbanos y bajos niveles en regiones
rurales. En los centros urbanos, la oferta privada cubre el porcentaje
mayor de la demanda y en el resto del país hay mayor proporción
de servicios públicos. La obligatoriedad de la sala de cinco
años es todavía un objetivo a cumplir en algunas regiones
y es necesario el incremento de la cobertura de la sala de cuatro
años.
La educación básica entre los 6 y los 12 ó 13
años ha incorporado a casi la totalidad de la población
en edad escolar y su funcionamiento ha sido lo suficientemente flexible
para asimilar los enormes cambios sociales de la Argentina en las
últimas dos décadas.
¿Y cuál es su opinión sobre esto?
Considero que la flexibilidad ha estado de parte de los actores (docente,
directivos, supervisores) pero no se ha plasmado en cambios en las
estructuras (modos de funcionamiento institucional, normativas). Esto
tiene también costos, como el debilitamiento del tejido normativo
dentro de las instituciones y en el sistema, deterioro de la calidad
de la enseñanza en algunos casos y de la confianza entre los
actores: los maestros frente a los directores, los docentes frente
a las autoridades, los padres hacia la escuela, etc.
La escuela secundaria aumentó su cobertura en los últimos
años a partir de la extensión de la obligatoriedad pero,
al mismo tiempo, es evidente que persisten muchos de los problemas
históricos del nivel. Hay más jóvenes en las
escuelas secundarias y durante más años de escolaridad,
pero persisten el abandono o la expulsión, la repitencia y
hay una distancia cada vez mayor entre la cultura juvenil y la cultura
escolar (me refiero a lo que la escuela piensa que está bien
y mal, sus representaciones acerca del “buen” o “mal”
alumno o sobre la familia “bien constituida”, sus ideas
sobre normalidad, etc.), que genera obstáculos importantes
para las relaciones dentro del aula, así como para la función
de la enseñanza. En este sentido, es mucho lo que la escuela
secundaria tiene por hacer.
¿A qué motivos atribuiría el desgaste
del sistema educativo?
Prefiero hablar de insuficiencias en lugar de errores. El tratamiento
de la desigualdad, que no es un problema de la escuela solamente sino
de la sociedad argentina, tiene que ser abordado de nuevas maneras.
En primer lugar, es necesario un modelo que recuerde que la desigualdad
tiene que ver con la injusticia y que ésta no debe ser aceptada.
Que frene a la fragmentación social, a las nuevas desigualdades
de género, geográficas, de acceso a prestaciones sociales,
a servicios públicos, necesitamos una escuela que no profundice
estas desigualdades y que le enseñe a la sociedad argentina
que las desigualdades no son naturales. Además, es imperioso
modificar un esquema de escuelas para pobres y escuelas para no pobres.
En este sentido, es importante recuperar el horizonte de la igualdad
y concebir una política de sistema y no focalizada que fortalezca
las escuelas de todos los niveles que concentren alumnos en situación
de pobreza. Finalmente, es importante modificar el modelo escolar
de pensar la igualdad. Este modelo ha sido el de proporcionar una
oferta uniforme que igualara las diferencias. Actualmente, la equivalencia
entre igualdad y homogeneidad ya no parece ser adecuada y necesitamos
un modelo de igualdad que no excluya la diferencia.
Pensando específicamente en los niveles educativos, la escuela
secundaria sigue basada en un modelo escolar elitista. En ese modelo,
la selección era una de las funciones principales del colegio
y la responsabilidad por el fracaso recaía exclusivamente en
el alumno. Como herencia de este modelo, a la escuela secundaria le
resulta difícil preguntarse qué es lo que ella puede
hacer para que los alumnos aprendan más y mejor y no interrumpan
sus estudios. Al mismo tiempo, existen problemas nuevos que la escuela
tiene dificultades para encarar.
Estos problemas, en parte, se derivan del hecho de que nuevas poblaciones
acceden al nivel con prácticas culturales y posiciones antagónicas
frente a la cultura legítima que la escuela y los profesores
no están preparados para afrontar en forma sistemática.
En este punto es importante tener en presente que los estudiantes
siempre cuestionaron la enseñanza, que la rebeldía estudiantil
forma parte del “oficio” de ser alumno y que este cuestionamiento
es parte necesaria del proceso de transmisión. Pero junto con
este reconocimiento ocurre que las formas actuales que tienen los
jóvenes de expresar esta disidencia son desconocidas para los
adultos. En este escenario no es fácil distinguir entre la
disidencia juvenil, las posiciones francamente contraculturales o
las prácticas originadas en la ruptura de la unidad cultural
que la sociedad argentina había construido y que las transformaciones
de las últimas décadas disolvieron progresivamente.
También hay problemas que podríamos denominar invisibles
para la agenda pública: las escuelas de adultos, que alojan
en su mayoría a jóvenes expulsados de la escuela secundaria
y que no tienen una oferta adecuada para la situación y las
necesidades de su población. En esos establecimientos se encuentran
numerosos jóvenes que luchan, por así decirlo, por su
escolarización, que han sido desalojados de la “escuela
común” porque sus trayectorias vitales no se corresponden
con las trayectorias escolares ideales. Como decíamos antes,
a nuestra escuela le resulta difícil pensar esto como diferencia
y que no todas las trayectorias de los alumnos tienen que ser iguales.
A ellos el sistema debería darles una opción, flexible
y a la vez jerarquizada y de calidad óptima. Son personas entre
20 y 35 años en plena vida activa, que están allí
por factores sociales y por la inadecuación del modelo escolar
a la que antes me refería.
En este sentido, ¿cree que hay inconvenientes en modernización?
Sí... de modernización y de capacidad de gestión
del sistema. El sistema educativo es una maquinaria burocrática
y administrativa muy compleja en la que es dificultoso introducir
la renovación y el cambio. La descentralización y la
reforma educativa de los noventa pusieron de manifiesto las profundas
diferencias entre las capacidades de los aparatos burocráticos
provinciales. Esto pone en un primer plano la cuestión de la
gobernabilidad del sistema educativo. El gobierno de la educación
post descentralización se ha vuelto muy intrincado y es muy
compleja la posibilidad de construir sentidos convergentes y direcciones
definidas a los cambios, aunque esto no comprende solamente al sector
educativo.
¿Cree que la falta de capacitación docente
es una falencia fundamental?
Sin duda es un problema importante, pero no hablaría de “falta”
de capacitación docente. Durante los últimos diez años
se ha incrementado de forma exponencial la oferta de capacitación
pública y privada, y los docentes en número importante
han accedido a ella.
Se sabe hoy que las estrategias no han sido del todo adecuadas y probablemente
haya que revisar los modelos de capacitación del pasado y avanzar
en la construcción de nuevas formas.
Formas ligadas a las problemáticas singulares de cada escuela
y que, al mismo tiempo, permitan renovar los rasgos del modelo escolar,
las representaciones de los docentes sobre los alumnos y las familias,
etc. El papel pedagógico se ha vuelto más complejo y
la tarea docente no es exclusivamente la de “dar clase”.
Es importante proteger la función de transmisión específica
estableciendo roles que puedan ser atendidos por profesionales docentes
especialmente formados para esto: tutorías, asesorías
pedagógicas, orientadores. Para esto es importante revisar
la carrera docente abriendo la posibilidad de especializarse en éstas
y otras funciones con diferentes opciones para la promoción,
concursos u otras formas de probar idoneidad.
¿Considera que la Ley Federal de Educación
tiene mucho que ver en los problemas que enumeró?
La ley tiene aspectos que pueden mejorarse. De hecho, la Ley de Educación
Técnica o el proyecto de ley de financiamiento educativo van
en esa dirección. En el caso de la educación técnica,
reforzando un aspecto no contemplado adecuadamente en la Ley Federal
y, en el otro, proponiendo mecanismos concretos de asignación
de recursos, un aspecto que falló en la implementación
del capítulo de financiamiento.
A mi modo e ver, la cuestión es la capacidad de los actores
públicos para llevar los consensos sociales a la práctica
y la gobernabilidad del sistema a la que antes me refería.
Es un hecho que los actores públicos (partidos políticos,
instituciones de gobierno, gremios) tienen su legitimidad cuestionada
Entre una ley y su implementación hay mucho trecho para andar.
Y si la Ley Federal tiene que modificarse, es más importante
el proceso de construcción política por el cual se llegue
a determinar qué aspectos deben cambiarse y hacia dónde
deben dirigirse los cambios. Para esto, es importante contar con información
confiable, acumular conocimientos y debate informado y tener conciencia
de que las leyes no cambian la realidad por sí solas.
¿En qué plazo cree que podrán revertirse
los defectos mencionados?
La educación argentina tiene instituciones, sectores y circuitos
de calidad que coexisten con otros de muy baja calidad. Insisto en
que no suscribiría un diagnóstico global, entre otras
razones por el carácter fragmentado del sistema.
El problema es entonces incrementar la calidad y al mismo tiempo ofrecer
la misma calidad a todos los sectores de la sociedad. Esto es importante
porque nos da prioridades. En segundo lugar, es perfectamente posible
ofrecer un sistema de calidad en todos los niveles pero es muy difícil
calcular los plazos. Esto implica estudios de prospectiva que no son
mi especialidad.
Por otra parte, hay algunos cambios que no son educativos en sentido
estricto y que dependen de acuerdos sociales y políticos más
amplios, como por ejemplo una mejor distribución de los recursos
coparticipados en educación.
Algunos especialistas en educación sostienen que se
puede revertir el deterioro existente en el área sin grandes
recursos, ¿usted qué opina?
La casi totalidad de los recursos del presupuesto se destina a salarios
docentes y en la gestión del sistema, lo que se denomina gastos
corrientes. Hay otro porcentaje importante de recursos del presupuesto
social que se destina a comedores, becas y programas compensatorios.
Esto deja disponible pocos recursos para la innovación y para
los cambios estructurales. También es cierto que no todas las
dificultades se deben a falta de presupuesto y que los problemas de
gobernabilidad del sistema y de desactualización normativa
pueden licuar las inversiones en innovación. Pero hay algunos
nudos críticos que exigen incrementos presupuestarios importantes...
por ejemplo, la transformación del régimen de contratación
docente de horas cátedra a cargos (tema que no está
en la agenda en la actualidad) exigiría un incremento considerable
de los gastos corrientes.
La extensión de la jornada escolar, la renovación y
ampliación del parque edilicio, la introducción y el
mantenimiento de nuevas tecnologías a escala del sistema, la
renovación, creación y mantenimiento de bibliotecas,
mediotecas, centros de recursos pedagógicos para alumnos y
docentes ya sea por distrito escolar o por escuela, la recomposición
de los salarios docentes, todo esto exigen esfuerzos presupuestarios
importantes.
También existe un problema de distribución de recursos
entre las distintas provincias y con la nación; el gasto por
alumno es muy desparejo entre provincias, aún en proporción
con sus respectivos PBI y la capacidad innovadora está en el
Ministerio nacional dada su mayor disponibilidad de recursos ya sea
de origen fiscal o de préstamos internacionales. Algunos de
estos temas están contemplados en el debate que ha abierto
el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo. En síntesis,
se puede trabajar sobre lo que se denomina la eficiencia del gasto
y al mismo tiempo pensar cuáles son los puntos estratégicos
sobre los que tiene que operar un incremento del presupuesto.
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