Por Laura Rotundo
Tierras S.A. es el nombre del nuevo libro de Andrés Klipphan
y Daniel Enz, dos reconocidos periodistas argentinos que narran en
este trabajo las “crónicas de un país rematado”.
Un tema que genera polémica a nivel nacional, sobre el cual
rondan muchos proyectos inconclusos y muchas leyes que se violan.
En este interesante reportaje, un panorama que intenta responder una
difícil pregunta: ¿Quiénes son los verdaderos
dueños del territorio argentino?
¿Cómo y cuándo surgió la idea
de comenzar con este trabajo?
El libro nos demandó tres años de trabajo, básicamente
porque quisimos armar un texto federal y no que solamente se dedicara
al sur o al norte del país. Recorrimos todas las provincias
y empezamos a investigar los casos que existían, respecto de
los dueños de vastas extensiones de tierras.
Ambos trabajamos juntos en la investigación del libro “Don
Alfredo”, de Miguel Bonasso, que es la biografía no autorizada
de Alfredo Yabran. Mientras investigábamos ese caso, comenzaron
a aparecer propiedades del empresario y de otras personas, como políticos
de Entre Ríos, Santa Fe e inclusive de la Patagonia.
A partir de ahí, surgió la idea de contar “con
nombre y apellido” la historia de los dueños de nuestras
tierras... siempre haciendo de una salvedad: la de poder probar que
son propietarios del lugar al que nos referimos, ya que también
hay bastantes fantasías sobre quiénes son estos personajes,
que tal vez son ciertas, pero que sino está chequeada la información,
es complicado afirmarlo.
¿Sufrieron algún tipo de amenazas mientras
llevaban
adelante las investigaciones?
No, ninguna amenaza. Las trabas que nos encontramos tuvieron más
que ver con la poca predisposición de las autoridades a brindar
información sobre este tema y, muchas veces, los escasísimos
datos oficiales que existen... Personalmente, visitamos algunas oficinas,
además de mandar mails, llamar por teléfono y pedir
entrevistas, pero directamente no contestan.
Es un tema muy sensible y supongo que por eso no quieren ayudar con
los datos.
¿Por qué creen que no quieren dar información?
Después de haber hablado con algunos funcionarios que sí
nos ayudaron, como los del Instituto Geográfico Militar del
Ministerio del Interior, entendemos que es difícil hablar porque
primero, sería difícil para el resto de los organismos
reconocer que tienen desactualizado el registro sobre quiénes
son los dueños de las tierras de determinadas provincias.
En segundo lugar, obviamente esto no sale a la luz pública
del todo porque existen grandes extensiones que no se sabe precisamente
de quiénes son ya que están a nombre de Sociedades Anónimas
o de “sociedades fantasmas” o como dice Santiago Montoya
-el recaudador de la Provincia de Buenos Aires- de sociedades que
están radicadas en paraísos fiscales.
No hay interés en que esto se conozca, lo cual habla un poco
de la deficiencia de las autoridades en la obligación de tener
un buen registro que enumere quiénes son los dueños
de miles de hectáreas.
¿Cómo creés que debería actuar
el Estado para revertir esto?
El Estado en general -es decir, el nacional pero también el
de las distintas provincias- no tiene una política oficial
sobre las tierras. Se desentiende de esto... y seguramente este comportamiento
se debe a varias razones.
Igualmente, esta realidad no surgió ahora, sino que empezó
desde hace muchos años en la República Argentina. Me
parece que con las tierras, en lo único que se piensa es en
los negocios y no en las generaciones futuras.
¿Qué establece la poca legislación que
existe en torno a este tema?
La “poquísima” legislación vigente, en forma
tajante, no prohibe que extranjeros compren en zonas de frontera,
salvo que sean de países limítrofes, como Chile. A su
vez, si un extranjero de otro país, tiene la potestad de hacer
un pedido especial al Ministerio del Interior y que éste los
autorice a comprar en zonas de seguridad.
Es una política que está tratando de cambiarse de a
poco. Hace dos años hubo 29 solicitudes de compra de tierras
en zonas de seguridad de frontera que fueron finalmente autorizados.
En el último año sólo hubo tres, pero se dio
el caso de Douglas Tompkins que ha adquirido grandísimas extensiones
de tierras en el sur argentino y también, en la misma línea
geográfica, en Chile y tiene comunicación propia, a
través de los pasos fronterizos... a Chile prácticamente
lo ha dividido en dos.
¿Difiere mucho la situación, según las
provincias?
En Río Negro, actualmente la situación está un
poquito más controlada, por impulso de algunos legisladores.
Claro que ya está prácticamente todo vendido, pero al
menos existe una fuerte campaña respecto del cuidado del ecosistema
y de la extracción de los metales de las minas.
Sin dudas, en esta parte del país se ha tomado un poco más
de conciencia si lo comparamos con Catamarca o San Juan, donde la
explotación de las mineras está causando verdaderos
desastres en las provincias, ya que se encuentran muy desprotegidas
a nivel legal.
Igualmente, se presentaron 30 proyectos de ley –sino son más-
entre el Congreso Nacional y las provincias y están directamente
cajoneados.
¿Qué porcentajes de tierras hay en manos de
extranjeros?
Según el último censo de la Federación Agraria
Argentina y que fueron corroborados con datos del INDEC y del Ministerio
del Interior, más del 10 por ciento de nuestro territorio está
en manos extranjeras, con nombre y apellido. Si sumamos las Sociedades
Anónimas, la cifra se duplica y hasta se triplica en algunas
provincias.
También podemos afirmar que hasta septiembre de 2006, el 40
por ciento de las tierras están en venta o en proceso de venta.
El 16 por ciento de las zonas más fértiles de nuestro
país está hipotecado en la banca oficial.
¿En cuanto a los valores, se fueron incrementando
en los últimos
años o “las regalan”?
El mayor problema que existe en Argentina es que hay extranjeros que
vienen con moneditas y se llevan porciones bellísimas de nuestro
país, como sucedió en Chaco y en Santiago del Estero
donde una hectárea cuesta lo que una hamburguesa en un Mc Donald
o en Corcovado (Chubut) lo que se paga una zapatilla de marca.
Nosotros no queremos demonizar al extranjero que viene y compra tierra.
Todo lo que denunciamos en el libro es legal porque lo permite la
legislación. Sí diferenciamos que, por ejemplo, la Familia
Benetton –que es el mayor terrateniente privado de nuestro país,
según el Ministerio del Interior- posee casi 900.000 hectáreas
y las hace productivas: tiene complejos agrícolas muy importantes
donde cría ganado vacuno, porcino y ovino en el Sur. En La
Pampa húmeda cultiva distintos tipos de cereales, lo cual le
deje una ganancia anual de más de 30 millones de dólares,
según el fisco bonaerense.
Hay otros como Tompkins, que no sabemos si tiene malas o buenas intenciones,
con el discurso de las áreas protegidas, prácticamente
destierra todo el vestigio de vida que hay en lo que compra... y hablamos
de animales y de personas que habitaban en donde ahora es de su propiedad.
Esto hace que las tierras sean infértiles y expulsa la mano
de obra de los alrededores.
Esto es un fenómeno que está ocurriendo y que está
afectando a varias zonas de Argentina, desvalorizando el costo de
nuestras tierras.
¿Cómo se ven afectadas las personas que habitan
en un lugar y que repentinamente es comprado por extranjeros?
Si nos referimos a las causas judiciales que están en trámite,
podemos decir que por ejemplo, donde Tompkins compró propiedades
en los Esteros del Iberá, había una escuela rural y
un grupo de personas que trabajaba desde hace años en esa zona,
en la que Pérez Compac les permitía desarrollarse. Todos
fueron finalmente desalojados.
Tuvimos acceso a documentación de una Subsecretaría
del Ministerio del Interior, que se dedica especialmente a este tema
y allí están radicadas las denuncias de los inconvenientes
que han vivido... pero esto no solamente sucede con los extranjeros
sino también con los argentinos que compran grandes extensiones.
¿Cuál fue el caso que más les llamó
la atención?
El que recién te mencionamos, de Santiago del Estero fue muy
llamativo. La Legislatura de esta provincia votó una Ley para
la expropiación de tierras, que establecía que si venía
una empresa o un particular presentando un título de propiedad
y demostrando que esas tierras, que las trabajaban otras personas,
les pertenecían, había que litigar en la Justicia.
En varias causas que tenemos aquí, quedó comprobado
que esos “supuestos” títulos de propiedad eran
directamente falsos y así se ponían en duda todos los
precarios que presentaban las comunidades aborígenes, que se
encuentran con el problema de que en muchos casos han perdido la documentación
o no tienen abogados que los asesoren.
Quien presentó el proyecto de Ley fue el mismo diputado que
después actúa como abogado de las grandes corporaciones
sojeras de la Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, lo cual nos
pareció un abuso de poder terrible.
También en Chaco hubo un caso llamativo, como fue la deforestación
por el auge del “oro verde” como es llamado el boom de
la soja. Tiraron abajo la vegetación que desde hacía
años y años para plantar soja.
También cuesta creer que haya extranjeros que se compren pedazos
impresionantes de nuestro país simplemente para sentarse a
mirar los pajaritos. El caso del empresario que compró el Lago
Escondido en la Patagonia es muy cuestionable, ya que las autoridades
en lugar de actuar para impedirlo, sacan a este lago de las guías
de turismo. ¿Cómo no vamos a ser dueños de ingresar
y visitar el lago?
¿Pero se puede comprar un lago?
No, está absolutamente prohibido, pero son las flaquezas
de ley y los problemas que tienen con los gobiernos provinciales.
No se pueden comprar los lagos, ni los ríos, ni las costas,
pero sin embargo se alambran y los turistas no pueden ingresar a visitarlos...
o sí, pero te dan cita para dos semanas después y saben
que todo el mundo está de paso.
Estas cosas indignan.
¿Qué nombres de funcionarios aparecen vinculados
a que esto pueda suceder?
Es muy difícil culpar a un gobernador u otro. Por
suerte vivimos en un país democrático y en esto también
tienen que ver las legislaturas, que muchas veces responden al poder
político de turno. Todos somos responsables de que desde hace
treinta años estemos regalando nuestras tierras.
Sí podemos decir que en los años ’90, ya que está
documentado y lo dice el propio Gobernador Bonaerense, Felipe Solá,
con dinero negro –que salió el forma irregular del país
o ingresó blanqueado para comprar campos- se compraron un millón
de hectáreas de las más ricas y productivas de la Provincia
de Buenos Aires.
¿Cuál es la sensación que les quedó
después de haber escrito el libro?
Sentimos que a los argentinos no nos importa lo que está
sucediendo con nuestras tierras. No recalcamos sólo el desinterés
de nuestros funcionarios... nosotros tampoco nos hemos interesado
por esto. Sí lo vemos como un fenómeno que está
pasando allá a lo lejos y que hasta que no nos toque, no vamos
a reaccionar.
Luego de haber realizado esta investigación, ¿qué
opinan de la afirmación que tantas veces hace la líder
del ARI, Elisa Carrió... “vienen por el agua”?
En el libro precisamente plasmamos las opiniones de Carrió
y del escritor Osvaldo Bayer, que cree que las compras de los extranjeros
se hacen pensando a futuro. “Lilita” en cambio opina que
existe una conspiración para quedarse con algunas tierras...
para ser francos, esto lo vamos a saber dentro de unos años.
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