Por laura rotundo
El 10 de diciembre de cada año se celebra el Día de
los Derechos Humanos en todo el mundo.
En la Argentina particularmente, existen muchas ONG’s, organismos
oficiales y asociaciones sin fines de lucro creadas para salvaguardar
los derechos de las personas. El Centro de Estudios Legales y Sociales
es uno de ellos.
En diálogo con La Mañana de Neuquén, el abogado
y director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier dio su visión
respecto de esta temática que aún hoy genera mucho debate
en el país.
¿Cómo observa actualmente el accionar del Estado
argentino en materia de Derechos Humanos?
Si habría que pensar en términos de cuáles han
sido los avances y retrocesos en este año que se va, nosotros
particularmente hemos visto que un punto muy importante en nuestra
agenda, como lo es el inicio de los juicios a los responsables de
crímenes de lesa humanidad -miembros de la dictadura militar-,
sin dudas es una señal positiva y significativa.
Sin embargo, en ese mismo contexto, se produjo la desaparición
de Jorge Julio López, que es de extremada gravedad y genera
mucha preocupación, ya que a varios meses de desaparición,
no hay noticias.
Es como que en este año hubo una de cal y una de arena. Es
muy bueno que la Justicia empiece a actuar en estos casos pero también
la falta de previsibilidad de lo que podía suceder -que finalmente
pasó- y la falta de pistas... son definitivamente preocupantes,
tanto si pensamos en el propio testigo López, en su familia
y sobre todo, en el impacto que puede tener para los juicios en el
futuro.
¿Desde el CELS qué opinión tienen acerca
de la desaparición de López?
No... desde el principio fuimos muy cautelosos en categorizar esta
desaparición como un acto forzado e intentamos diferenciarlas
con las relacionadas al terrorismo de Estado. Sin embargo, a medida
que pasa el tiempo y con la ausencia de datos que hay, va aumentando
la posibilidad de que se de la peor hipótesis: que los autores
de este rapto hayan tenido una motivación política con
el fin de mandar un mensaje a toda la sociedad sobre los juicios y
sobre la resistencia de parte de ciertos sectores que están
siendo juzgados y no lo aceptan.
En este sentido, consideramos que se trataría de un secuestro
político.
¿Cuáles son los puntos que Usted señalaría
como pendientes en lo que hace a la resolución de esta temática?
En relación a los juicios, éstos deberían realizarse
con la adopción de medidas para que se garantice la continuidad
de los mismos. Esto tiene que ver con la protección de testigos
y una estrategia de los actores involucrados.
En general, en todo lo que hace a Derechos Humanos, hay cosas que
son buenas y otras que no tanto. El año empezó con un
retroceso en temas de administración de Justicia que lo marcó
el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, al que criticamos
porque consideramos que no resolvía el problema existente en
ese organismo y porque, entre otras cosas, también afectaba
la composición y la diversidad del cuerpo. Por otro lado, terminó
en algo que sí apoyamos como fue la sanción de la Ley
de reducción de la Corte Suprema a cinco miembros, consolidando
a ésta como un actor importante e independiente en el juego
de las Instituciones.
Otro punto que no podemos dejar de mencionar como “pendiente”
es el de la desigualdad social, ya que si bien los números
-en términos macroeconómicos- muestran una clara mejoría,
en relación con la reducción de distintos índices
de pobreza, desempleo e indigencia, las cifras de desigualdad se mantienen
e inclusive se registra un crecimiento.
Éste es para nosotros uno de los principales obstáculos
en cuanto a la vigencia y el respeto de los derechos humanos: el de
la exclusión social. En este punto no hemos visto políticas
decididas desde los órganos del Estado ni del Gobierno Nacional...
y tampoco de los provinciales se observan medidas concretas para atacar
el problema.
Justamente el comportamiento de la Justicia en las provincias es absolutamente
preocupante. Particularmente, Neuquén es una de las que el
CELS viene monitoreando desde hace años, en relación
con los hechos que se producen con intención de controlar políticamente
a los Tribunales... en San Luis y Misiones también estamos
muy abocados.
Además de la gravedad en sí misma, de la falta de independencia
de un cuerpo político, en los casos del interiores del país,
existen muchos menos medios que pueden iluminar esos problemas y por
lo tanto, la sociedad tienen menos acceso para denunciarlos... por
eso los seguimos.
¿Cómo piensa que puede revertirse el descreimiento
de la sociedad
respecto de las Instituciones?
La forma de encarar una solución que apunte a revertir este
problema, es justamente adoptando medidas para fortalecer las Instituciones
y, de alguna manera, dotarlas de la capacidad y legitimidad necesarias
para brindar satisfacciones -desde el punto de vista de los DDHH-
y proteger más eficientemente los derechos de las personas,
sin que esto esté ligado exclusivamente a una variable política.
Insisto: Lo fundamental es fortalecer la independencia del Poder Judicial
y establecer mecanismos de transparencia con la participación
de la sociedad en la designación de distintos funcionarios
y de políticas públicas que tiendan a proteger los derechos.
¿Cómo cree que debe trabajarse en la educación
y capacitación de los jóvenes para que conozcan sus
derechos y sobre todo su pasado?
Existen políticas a nivel nacional y en algunas provincias
también, respecto de la educación y difusión
del pasado oscuro que tiene la República Argentina, en términos
de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos,
como lo fue el terrorismo de Estado.
También es importante que se eduque y se difunda una política
sobre “cuestiones de ciudadanía”... es decir, sobre
el significado y la importancia que tiene el ejercicio de las diferentes
luchas por parte de las personas que tienen menores posibilidades
de acceder a los beneficios del sistema democrático.
¿En qué proyectos se encuentra trabajando el
CELS en este momento?
Tenemos muchos proyectos iniciados pero nos encontramos trabajando
principalmente en lo referente a los juicios contra militares, responsables
de violaciones graves a los DDHH. Fue un trabajo que encaramos en
este año pero que continuaremos en 2007 también.
El Programa de Violencia Institucional sobre temas carcelarios y sobre
la situación que atraviesan las personas privadas de su libertad
en las cárceles es también algo que nos ocupa mucho
en este último tiempo, principalmente en la Provincia de Buenos
Aires, con la implementación del hábeas corpus colectivo
del fallo de la Corte, ya que hay carias medidas pendientes de cumplimiento.
También nos vamos a abocar en el próximo año,
al monitoreo de la independencia de los poderes judiciales en las
provincias como mencionaba antes y fundamentalmente con analizar las
alternativas que podrían ofrecerse a los sectores más
desprotegidos para acceder a la Justicia.
En los próximos meses vamos a trabajar en la democratización
de las Fuerzas Armadas, promoviendo reforma con “sentido democrático”,
además de continuar con el “Programa de Derechos Económicos
y Sociales”, que es algo que venimos desarrollando desde hace
varios años.
De esta forma, intentamos promover políticas sociales que de
algún modo garanticen e incorporen una concepción de
derechos de las personas para también generar debates sobre
las reformas necesarias para los sectores más excluidos, que
ni pueden acceder a los derechos civiles y políticos.
¿Cómo cree que cada uno, como ciudadano, puede
colaborar en
la defensa de los DDHH?
Hay muchas maneras de participación. De una forma más
directa es desde Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s),
pero también se puede lograr trabajando en el Estado, en sectores
sindicales o militando políticamente.
De alguna manera, todo aquel trabajo que promueve políticas
que fortalecen al Estado y que eso redunde en que éste sea
“más detector” de derechos, se pueden buscar las
formas indirectas de conseguir esa mejor protección, a la que
todos apuntamos.
¿Es optimista respecto de los años venideros?
Teniendo en cuenta de dónde venimos, mirando retrospectivamente
cómo acontecieron los últimos años en Argentina
y recordando la grave crisis económica, social y de legitimidad
que impactó a nuestra sociedad en 2001 y 2002... hoy en día
existe por lo menos, cierto nivel de estabilidad política.
Por otro lado, el reinicio de los procesos judiciales, no sólo
habla de la intención del Estado de darle respuestas a las
víctimas, sino que también es una forma de evitar -a
futuro- que existan las mismas violaciones de los derechos, como las
que existieron en el pasado.
La integridad idónea de la Corte Suprema, si la comparamos
a la de los nueve miembros que formaban la de la década del
´90, también marca una diferencia y ciertamente se puede
ser optimista... aunque queden temas pendientes.
Organismos de DERECHOS HUMANOS en la Argentina
Abuelas de Plaza de Mayo abuelas@abuelas.org.ar
APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos apdh@apdh-argentina.com.ar
Asociación de Ex detenidos-desaparecidos aedd@exdesaparecidos.org.ar
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
faderap@fibertel.com.ar
H.I.J.O.S. info@hijos.com.ar
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora info@madresfundadoras.org.ar
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos hr@derechos.org.ar
SERPAJ (Fundación Servicio, Paz y Justicia) serpaj@speedy.com.ar
Comisión por la Memoria cmemoria@speedy.com.ar
Memoria Abierta contacto@memoriaabierta.org.ar
Sin Olvido sinolvido@sinolvido.org
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