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La semana pasada, un juez mendocino
había solicitado la detención de la ex jefa de Estado.
Buenos Aires (NA-Télam) > El
juez federal Norberto Oyarbide procesó ayer y ordenó
la captura internacional de la ex presidenta María Estela Martínez
de Perón, como sospechosa de haber participado en los crímenes
cometidos por la organización de ultraderecha Triple A durante
su gobierno.
En su resolución, Oyarbide también dispuso que Martínez
de Perón sea sometida a indagatoria por esta causa.
«Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se investigan,
que ya existe en su contra un pedido de captura vigente y que la nombrada
se encuentra fuera del país, dispóngase su detención
a nivel nacional e internacional», indicó el dictamen
en uno de sus párrafos.
Además, Oyarbide anticipó que solicitará la extradición
de la ex jefa de Estado, al igual que lo hará el juez federal
de San
Rafael, Héctor Acosta.
«Es de público conocimiento que la nombrada se encuentra
actualmente a disposición de las autoridades judiciales españolas
a raíz de un pedido de mi colega (...) Por tal motivo, se requiera
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores que ponga en
conocimiento a las autoridades del Reino de España que este
juzgado solicitará formalmente la extradición de la
señora María Estela Martínez por los hechos que
se investigan», remarcó.
Dentro de los fundamentos para dictar el procesamiento de la viuda
del ex presidente Juan Domingo Perón, Oyarbide detalló
que se reunieron elementos considerados valiosos para la causa.
Entre ellos, el magistrado detalló que «en la órbita
de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional -el de Bienestar
Social- se habría gestado y habría funcionado la asociación
ilícita denominada Triple A».
Además, el juez aseguró que «dentro de sus oficinas
se encontró cantidad de armamento que exceden ampliamente lo
que razonablemente puede considerarse adecuado para la seguridad de
sus dependencias y funcionarios».
«Existen constancias acerca de compra de armamento al extranjero
a través del Ministerio de Bienestar Social, encabezado por
José López Rega, tal como lo han declarado -entre otros-
Alejandro Ferrreira Lamas y Horacio Alfonso Sierra, no pudiéndose
descartar que en las operaciones hubiera intervenido directamente
el Poder Ejecutivo Nacional», remarcó el fallo.
En su resolución, el magistrado también destacó
que «la situación era manifiesta» y se apoyó
en los dichos de Jorge
Iglesia Sosa Molina, jefe del Regimiento Granaderos a Caballo y custodia
de la Casa de Gobierno y de la Quinta Presidencial.
Molina señaló que «se advertía a simple
vista la ostentación de armas y cantidad de hombres -cerca
de 100- que acompañaba a López Rega a la residencia
de Olivos; incluso relató que en una inspección se incautaron
panes de trotyl de uno de los vehículos».
Qué sospecha el juez
Asociación ilícita, al menos ocho homicidios calificados,
privación ilegal de la libertad y desaparición forzada
de personas son algunos de los delitos imprescriptible cometidos por
la Triple A en el gobierno de María Estela Martínez
de Perón.
Así lo entendió el juez federal Norberto Oyarbide al
declarar de lesa humanidad la causa Triple A y por ello podrían
ser los cargos que afrontará la ex presidenta si España
concede la extradición.
Entre los homicidios adjudicados a la organización
parapolicial delictiva están los del ex subjefe de la Policía
Bonaerense Julio Troxler, el abogado Rodolfo Ortega Peña, Alfredo
Curuchet, Luis Mendiburu y Silvio Frondizi, cometidos en 1974, entre
otros.
La causa judicial se abrió el 11 de julio de 1975 por la denuncia
del abogado vinculado a organismos de derechos humanos Miguel Radrizzani
Goñi, quien atribuyó la culpa a José López
Rega, por entonces ministro de Bienestar Social y secretario privado
de Martínez de Perón.
Al igual que su colega de Mendoza, Raúl Acosta, Oyarbide tendrá
ahora 40 días para enviar a España el pedido formal
de extradición de la ex presidenta.
Para el abogado hay persecución
Buenos Aires (NA) > Uno de los abogados de María
Estela Martínez de Perón, Humberto Fontaine, consideró
ayer que la orden de detención librada por el juez Norberto
Oyarbide contra su defendida «le resta valor a la primera, porque
le da un tinte persecutorio» al caso.
En declaraciones televisivas, el abogado opinó que tanto
Oyarbide como el juez federal Raúl Acosta, «deberían
haber sido cuidadosos y evitar atropellarse» en sus decisiones,
relacionadas con delitos cometidos durante la presidencia de «Isabelita».
Fontaine desestimó los cargos que se le imputan a la ex presidenta
al afirmar que son «hechos históricos» más
que políticos, por su antigüedad.
«Yo lo colocaría en la página histórica,
porque se trata de hechos ocurridos una o dos generaciones atrás.
Ya no son hechos políticos, son históricos. Es igual
que si en España se les ocurriera revisar la guerra civil»,
indicó.
El abogado puntualizó que esta es «una primera etapa
meramente provisoria» y advirtió que lo resuelto por
ambos magistrados tiene «carácter provisorio».
«Son criterios que los jueces que los fimaron han adoptado y
tienen carácter provisorio. No son sentencias, es una estimación
que ellos han hecho y no sé qué han tenido en cuenta
para eso», remarcó.
Prepara el trámite de extradición
Buenos Aires (NA) > El juez federal Norberto
Oyarbide se abocó ayer a la preparación del pedido formal
de extradición de la ex presidenta María Estela Martínez
de Perón, tras haber dictado su procesamiento y solicitado
su captura «nacional e internacional» en la causa que
se sigue por los crímenes cometidos por la Triple A.
En la resolución emitida ayer en perjuicio de la ex presidenta,
Oyarbide anticipó que solicitará formalmente a España
su extradición, habida cuenta de que ya se negó a ser
extraditada voluntariamente al ser detenida por otra causa en la que
se la investiga por la desaparición de un joven mendocino.
«Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se investigan
en autos, que ya existe en su contra un pedido de captura vigente,
y que la nombrada se encuentra fuera del país, dispóngase
su detención a nivel nacional e internacional», explicó
el magistrado.
Por tal motivo, según indicaron fuentes judiciales a la agencia
Noticias Argentinas, el juez se encontraba abocado a la redacción
del pedido, que deberá ser entregado a la Cancillería
argentina para que lo traslade a las autoridades españolas,
tal como lo indican los acuerdos de extradición vigentes con
ese país europeo.
Al igual que su colega de San Rafael, Raúl Acosta, Oyarbide
tiene 40 días para presentar el pedido de extradición.
En la resolución el juez recordó que «la asociación
ilícita denominada Triple A se habría gestado y funcionado»
en la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo
Nacional, el de Bienestar Social», que tenía a su cargo
el fallecido ex ministro José López Rega.
La ex presidenta, en jaque
Escenario
Las causas que la comprometen
Buenos Aires (NA) > La ex presidenta María
Estela Martínez de Perón quedó involucrada en
dos causas por crímenes de lesa humanidad, una porque durante
su Gobierno comenzó a actuar la Triple A y otra porque firmó
el decreto de «aniquilación» del accionar de la
subversión que, a la larga, permitió a los militares
avanzar en la desaparición forzada de personas.
En la actualidad pasa los días en su casa de las afueras de
Madrid con dos pedidos de captura internacional en su contra y bajo
libertad provisional.
En el trámite que sigue el juez federal Norberto Oyarbide,
la ex mandataria se encuentra formalmente acusada por su vinculación
con el accionar de la organización paramilitar Triple A, presuntamente
liderada por el ex ministro de Bienestar Social José López
Rega, y por la desaparición de un joven y el secuestro y la
tortura de otro.
En la causa Triple A, la Justicia investiga al menos ocho homicidios
calificados, privación ilegal de la libertad y desaparición
forzada de personas, delitos considerados imprescriptibles cometidos
por la Triple A durante el gobierno de Martínez de Perón.
Así lo entendió el juez Oyarbide al declarar de lesa
humanidad la causa Triple A y por ello podrían ser los cargos
que afrontará la ex presidenta si España concede la
extradición.
Entre los homicidios adjudicados a la Triple A están los del
ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado
Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curuchet, Luis Mendiburu y Silvio
Frondizi, cometidos en 1974, entre otros.
Voceros judiciales recordaron que la causa se abrió el 11 de
julio de 1975 por la denuncia del abogado vinculado a organismos de
derechos humanos Miguel Radrizzani Goñi, quien atribuyó
la culpa a López Rega.
En tanto, la causa por la cual la ex presidenta ya fue detenida es
encabezada por el juez federal de San Rafael, Héctor Raúl
Acosta, quien investiga la desaparición de personas durante
el gobierno constitucional previo a la última dictadura militar.
Se trata de Héctor Fagetti, un empleado de rentas que desapareció
el 25 de febrero de ese año y de quien no se tuvieron noticias
desde ese día y de Jorge Berón, quien en 1976 tenía
17 años y militaba en la Juventud Peronista.
Este último, que actualmente tiene 47 años y vive en
la ciudad mendocina de San Rafael, fue secuestrado el mismo día
que Fagetti, torturado con picana eléctrica, y posteriormente
liberado en 1977, según consta en el expediente.
En el marco de la causa que se sigue en Mendoza, también son
investigados el ex senador Antonio Cafiero; al diputado Carlos Ruckauf,
el ex presidente provisional del Senado Italo Argentino Luder, el
ex canciller Manuel Arauz Castex y los ex ministros de Defensa Tomás
Vottero y de Bienestar Social Carlos Emery.
El juez federal se basó en la presunta responsabilidad que
tuvieron los integrantes del Gobierno nacional en el dictado de los
decretos 2770, 2771 y 2772, de 1975.
A través de estas disposiciones se constituyó un Consejo
de
Seguridad Interna y se facultó a los gobiernos provinciales
a suscribir convenios que colocaron «bajo su control operacional»
al personal y a los medios policiales y penitenciarios que les fuesen
requeridos «para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión».
Además, los decretos facultaron a las Fuerzas Armadas, «bajo
el Comando Superior del Presidente de la Nación, a proceder
a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias
a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en
todo el territorio del país».
Acosta consideró que a través de la firma de estos decretos
las autoridades que gobernaban el país en ese momento estuvieron
implicados en al menos una de las desapariciones que se produjeron
en esa época en la provincia.
A los tribunales
Madrid (Télam) > La ex presidenta argentina
María Estela Martínez de Perón será llevada
en las próximas horas hasta la Audiencia Nacional de España
para ser informada sobre el nuevo pedido de captura internacional
con fines de extradición dictado por el juez federal Norberto
Oyarbide.
La viuda de Perón, de 75 años, se encuentra desde el
pasado viernes en libertad provisional con la obligación de
declarar cada 15 días, después de haber sido detenida
en su domicilio en España a raíz de otro pedido de captura
y extradición, cursado por el juez Héctor Acosta, que
investiga la desaparición de dos ciudadanos mendocinos durante
su gobierno.
Ahora, el trámite se repite: el pedido de captura dictado por
el juez Oyarbide es remitido a la sede de Interpol local, y luego,
al tratarse de un país europeo es enviado a la central regional
de la policía internacional en Lyon, Francia, para después
remitirlo al país involucrado, en este caso, España.
Trámite
La semana pasada, la orden del juez Acosta se concretó en menos
de 24 horas, puesto que la ex presidenta argentina fue detenida a
las 20.15 hora local (16.15 de Argentina) en su casa, situada en la
calle del Valle de Ulzama, número 16, en una zona residencial
de Villanueva de la Cañada.
Aquel día, Isabel Perón, impasible, se subió
a su Audi gris claro con vidrios polarizados acompañada por
una mujer -efectivo de la policía- y fue escoltada por dos
vehículos negros hasta la sede de la Audiencia Nacional de
España, ubicada en la calle Génova de Madrid, a donde
llegó sobre las 21 horas (17 de Argentina) en medio de algunos
gritos de «asesina».
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