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Neuquén> El presidente
de Bolivia, Evo Morales, logró el mayor triunfo político
de sus nueve meses de gobierno, al firmar nuevos contratos de operación
con diez petroleras, pero aún quedan por resolver otros aspectos
clave de la nacionalización de los hidrocarburos que decretó
en mayo pasado.
Morales cumplió su principal promesa electoral y anunció
que Bolivia recibirá 4.000 millones de dólares anuales
desde 2010 gracias a su política, lo cual sin duda mejorará
su popularidad, que había caído del 81 al 50 por ciento
en los últimos cinco meses.
Las negociaciones con las petroleras fueron tensas y rudas - «a
cara de perro», dijo a Efe un diplomático español-,
y enturbiaron las relaciones con países como Brasil y España,
pero al final todas las empresas que tienen operaciones de exploración
y explotación aceptaron las nuevas reglas y seguirán en
Bolivia.
Ocho compañías, incluidas las tres que tienen más
inversiones (la hispano-argentina Repsol YPF y dos filiales de la brasileña
Petrobras), firmaron nuevos contratos en la madrugada del domingo, minutos
después de terminar el plazo de 180 días fijado por Morales
en su decreto de nacionalización del 1 de mayo.
Dudas
Fuentes gubernamentales, diplomáticas y de las petroleras,
e incluso de la oposición, coinciden en que Morales ganó
políticamente la batalla, pero apuntan que en la letra menuda
y en las cifras de los contratos las empresas lograron victorias notables
que se revelarán cuando los documentos sean enviados al Congreso
boliviano para su ratificación, si no antes.
Entre los aspectos claves de la nacionalización que quedaron
postergados, nadie dice por cuánto tiempo, está la decisión
de renacionalizar cinco firmas que hace años eran parte de
la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).
Según el decreto de mayo, YPFB debe controlar la mitad más
una de las acciones de esas empresas: la filial de refinerías
de Petrobras, Andina, Chaco y las operadoras de gasoductos Transierra,
en la que Repsol tiene 40 por ciento, y Transredes, filial de Shell
y Ashmore.
Por su parte, el ministro brasileño de Minas y Energía,
Silas Rondeau, aclaró que el acuerdo firmado por Petrobras
no incluye la situación de las refinerías ni el precio
del gas exportado a su país, que Morales quiere incrementar.
«La indemnización (por transferir el control de las refinerías)
es otra discusión. Hay que hacer una auditoría para
establecer un valor justo y definir la indemnización sobre
la participación que será traspasada a YPFB»,
explicó en Río de Janeiro.
Respecto al precio del gas, Petrobras y el gobierno de Brasil, uno
de los principales accionistas de la empresa, insisten en que hay
contratos vigentes, que entraron en vigor en 1999 por veinte años,
y que Morales no puede cambiarlos unilateralmente.
Otro aspecto clave de la nacionalización que tampoco ha podido
concretar Morales es la «refundación» de YPFB,
que en el decreto de mayo estaba fijada para junio.
Según el decreto de mayo, YPFB asumirá el «control
absoluto» de los hidrocarburos y el monopolio de su comercialización,
tanto en el país como para la exportación, pero el mismo
gobierno reconoce que no tiene recursos económicos ni personal
para asumir ese reto. |
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