| El juez de la causa dijo que es difícil
la captura de los iraníes tal como lo pidió el cuerpo
de fiscales.
Buenos Aires (Corresponsalía)
> El Gobierno nacional empezó a recibir presiones
concretas para que desde la Cancillería se promueva una condena
internacional y sanciones contra Irán, a 24 horas de que la
Unidad Fiscal que investigó el atentado contra la Amia acusara
a las autoridades de ese país de haber planificado el ataque
contra la mutual judía y reclamara la detención de siete
ex funcionarios iraníes y un ex integrante del Hezbolá,
considerado el brazo ejecutor de la explosión.
El titular de la DAIA, Jorge Kirszenbaum, advirtió ayer en
una conferencia de prensa ofrecida junto al presidente de la Amia,
Luis Grynwald, que la comunidad judía “espera una declaración
de condena del Gobierno nacional al Estado de Irán”,
y anticipó que le pedirá a las autoridades argentinas
que formulen una denuncia ante la ONU pidiendo sanciones para aquel
país: “Aspiramos a que el Gobierno nacional adecue su
conducta y sepa ponderar cuál es la mejor decisión para
el bien común”, expresó.
Desde Israel, donde se evaluó positivamente el dictamen de
los fiscales federales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos,
un comunicado oficial ratificó la confianza del aquel Gobierno
en que “las autoridades argentinas tomarán las medidas
necesarias de acuerdo al dictamen presentado, para que los responsables
del atentado sean castigados”.
No es la primera vez que la dirigencia de la comunidad israelita reclama
ante Néstor Kirchner una condena pública contra Irán.
El 18 de julio de este año, en un nuevo aniversario del trágico
atentado que le costó la vida a 85 personas, se exigió
concretamente la ruptura de relaciones diplomáticas con aquel
país y la denuncia de Hezbolá en los foros internacionales.
El contexto geopolítico era el del conflicto bélico
entre Israel y el Líbano, que encontró a la dirigencia
comunitaria completamente alineada con la estrategia de Tel Aviv y
Estados Unidos. El actual tiene a Irán, como integrante del
denominado Eje del Mal, en la mira de la máxima potencia mundial,
de modo que el inmediato apoyo expresado desde Washington al dictamen
de Nisman sólo es comprensible en ese escenario.
El informe de los fiscales que, a diferencia de la hipótesis
del destituido juez Juan José Galeano, apunta concretamente
contra el gobierno de Irán y sus líderes espirituales
y no contra sectores radicalizados de ese país, parece empujar
a la Casa Rosada a abandonar su relativa “neutralidad”.
Rodolfo Canicoba Corral, el juez federal a quien los fiscales le pidieron
que ordene la captura de los ex funcionarios iraníes en su
calidad de magistrado a cargo de la investigación del atentado
a la Amia, anticipó ayer que esas detenciones son un tema “como
mínimo, complicadísimo” porque se trata de un
asunto de “política exterior que le pone un límite
claro a la actuación judicial”.
Teherán niega las acusaciones
«Los
cargos son infundados», dijo el ministerio de Relaciones Exteriores.
Teherán (dpa) > Irán rechazó
ayer las acusaciones realizadas por una unidad fiscal argentina contra
ex funcionarios de su país por su presunta participación
en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina
(AMIA) perpetrado en 1994 en Buenos Aires.
«Esos cargos son infundados, ya que tanto una corte legítima
como Interpol confirmaron que Irán no estuvo involucrado en
el caso y las nuevas acusaciones se enmarcan en los objetivos políticos
de sionistas», dijo el portavoz del Ministerio del Exterior
Mohammad-Ali Hosseini a la agencia de noticias Fars.
De acuerdo con el vocero, las acusaciones llegan en medio de una ola
de sentimiento antiisraelí en Argentina, por lo que calificó
como agresiones israelíes en los territorios palestinos y Líbano.
«Las autoridades argentinas pertinentes deberían haber
aprendido de sus errores anteriores y a la larga basar sus acusaciones
en pruebas documentadas», añadió Hosseini.
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