Se viene el gasoducto del Noreste

Neuquén> El presidente Néstor Kirchner ratificó en Bolivia la construcción del gasoducto del Noroeste, que permitirá abastecer de gas al Norte y centro de la Argentina. Además llevará el insumo necesario para que operen las dos centrales térmicas que construirá Siemens en la zona del litoral argentino.
En realidad, sin este ducto no tiene mucho sentido el acuerdo de provisión de gas porque las actuales vías de transporte de esa zona están trabajando al tope de su capacidad.
«Al Norte argentino que no tiene gas le venimos a decir que venimos a hacer el gasoducto del Noroeste», aseguró Kirchner durante un acto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, realizado al término de la firma de los documentos que suscriben el acuerdo de asociación estratégica en materia energética.
«Venimos a hacer un acuerdo serio pero firme», afirmó el Presidente, quien llamó a «consolidar la construcción del sentido grande de los países de América del Sur».
«Es hora de forjar la unidad y la identidad de nuestros pueblos, levantar la voz conjunta ante el mundo, orgullosos de los que somos, de nuestras raíces», enfatizó.

Antes de fin de año
El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció semanas atrás en Santa Cruz de la Sierra que se acordó -con el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera- que «a más tardar en la primera quincena de diciembre» se realizará el llamado a licitación para construir el gasoducto del Nordeste y para la construcción de una planta separadora de gases.
«Dimos instrucciones a Yacimientos Petrolíferos Bolivianos y a Enarsa para que acorten más los tiempos del acuerdo energético al que llegaron los presidentes Evo Morales y Néstor Kirchner», dijo De Vido.

Pliegos
«Queremos terminar este mismo año con los pliegos para el gasoducto que traerá más gas boliviano a la Argentina, y para eso debemos discutir en detalle la formula polinómica del precio del gas», afirmó el ministro.
«Garantizamos el suministro de gas para el gasoducto del Noreste», refirmó García Linera, y agregó: «Tenemos reservas por 48 trillones de pies cúbicos, y, como lo hemos hecho históricamente, cumpliremos los contratos», dijo.
Por otra parte, De Vido dio valores aproximados de cuánto podrían costar los dos emprendimientos. El gasoducto insumiría alrededor de 1200 millones de dólares y la planta separadora de gases, que permitiría a Bolivia quedarse con el líquido para procesar el combustible vehicular, unos 250 millones de dólares.

Un sistema sin reservas

Neuquén> El especialista del Instituto General Mosconi Gerardo Rabinovich aseguró que la situación en el sector energético es «seria y grave porque el sistema está trabajando al límite», y reclamó al Gobierno «reconocer el escenario para no demorar las medidas que eviten el colapso».
«El gobierno no se pone a la cabeza del problema y lo niega. Y todas las alternativas que se evalúan para manejar la demanda están siendo postergadas, creando una situación física real que puede llegar a ser problemática», advirtió.
Rabinovich explicó que la situación energética es «seria y grave porque el sistema está trabajando al límite de la capacidad instalada» y alertó que los apagones pueden producirse «por un fenómeno coyuntural, por un mal manejo o por un accidente».
Agregó que «el sistema eléctrico no tiene reservas y cualquier cosa, como la falta de agua en los embalses en momentos críticos, o una máquina que salga de servicio en forma no programada, puede provocar restricciones».

Pericia
«Hasta ahora, los especialistas que coordinan el sistema eléctrico, de Cammesa y de las empresas, han demostrado una gran pericia en el manejo del sistema y en evitar que se produzcan problemas. Pero un pequeño aumento de la demanda llevaría a una exigencia muy importante», destacó.
El especialista consideró que los meses previos al verano son una coyuntura «relativamente tranquila, porque cae el consumo respecto del pico invernal ya pasado y algunas máquinas salen de servicio porque han sido muy exigidas y otras porque se revisan para llegar a toda su potencia» en las épocas de mayores temperaturas.

Centrales
En declaraciones a Canal Metro, Rabinovich agregó que «en lo inmediato se puede hacer poco» para mejorar la situación, ya que las centrales que se licitaron estarán en funcionamiento cerca de 2009.
Y adjudicó parte de las dificultades a «los errores en el diseño regulatorio de la década del `90 y la retracción del sector privado», que determinó que, desde 2000, no se incorporará potencia al sector energético.
«El problema es horizontal para todo el sector energético: caen las reservas de gas y de petróleo, la producción, hay poca capacidad energética y la demanda crece, el país crece pero la oferta está estancada», explicó.

Muchas dudas a futuro

Consultores y empresarios pusieron reparos al acta firmada con el vecino país. Más información en edición central del diario.

Los costos y la confiabilidad de los envíos, en el centro de los cuestionamientos.

Neuquén> Finalmente ayer quedó rubricado el acuerdo por el cual se ampliará la importación de gas desde de Bolivia de 7,7 millones a 27 millones de metros cúbicos diarios (m3/d).
Para el gobierno el acta de entendimiento es fundamental porque desde su punto de vista se logra un desahogo hacia el futuro de la situación energética. Sin embargo, analistas y empresarios aseguran que son más las desventajas que las ventajas.
La duda fundamental que se tiene con el acuerdo es la confiabilidad de Bolivia como proveedor. De hecho, hoy está teniendo muchos problemas para abastecer los 7,7 millones de m3 y hay una importante revisión de sus reservas (ver recuadro).
Además para poder proveer los 27 millones de m3, Bolivia necesita una inyección de 3.000 millones de dólares que ninguno de los dos países aclaró quién la invertirá.
En este sentido, vale recordar que también se necesitará una inversión de 5.000 millones de dólares para construir el gasoducto del noreste, que en este caso deberá financiar la Argentina.
Finalmente, se plantea el costo que tendrá este acuerdo para el país ya que hoy se paga 5 dólares por millón de BTU. Pero son conocidas las intenciones del gobierno del país del altiplano de llevar el costo hasta los ocho dólares.

Opiniones
“Para importar gas adicional de Bolivia hoy no sólo tenemos que discutir precios, sino también garantizarnos suministros. Hay que intentar cerrar un acuerdo con Bolivia, pero complementariamente hay que lanzar un proyecto para construir una planta de regasificación cerca de Buenos Aires para poder importar gas natural por barco”, aseguró el ingeniero Daniel Montamat, ex secretario de Energía y actual consultor.
Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo en un reportaje dado en la provincia de Córdoba que por “la información que nos da el Gobierno nos permite bajar el nivel de incertidumbre”.

Problema energético
Sin embargo, el director del Departamento Técnico del Instituto General Mosconi, Gerardo Rabinovich, sostuvo ayer “el Gobierno no se pone a la cabeza del problema y lo niega. Y todas las alternativas que se evalúan para manejar la demanda están siendo postergadas creando una situación física real que puede llegar a ser problemática”.
En este sentido, el consultor agregó que “el sistema eléctrico no tiene reservas y cualquier cosa, como la falta de agua en los embalses en momentos críticos, o una máquina que salga de servicio en forma no programada, puede provocar restricciones”.

Reducen reservas del mayor campo de gas boliviano

Neuquén> El campo de gas natural «San Alberto», considerado hasta ahora como el mayor de Bolivia, tiene sólo 6,93 billones de pies cúbicos del energético, un 40 por ciento menos de lo que se creía, según una auditoría divulgada por el Gobierno.
En ese yacimiento, situado en el departamento sureño de Tarija, la empresa Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, posee un 50 por ciento; la brasileña Petrobras, un 35 por ciento; y la francesa TotalFinaElf, el restante 15 por ciento.
Javier Philco y José Luis Rivero, funcionarios de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Hidrocarburos, dieron a conocer en una rueda de prensa los resultados de la auditoría al campo.
«San Alberto», junto al «San Antonio», son los dos campos de gas que pagan el tributo adicional de un 32 por ciento fijado en el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, que firmó el pasado 1 de mayo el presidente Evo Morales. De ambos campos sale el 70 por ciento del gas que Bolivia exporta a Brasil.

Estudio
Rivero explicó que el resultado es fruto de un estudio realizado con datos de la presión en el campo, los que consideró más exactos que los cálculos volumétricos que se hicieron en «San Alberto» y que daban en 2005 una cifra de 11,7 billones de pies cúbicos.
Los funcionarios señalaron además que las reservas de gas del yacimiento «Itaú», operado por TotalFinaElf, también bajaron de 2,67 a 1,56 billones de pies cúbicos.
Los expertos revelaron que «Itaú», que no está en producción por falta de mercado, está conectado a «San Alberto» y han sugerido que ambos se unifiquen.
El Gobierno encargó la auditoria a todos los campos de gas para determinar el cumplimiento de los contratos firmados hace una década por las petroleras y usar la información en las negociaciones destinadas a la modificación de los convenios, cuyo plazo vence el próximo 28 de octubre.

Acusaciones
En la víspera, con el uso de otra auditoria, el Gobierno boliviano acusó a las empresas de no haber realizado inversiones por 1.300 millones de dólares amparadas en una norma supuestamente irregular emitida por el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) y de haber inflado sus cifras.
La medición de los campos de gas natural se efectúa para verificar los resultados de un estudio de la compañía estadounidense De Golyer & MacNaughton, que había anunciado una reducción de un 33 por ciento de las reservas probadas de todo el país.
En julio pasado, el ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz dijo que ese informe, que no se reveló a la prensa, señalaba una disminución de 26 a 18 billones de pies cúbicos de las reservas probadas, aunque no le dio credibilidad y lo atribuyó a un intento de perjudicar la nacionalización.

Fecha límite para petroleras

Neuquén > El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, aseguró este martes que las empresas petroleras transnacionales que no firmen nuevos contratos de operación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hasta el miércoles 31 de octubre, no operarán más en Bolivia.
La advertencia fue lanzada a 15 días de que se cumplan el plazo de 180 días definidos en el Decreto Supremo No 28701, de nacionalización de los hidrocarburos, promulgado por el presidente, Evo Morales Ayma, el pasado 1 de mayo.

Operador
“Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente decreto supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país”, señala el parágrafo primero del artículo 3 del decreto supremo de nacionalización.

Ley
García Linera explicó que se otorgó un plazo suficiente para que las empresas petroleras transnacionales que operan en el país se adecuen a las nuevas reglas del juego establecidas por la nueva Ley de Hidrocarburos promulgada por el Congreso Nacional el año 2005.
“La decisión del Gobierno es mantener lo que se definió en el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, las empresas que no firmen contratos hasta fin de mes ya no podrán operar en Bolivia”, precisó el también Presidente Nato del Congreso Nacional.

Opiniones políticas
Sin embargo, el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Cámara Alta, Santos Ramírez, no descartó la posibilidad de una ampliación de entre 30 a 60 días para la firma de los nuevos contratos, pero que la misma podrá darse no el marco de los intereses de las petroleras extranjeras, sino del interés de Bolivia, aunque aclaró que esa posibilidad todavía no es un tema que se ha considerado.
Aunque reconoció que la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados presidido por el masista, Jorge Silva, está a la espera de una respuesta del Poder Ejecutivo para considerar una eventual ampliación de dicho plazo.