Aceptaron revisar las «leyes del perdón»

Buenos Aires (Télam-NA) > La Justicia aceptó revisar un planteo presentado por el ex dictador Jorge Rafael Videla que está orientado a la validez de las denominadas «leyes del perdón», en la causa en la que se investiga si hubo un plan de cooperación regional entre las dictaduras del Cono Sur.
La sala IV del máximo tribunal penal del país revocó una resolución de la Cámara Federal que había desestimado la presentación de Videla y se adentrará en el tema, pese a que ambas leyes ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
Casación concedió los recursos presentados por los abogados del ex dictador, Oscar Tavares y Alberto Rodríguez Varela, en la causa que investiga lo ocurrido en el marco del «Plan Cóndor», donde Videla está procesado y con pedido de juicio oral por parte la fiscalía y los querellantes.
El juez federal Guillermo Montenegro ya dictó la inconstitucionalidad de las leyes 23492 y 23521 en esa investigación referida al plan orquestado entre dictaduras latinoamericanas para perseguir, secuestrar y asesinar a opositores políticos.
Esa decisión fue confirmada por la sala I de la Cámara
Federal, que consideró a las normas incompatibles con tratados internacionales sobre derechos humanos.
Pero por sobre todo, las mismas leyes ya fueron declaradas inválidas por la Corte Suprema de Justicia cuando intervino en otra causa, el «caso Simón», que investiga también delitos de lesa humanidad contra detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar.
Los abogados del ex miembro de la primera Junta Militar de la dictadura sostuvieron que la declaración de invalidez de las leyes exculpatorias dio lugar a la «violación del principio penal que impide juzgar dos veces por el mismo hecho».
La referencia apuntó a la sentencia dictada por la Cámara
Federal en pleno en 1985 en la «causa 13» -juicio a las juntas militares-, donde Videla fue condenado por delitos de lesa humanidad, en un fallo luego confirmado por la Corte.
La defensa argumentó, además, que los hechos investigados fueron anteriores a los tratados sobre derechos humanos invocados por el juez y la sala I de la Cámara Federal y que estas normas no pueden aplicarse de manera retroactiva.
«Se encuentra en juego la interpretación de normas federales relacionadas con el derecho de defensa en juicio y con el derecho que tiene todo imputado a que se dicte un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y de restricción de libertad que comporta el enjuiciamiento penal», consideró Casación.

Ordenan pagar a exiliados

Buenos Aires (NA) > El Gobierno deberá otorgar un resarcimiento económico a un exiliado político de la última dictadura militar, a raíz de una disposición de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, según se informó ayer.

Fallos
Voceros judiciales indicaron que las Salas IV y V del tribunal de alzada fallaron en varias resoluciones contra la política aplicada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Alberto Iribarne, que primero indemnizó a un puñado de exiliados y luego rechazó los pedidos del resto de los recurrentes.
Ambas salas del tribunal, integradas por los camaristas Pablo Gallegos Fedriani, Jorge Eduardo Morán, Alejandro Uslenghi, y Guillermo Galli, dictaminaron que «corresponde hacer lugar a la petición del recurrente», así como «ordenar que el expediente vuelva al Ministerio de Justicia».

Resolución
«Por quien corresponda (en el Ministerio) se dicte nueva resolución en el caso, reconociendo al actor la indemnización de la ley 24.043 por los períodos que acredite haber estado exiliado del país», dispusieron los jueces tras las apelaciones de varios exiliados, con la asistencia del abogado Andrés Beccar Varela.

Pintadas de la «Triple A»

San Miguel de Tucumá (NA) > La sigla de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) apareció ayer pintada, junto con otras frases amenazantes, en el frente del Comité Provincial del Partido Comunista de Tucumán.
El hecho, que reivindica a la fuerza paramilitar creada por
José López Rega en los setenta, toma mayor relevancia en medio de las intimidaciones surgidas en las últimas semanas por la reactivación de juicios contra represores.