Corte a las exportaciones
El ministro de Planificación Julio De Vido advirtió ayer
a las petroleras que no se dudará en restringir las exportaciones
de aquellas firmas que no se ocupen, en tiempo y forma, del mercado
doméstico.
«Se va a condicionar las exportaciones a todas las empresas que
no cumplan con el debido abastecimiento (de gasoil) al mercado interno»,
dijo De Vido, al recordar que desde el martes está vigente la
Resolución 1338, que amplió a las naftas, el diésel
oil, el aerokerosene y otros combustibles el requisito de registro y
autorización previa para la exportación. Hasta ahora,
las empresas petroleras sólo tenían que pasar por ese
trámite cuando pretendían embarcar los productos más
sensibles: el petróleo crudo, el gasoil y el gas licuado.
De Vido lanzó la amenaza en momentos en que vuelven a arreciar
las quejas, en especial desde el sector agropecuario, sobre faltantes
de gasoil, cupos y sobreprecios.
Ayer fue la Federación de Acopiadores —que conoce al dedillo
lo que sucede en el interior— la que advirtió que «si
no se logra rápidamente una normalización en el abastecimiento
del gasoil en todo el país se dificultarán las tareas
de implantación de nuestros principales granos, lo que ocasionará
un enorme daño a la economía».
A la preocupación por el escaso gasoil disponible, en las últimas
horas se han agregado nuevos nubarrones. En rigor, fuentes oficiales
admitieron ayer que también existen denuncias sobre el abastecimiento
de naftas, principalmente a las estaciones de servicio independientes,
o de «bandera blanca». En el sector están evaluando
la posibilidad de hacer protestas.
Fallo favorable
El tribunal aceptó los argumentos del Estado Argentino,
reconociendo la emergencia económica y la pesificación
de las tarifas. Fue “legítima y necesaria”, admitió.
La resolución puede marcar un vuelco en las demandas que algunas
empresas emprendieron contra el país.
Una resolución clave emitida ayer por el Ciadi abre las puertas
a un vuelco favorable para el país en las demandas, por una
suma cercana a u$s 20.000 millones, que diversas empresas mantienen
contra la Argentina ante el organismo arbitral.
Concretamente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (CIADI), organismo que depende del Banco Mundial, aceptó
como “legítima y necesaria” la Ley de Emergencia
Económica que abrió paso a la pesificación de
tarifas, al rechazar el reclamo por 270 millones de dólares
iniciado por la firma LG&E, inversora de Gas Cuyana y Distribuidora
del Gas del Centro.
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