La Corte rechazó la presentación
de Superficiarios Patagónicos

Neuquén > La Corte Suprema rechazó la demanda presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia contra 18 empresas petroleras radicadas en la Cuenca Neuquina porque fue presentada en términos excesivamente genéricos y le ordenó a esa organización no gubernamental (ONG) que, en un plazo de 40 días, la corrija, según informó el diario «La Nación».
La presentación, que fue adelantada por este suplemento dos años atrás, había sido realizada por los daños que produjeron estas compañías en el medio ambiente desde que operan en esta región.

Beneficiadas
Las empresas que se beneficiaron con la decisión son: Repsol YPF, Petrobras, Pluspetrol, Chevron, Total, Astra, Capex, Gas Medianito, Hidrocarburos del Neuquén, Ingeniería Sima, Pan American Energy, Pecom Energía, Petrolera Entre Lomas, Petrolera Santa Fe, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Pioneer Natural Resources y Wintershall Energía.
En su resolución, la Corte quiso emitir una señal muy clara en momentos en que cobran notoriedad otras demandas por contaminación, como la presentada por los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo contra 44 empresas allí radicadas: el tribunal estableció pautas muy importantes para evitar que cualquier persona o asociación, con la mera invocación de generalidades, pretenda presentar demandas por contaminación.

La demanda
En 2003, la organización no gubernamental Asociación Superficiarios de la Patagonia demandó a las empresas, pero no indicó cuáles son los hechos contaminantes, ni los responsables de cada hecho, ni los suelos afectados.
La ONG, en forma amplia, le reclamó daños al medio ambiente, pidió una indemnización -que estimaría en 550 millones de dólares-, la recomposición integral de los daños colectivos ambientales producidos por la actividad petrolera y la constitución de un fondo de reparación ambiental.

Superficie
La demanda realizada por esta ONG es por la actividad de las empresas en la Cuenca Neuquina. Se trata de una zona que penetra en el territorio de las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza, y que abarca 120.000 kilómetros cuadrados.

Antecedentes

Neuquén > Según recopiló el matutino «La Nación» años atrás, la Corte dictó una primera resolución en la que rechazó el pedido para que se constituyese un fondo de restauración.
Pero cuando el máximo tribunal quiso continuar con la tramitación del expediente, las empresas, antes de contestar, presentaron ante la Corte una excepción de defecto legal: en términos simples, la demanda está mal presentada y viola el derecho de las empresas a defenderse. La Corte admitió el planteo.
«La demanda adolecía de serias fallas. No identificaba el daño causado por las empresas, por lo cual las firmas no podían contestar a la demanda. Hay una tendencia a creer que cuando se demanda por contaminación todo vale.

Regulación
La actividad petrolera está regulada y controlada por el Estado. Y las empresas tienen actuación en todo el mundo, con estándares internacionales de gestión ambiental. Por eso, la acusación no estaba justificada», dice Gabriel Macchiavello, abogado de las empresas.
El fallo, muy detallado y que lleva las firmas de Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay -en disidencia votaron Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda-, dice: La demanda, por su «generalidad, hace extensible la pretensión a toda alteración del medio ambiente eventualmente producida en la Cuenca Neuquina que tenga su origen en la explotación de hidrocarburo en cualquiera de sus formas».
La demanda no identifica ni precisa «la causa del daño, quiénes lo producen, la aportación de cada uno de ellos y, en su caso, la gravedad de la alteración», dice la resolución, y con ello se viola el derecho de defensa de las empresas.
«Aun cuando se tutelen derechos colectivos», quien demanda debe demostrar «cuál es el daño en concreto» y «quién es el autor», porque de lo contrario el proceso se constituiría en un «juego de sorpresas».
Al tiempo de interponer la demanda, la ONG se encontraba en condiciones de reclamar información necesaria a la Secretaría de Energía y a otras autoridades nacionales y provinciales», como parte del «estándar de diligencia exigible a la asociación». De lo contrario, si demanda sin conocer la información, «no se entiende de qué manera -la ONG- podría cumplir seriamente con los objetivos de su creación».