| Hubo críticas de la oposición
y de grupos energéticos, pero también apoyos de la compañías
petroleras. Neuquén > El proyecto
de ley que amplía las zonas de exploración y explotación
logró dictamen en una plenario de las comisiones de Presupuesto
y Energía sólo con el apoyo de los legisladores kirchneristas.
El resto del abanico opositor lo rechaza, pero tendría los
votos necesarios para darle media sanción. Para que sea ley,
debería luego pasar por el visto bueno del Senado pero allí
también tendría los votos necesarios.
Iniciativa
Es una iniciativa que impulsó el ministro de Planificación,
Julio De Vido, y que apunta a «reemplazar gradualmente las actuales
cinco cuencas que producen el 100% de los hidrocarburos».
El proyecto también cuenta con el aval de las compañías
que vienen reclamando medidas en esta dirección desde hace
más de un lustro.
Proyecto
Prevé 15 años de incentivos para las petroleras que
presenten nuevos proyectos para crudo y gas que van desde beneficios
para la compra de bienes de capital hasta desgravaciones tributarias.
Además, las compañías podrían compensar
el IVA sobre el costo total de las nuevas máquinas y también
adherirse al régimen de amortización acelerada de inversiones.
Y durante los primeros 3 años no pagarían impuesto a
las Ganancias sobre los frutos de esos proyectos.
Más características
Asimismo, se excluye a los bienes de capital aplicados a la actividad
de la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
durante tres años a partir del otorgamiento de la concesión
de explotación.
Por otra parte, prevé desdoblar y captar áreas ya concesionadas,
pero sin explorar.
Este programa necesitará la adhesión de las provincias,
ya que en 2003 se completó el traspaso del derecho constitucional
sobre los bienes de su suelo, y ellas serán las que licitarán
las áreas.
Críticas
«No quedan claras las prioridades fiscales del gobierno, que
cuida el superávit a la hora de discutir el aumento de los
jubilados pero, al mismo tiempo, impulsa una ley que destina como
piso 1.000 millones de pesos de subsidios a las petroleras y es peor
que la ley Techint», disparó Claudio Lozano, en medio
del informe de gestión que realizó el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, el miércoles pasado, justo el mismo
día que se había votado el despacho en las comisiones.
Diputados
Lozano (CTA) y, entre otros legisladores, Juan Carlos Godoy (Espacio
Entrerriano), Eduardo Macaluse (ARI), Alicia Tate (UCR) y Pablo Zancada
(Socialista) habían rechazo esta iniciativa en un seminario
sobre hidrocarburos. De allí saldrá un proyecto opositor
alternativo.
Consideraron que el proyecto del gobierno lejos de incrementar las
reservas, las reduciría aún más y dudan de la
participación efectiva que tendría la estatal Enarsa
en los nuevos contratos petroleros.
Críticas del Grupo Moreno
Neuquén > “Vuelve a repetirse la
historia: las inversiones y las pérdidas son del Estado Argentino
y las ganancias son privadas. Con este proyecto, se restan recursos
a la educación, salud, seguridad y desarrollo infraestructural.
Resulta curioso que si no invirtieron con el barril que superó
los 70 dólares, ahora exijan hacerlo a costa de los impuestos
que paga toda la población argentina. Es inadmisible que se
pretenda que en esta actividad tan rentable tenga que venir el Estado
a apoyar exigencias que no son aceptadas en ningún lugar del
mundo”, señala un comunicado de prensa del Grupo Moreno,
presidido por Pino Solanas.
En este sentido sostiene que de esta forma se pretende subsanar la
alarmante declinación de las reservas de petróleo y
gas “originadas en la explotación depredatoria, exportaciones
intensivas e inconstitucionales, la ausencia casi total de las inversiones
en exploración, y a la desaparición de todo control
estatal, ya que se extrae a simple declaración jurada”.
Divisas
“En contrapartida, siguen gozando de la libre disponibilidad
del 70% de las divisas de exportación y obtienen beneficios
descomunales: el costo promedio de producción del barril en
Argentina son u$s 5.- y en el mercado internacional supera los u$s
70.- Diecisiete años de vigencia incontrolada de las reglas
del mercado muestran un fracaso inocultable ante la pérdida
del autoabastecimiento, logrado en la década del 80 sobre la
base del esfuerzo de nuestra empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales”, denuncia el comunicado.
Finalmente hacen un pedido al Congreso: Así como el Poder Legislativo,
haciendo justicia a la memoria de los desaparecidos, torturados y
asesinados por el Proceso dictatorial reparó la sanción
de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tiene hoy la obligación
de iniciar la reparación de los perjuicios ocasionados por
aquellas leyes medulares en el proceso de saqueo y depredación
de la más importante riqueza nativa de los argentinos; leyes
que provocaron la conversión de millones de trabajadores en
desaparecidos sociales.
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