Reclamo del sector privado

Piden inversiones energéticas

 
 
Reclaman incentivos fiscales
para aumentar la inversión
petrolera y gasífera.
Aseguran que el gobierno nacional contará con 10 mil millones de dólares y que podrían usarse para mejorar el transporte y distribución de gas y electricidad.


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  El incierto horizonte tarifario no estaría creando el marco para la promoción
de las inversiones.

Buenos Aires (NA) > El Gobierno tiene en el mercado de capitales de la Argentina la posibilidad de contar con alrededor de 10 mil millones de dólares que podrían direccionarse a inversiones en el sector energético que servirían para superar las crisis, opinó el experto Eduardo De Bonis de la consultora Deloitte.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, De Bonis sostuvo que la aplicación de la ley que crea cargos especificos en facturas de luz y gas para obras en el sector «sería el puntapié fundamental para encauzar el financiamiento del desarrollo energético que Argentina requiere».
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que autoriza la creación de cargos específicos en las facturas, como aporte a los fondos de los fideicomisos que se constituyan para ejecutar obras de expansión del sistema de transporte y distribución de gas y electricidad.
De Bonis aclaró que para que se puedan captar parte de esos 10 mil millones de dólares, el Gobierno «debe crear los instrumentos con las seguridades y calificaciones que debe tener un instrumento de inversión».

Incertidumbre
De Bonis dijo que la falta de inversión que tiene el país en materia de energía «obedece a varios factores, entre ellos, a cierta incertidumbre en todo el horizonte tarifario que hace que para muchas empresas no sea claro el retorno de la inversión».
«El país tiene que movilizar los instrumentos para que pueda haber inversión con independencia de lo que los mercados internacionales indiquen como pauta de inversión», opinó.
De Bonis ejemplificó que en cartera las AFJP tendrían potencialmente para invertir en fideicomiso financieros «alrededor de 5.000 millones de dólares y que aproximadamente otra cantidad similar se encuentra en la liquidez que tienen los bancos, compañías de seguros y otros inversores institucionales».
Para De Bonis, el Gobierno «debe ofrecer seguridad a quienes inviertan en estos proyectos mediante reglas de juego estables, no dejar de contemplar el costo financiero a la hora de determinar los cargos y hacer extensivas, cuando corresponda, las ventajas fiscales que se otorgan a los cargos».
De Bonis consideró que para que aumente la inversión petrolera «el Gobierno podría dar incentivos fiscales para que esos inversores privados se animen más, ya que ese tipo de negocios suponen un largo período de repago para recuperar lo invertido».
Consideró que los fondos fiduciarios para las obras de energía en gas y electricidad son más atratctivos porque allí «hay un mercado cautivo y un retorno cierto de la inversión en plazos más cortos».

 

 


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