Pretenden la suspensión

 
 
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  El gobierno pretende avanzar en la eliminación de las jubilaciones de privilegio de los funcionarios de la última dictadura.

Buenos Aires (NA) > Sectores afines al Gobierno de Néstor Kirchner anticiparon ayer su intención de avanzar en la suspensión de las jubilaciones de privilegio que aún cobran ex funcionarios civiles de la dictadura, siempre y cuando eso «no implique un costo mayor para los argentinos».
Así lo dijo el diputado oficialista Carlos Kunkel, quien aseguró: «En algún momento llegaremos a encontrar una solución razonable y justa sin que ello implique juicios en el orden internacional que terminen siendo un costo mayor para los argentinos».
Kunkel acusó, además, a los ex funcionarios de la dictadura que aún reciben jubilaciones de privilegio de «no tener vergüenza», y calificó a la situación de «injusta».
El ex subsecretario general de la Presidencia dejó abierta la puerta, además, a una posible anulación del beneficio: «Iremos tomando y encontrando las soluciones para este tipo de casos», dijo.
«A medida que avance el fortalecimiento institucional y la toma de conciencia de todos estos abusos, privilegios e injusticias, iremos tomando las medidas y encontrando las soluciones para este tipo de casos», señaló el legislador.
«Todavía tenemos en muchos casos funcionarios en el Poder Judicial que han sido absolutamente cómplices y actores muy importantes del proceso de la dictadura militar», agregó Kunkel, quien integra el Consejo de la Magistratura.

Sin sentido
Además, acusó a los ex funcionarios de la dictadura de no tener «el más mínimo sentido de dignidad personal», y les atribuyó la «liquidación del patrimonio nacional».
Para el legislador, el 24 de marzo de 1976 -día del golpe militar que derrocó al Gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón- «se inició un plan cuidadosamente orquestado y preparado desde varios años antes».
En este sentido, destacó que la «cabeza pensante» de las «reformas económicas y culturales» que se llevaron adelante durante el proceso militar «era nada más y nada menos que Alfredo Martínez de Hoz», uno de los ex funcionarios que aún cobran una jubilación de privilegio.
Según el diputado, los militares «no tenían la capacidad intelectual» para llevar adelante el proceso.

 

 


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