| Se lo investiga al intendente por
comprar automotores sin licitación y nombramiento de personal.
Villa Pehuenia > En base a una denuncia
impulsada por sus propios compañeros del bloque de concejales
emepenistas, la Justicia avanza con las investigaciones para determinar
si el jefe comunal de esta localidad, Mauro Del Castillo, dispuso
la supuesta compra de automotores con fondos públicos sin realizar
el correspondiente llamado a licitación.
Asimismo, los ediles de Villa Pehuenia habrían denunciado en
la fiscalía de primera instancia de Zapala que dicha compra
y otras operaciones administrativas ejecutadas por Del Castillo se
hicieron, supuestamente, sin la debida autorización del resto
de los integrantes de la Comisión Municipal que preside el
funcionario en cuestión.
Otra de las presuntas irregularidades que le achacaron al jefe comunal
sería la supuesta incorporación de personal a dicha
comuna sin que exista una ordenanza al respecto.
Buscan pruebas
Según fuentes judiciales, las investigaciones impulsadas por
el fiscal de primera instancia de Zapala, Fernando Rubio comenzaron
el último lunes con un allanamiento realizado en la sede municipal
de Villa Pehuenia. Allí los investigadores secuestraron unidades
de almacenamiento (CPU) de dos computadoras y documentación
variada.
Ayer, Rubio seguía analizando el contenido de los discos rígidos
y el resto de los elementos secuestrados.
Del Castillo, siendo también concejal, preside dicha comisión
desde el 9 de julio del año pasado. Asumió sus funciones
junto al resto de los ediles de dicha comarca: Andrea Ricard, Luis
Ñanco y María Cumillan, por el MPN; y Eduardo López,
por el MUN.
Denuncia pública
La concejal emepenista Andrea Ricard fue la primera en denunciar a
Del Castillo. Lo acusó públicamente, a través
del programa “Piedra Libre” de FM “Ciudad”
de Zapala, “por manejarse como un monarca” en Villa Pehuenia.
Los duros relatos radiales de Ricard coincidieron con lo revelado
ayer por fuentes judiciales sobre el presunto pase a planta permanente
de un grupo de empleados, sin que exista una ordenanza que avale el
reclutamiento.
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