“Habría que intentar una reforma,
no se si legislativa o constitucional»

A casi diez años de haber iniciado la causa por la que estuvo detenido el ex Presidente Carlos Menem, el abogado penalista Ricardo Monner Sans dialogó con La Mañana de Neuquén sobre el actual estado de la Justicia, el comportamiento del actual gobierno en la materia y las prioridades que deberían marcarse en esta área para revertir algunos puntos conflictivos del Poder Judicial.

Desde su punto de vista, ¿en qué estado se encuentra hoy la justicia argentina?
Difícil su pregunta. Le damos valor a la palabra justicia, haciendo de ella un equivalente a la de jueces y a la de Poder Judicial y vale la pena aclarar que la justicia es un valor, mientras que el Poder Judicial debería ser el realizador de la idea de justicia. Yo también por comodidad expresiva, hablo del estado de ésta, pero debería tener una aspiración a ser concretada como valor que es.
En Poder judicial de la Nación, había algunas cosas el año pasado en el escenario nacional, realmente interesantes, como por ejemplo la auto-limitación del Ejecutivo Nacional respecto del cómo de la designación de los Ministros de la Corte Suprema. Lo que no tengo muy claro es en qué punto la ciudadanía y yo estamos percibiendo un cambio cualitativo de la cuestión. En el inicio de la última gestión gubernativa pareció que la higienización de la Corte iba de la mano de otro tema, pero -como observador político- me da la sensación de que ciertas cosas se fueron dejando de lado en función de las necesidades de si “(Felipe) Solá versus (Eduardo) Duhalde”, “Duhalde versus (Néstor) Kirchner”, “Kirchner y Solá”, “Solá, (Aníbal) Ibarra”... y por lo tanto nos viene ganando el día a día de un modo que se va aproximando a lo que queríamos que no se aproximara más cuando se escuchaba aquel grito de que se vayan todos.
La política es un tema de todos, muy importante hasta para los que dicen que no les interesa, porque les está interesando que todo siga como está. Creo que las expectativas que se tenían respecto de renovaciones sustantivas en el Poder Judicial Nacional y un mejor clima de investigación, no se están desarrollando plenamente.
Sobre el “estado” de la Justicia, puedo decirle que en Argentina siguen existiendo absurdamente las llamadas leyes secretas, lo cual es una contradicción en sus propios términos: si es ley no puede ser secreta, si es secreta no puede ser ley. Fundamentalmente las dictaduras militares, dictaron estas normas llamadas leyes secretas y lo cierto es que yo vengo bregando desde el año pasado, ante un fuero contencioso administrativo de la Capital Federal, para que se publiquen todas las leyes llamadas secretas porque éstas permitieron que María Julia Alsogaray y Oscar Camilión dijeran que recibían, además de su sueldo, un dinero negro, amparado por una de estas leyes secretas.
En el pleito que yo tengo abierto contra el Poder Ejecutivo Nacional para que ordene la publicación de esas normas y para que esas normas dejen de existir como clandestinas, observo que el Ejecutivo se opuso a la publicidad que reclamo de esas normas secretas.
Acaso, si uno fuera mal pensado, es porque ¿alguna de esas normas permite, si subsisten, el pago de dinero por izquierda? De cara a los temas de transparencia, me disgusta conocer que algunos medios periodísticos han censurado algunas informaciones importantes precisamente porque se está siendo muy generoso en el manejo de la pauta publicitaria de casi todos los diarios, no puedo referirme a los provinciales.
Hubo un envión inicial de la actual gestión que abrió más esperanzas institucionales que las que yo percibo hoy, por lo tanto hubo al principio una postura de jueces que llamó bien la atención pero luego todo ingresó en un sordina donde acabo de exponer algunos ejemplos respecto a un juicio de valor en general y no sólo relacionado con el Poder Judicial.
Algo que me pareció de primer nivel, fue un fallo de la Corte respecto del asesinato del General (Carlos) Prats en la República Argentina y del planteamiento que se hizo y se resolvió favorablemente sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Una determinación penosa de esta misma Corte, fue la relacionada con la pesificación. Me pareció que de nuevo ganaban los grandes grupos económicos y no la gente de a pie.

Si usted fuera el encargado de plantear una reforma estructural en la Justicia, ¿cuál sería la prioridad que marcaría?
La prioridad que marcaría sería quizás intentar una reforma, no sé si legislativa o preferentemente constitucional, donde el ciudadano y el habitante de mi país tuviera derecho de ser parte querellante en todos los delitos vinculados con el ejercicio del poder. Me ha ocurrido, en mi tarea de investigador de casos de corrupción, que llevé al escenario judicial, que al no ser yo el particularmente afectado no tengo derechos como el fiscal, no puedo proponer medidas de prueba, no puedo apelar.
A mí me parece que una forma fantástica de airear la realidad político-jurídica actual sería, como prioridad absoluta, que el ciudadano común tuviera en los delitos del poder -no en otros- la posibilidad de ejercer en plenitud todas las facultades que la ley confiere al fiscal para que las investigaciones puedan llegar a fondo y no depender de los humores de los jueces ni de los fiscales de turno. Esta creo que sería una de las decisiones centrales.

¿Cómo observó la gestión de Gustavo Beliz en la cartera de Justicia y qué opinión le merece hoy la actuación de Horacio Rosatti en el Ministerio?
De Horacio Rosatti yo sé realmente poco pero sí pareciera bastante lúcida su gestión ante los organismos internacionales, donde se están discutiendo las llamadas deudas argentinas. Le doy un ejemplo: en marzo de 1976 asume la dictadura militar y en mayo del mismo año se modifica el artículo primero del código procesal civil y comercial de la Nación y se permite el pacto de jurisdicción de controversias fuera del país.
En estos momentos, mientras el Ministro Rosatti hace determinados esfuerzos a favor de nuestra Nació, los bonos que está ofreciendo el Gobierno para el canje de la deuda llevan también la posibilidad de que el tribunal que tenga que intervenir frente al incumplimiento de esos bonos sea el Tribunal Internacional… acá se muestra la contradicción. Debería haber un cambio de la norma para que Argentina recuperara la decisión soberana de que los conflictos que le conciernen, se diriman en el país y no en los países que son precisamente los altamente desarrollados.
Respecto a Gustavo Béliz puedo decirle que llegó de la mano de un hombre cuyo pensamiento filosófico-social yo no comparto pero cuya trayectoria ética me consta y es Norberto Quantín. Creo que le tocó la más dura porque le tocó el embate contra la Corte y ninguno de ellos fue a hacerle el besamanos a la Corte, cosa que habitualmente hacen los Ministros de Justicia.
Igualmente, su pregunta me incita a formularme la siguiente: ¿no muestra la existencia de Beliz y la existencia de Rosatti que hay un Kirchner de aquel tiempo y uno de este otro tiempo? Es un planteo interesante que me hago.

¿Cree que en la sociedad, el impacto que causó la renovación parcial de la Corte Suprema, marca un antes y un después en la visión que los argentinos tienen hacia el Poder Judicial?
El año pasado, lo que usted describe era claramente visible. Sin embargo, la Corte -en el tema pesificación- demostró alinearse respecto al Poder Ejecutivo Nacional, en un fallo que además es técnicamente deficiente. Dijo (Eugenio) Zaffaroni -y me tomé de ello para pedir una investigación penal- que había que enjuiciar a todos los que hicieron el cuento del tío en el país con la llamada intangibilidad de los depósitos en moneda extranjera. Eso no sucedió, pero hay un tipo que se llama Ricardo Monner Sans que tomó eso y hoy está en plena investigación penal federal, quiénes pudieron ser los responsables de ese gran fraude a la credibilidad popular.

En líneas generales, ¿qué apreciación hace de la Administración del Presidente Néstor Kirchner?
Yo diría que hay un Kirchner que desconcierta porque, más allá de sus desplantes diplomáticos, no se sabe si él quiere mucho el Mercosur o no lo quiere nada. No haber ido a la Fundación de la Unión Sudamericana (cuando ésta se constituyó en Cuzco), haber apostado en el inicio a una transversalidad extraperonista para luego tener que ir bajando esa bandera e ir buscando socio de nuevo dentro del peronismo… sorprende.
Por otro lado, el Presidente apuesta todo a que salgamos bien parados del default y sobre esto quiero destacar que, para mí, en Argentina hubieron dos presidentes argentinos que pudieron haber pateado bien el tema de la deuda externa: uno fue Raúl Alfonsín porque no tenía porqué haber reconocido las obligaciones tomadas por la dictadura militar; había jurisprudencia internacional. El otro que tenía la misma posibilidad era Kirchner porque me parece que, más allá de cómo le vaya en el porcentaje de aceptación, no se está hablando de la transpiración posterior que va a significar un eventual cumplimiento de los acuerdos, si se llegan a estos.

Dejando de lado el tema del Poder Judicial y del Ejecutivo y yendo a uno de los puntos que más preocupan a la ciudadanía hoy, ¿en qué Estado se encuentra la Seguridad Pública en Argentina actualmente y qué iniciativas vería conveniente aplicar para reforzarla?
La seguridad pública tiene un aspecto de fotografía de lo inmediato y un aspecto de preguntarnos si sólo con esta imagen queda resuelto el tema. El concepto de la inseguridad es un problema de resultante de un modo económico social de vida. Pobres contra pobres y delincuencia que tiene en los resortes del poder, puntos de contacto. Yo no veo que haya una escuela hacia la reversión de este problema. Por lo tanto, si observo la cuestión cinematográficamente, no como fotografía estática sino en un dinamismo, me preocupa que no se esté haciendo nada de fondo respecto a la droga, no por el consumidor final sino porque en Argentina -en los últimos quince años- se convirtió en un país de alto consumo, ya no de alto tránsito.
Droga, juego, armas y prostitución en gran escala, son las cuatro patas de la mesa de una sociedad enferma donde la consecuencia de todo eso es la inseguridad… que no es una causa en sí misma. Todo el mecanismo de corrupción trae exclusión social y a mayor exclusión, mayor cantidad de expresiones delictivas.

El Ministro León Arslanián hoy está contento porque bajaron los índices de algunos delitos, pero la pregunta que es debería es ¿qué política se desarrolló en los últimos tiempos, tendiente a que la coyuntura no se entienda como la verdad definitiva?
Y qué vería adecuado…

¿considera que deben atacarse las causas y también sancionarse las consecuencias?
El ataque a las causas es lo primordial. Pero también haría falta saber qué es la inseguridad para las capas medias y bajas y qué significa para los sectores más altos. Creo que se verían grandes diferencias. Personalmente, estoy en contra de la mano dura.

Por último… el 15 de marzo de este año se cumplen diez años desde que inició la causa armas que produjo la detención de Carlos Menem. ¿Podría detallarnos cuál es la situación judicial en la que se encuentra actualmente el ex Presidente?
Durante bastante tiempo, la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia fue un tema federal, donde la figura del fiscal Carlos Stornelli y de la Cámara de Apelaciones permitieron avanzar y detener a Menem en Don Torcuato. El 20 de noviembre de 2001, la Corte de aquel entonces -por mayoría- definió que no existía el delito de decretos ideológicamente falsos y que entonces no estaba lo suficiente probada la asociación ilícita y que en todo caso le quedaba como remanente, el contrabando para ser investigado y el contrabando es delito que no se investiga en federal, sino en penal económico y por eso se va toda esa famosa causa a manos del juez en lo penal económico, Julio Speroni… un hombre que no se lució en la investigación.
Hoy por hoy, no sabemos si todas las investigaciones que debe realizar el Poder Ejecutivo, como querellante de esta causa, se están haciendo. Lo cierto es que hoy no veo muy nervioso al Gobierno como me pareció al principio de su gestión, de querer incitar mucho el cierre del ciclo del menemismo en el país. Desde mi punto de vista hay pruebas suficientes para que Carlos Menem esté preso… pero hoy tengo la sensación de que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que parecían violentamente antimenemistas el año pasado, este año no se muestran de la misma manera.