Mientras el gobierno nacional mantiene su
mirada firme sobre la evolución de los precios internos de la
carne, y no retira la amenaza de aumentar las retenciones a las exportaciones
del sector, el Ministerio de Economía dispuso una batería
de medidas para equilibrar el crecimiento de las ventas externas con
el consumo doméstico.
La semana pasada, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, volvió
a ser contundente sobre la intervención del Estado en la formación
de los precios domésticos. “Tenemos que quebrar la antinomia
entre la exportación y el mercado interno, y eso se logra con
más inversión, más producción y mayor productividad,
y el Estado debe coordinar los tiempos entre ambos mercados”,
admitió el funcionario.
En esa dirección apunta la estrategia que anunció el miércoles
el ministro Lavagna, junto al secretario de Agricultura, Miguel Campos.
Con la intención de producir más kilos de carne con el
actual stock de bovinos, y así poder atender la demanda externa
sin afectar los precios internos, a partir del 1° de noviembre se
modificará el actual sistema de clasificación y tipificación
de las carnes bovinas, vigente desde 1973.
Por 180 días estará prohibido mandar a faena animales
con un peso inferior a los 300 kilos. La política busca equiparar
el peso mínimo de nuestros animales con el de otros países
exportadores. En Uruguay, el peso es un 17 por ciento mayor y en Australia,
Estados Unidos y Nueva Zelanda, el rendimiento mínimo es de 250
kilos.
A pesar de que en los primeros cinco meses del año se observa
un aumento en el promedio del peso general de faena, los actuales 217
kilos por res son considerados bajos.
Aumentar el peso promedio de faena a 252 kilos por animal, el valor
al que aspira el Gobierno, equivaldría a alrededor de 240 mil
cabezas más por mes.
Con los nuevos parámetros, la media res del ternero tipo AA pasará
de los actuales 73 a 85 kilos, y se incrementa la escala de pesos en
siete kilos por media res para las categorías de novillitos y
vaquillonas. En un intento por evitar la faena clandestina, el Senasa
dispuso también la suspensión de la emisión de
guías ganaderas (DTA) para bovinos (terneros, terneras y mamones)
que no reúnan un peso límite.
Para justificar su intervención, el gobierno sostiene que en
el país se faenan 1,8 millón de terneros por año,
de los cuales el 37 por ciento se traduce al gancho en medias reses
que no superan los 55 kilos.
Desde la industria, los cambios en el sistema son calificados como razonable.
Si bien aseguran que se trata de una medida que apunta al mediano plazo
(entre tres y seis meses), a los frigoríficos les permitiría,
con la misma capacidad instalada, faenar animales con más peso
y obtener más kilos de carne sin aumentar los costos. “Son
más kilos de carne que van a salir para la exportación”,
evalúan los empresarios.
Desde los corrales, mientras tanto, se plantean interrogantes en el
corto plazo. Sin un acuerdo de precios que fije el valor de los cortes
de mayor demanda doméstica hasta el 1° de noviembre, cualquier
oscilación en la oferta se vería reflejado en los precios
de la hacienda en pie.
Los ganaderos aseguran que para adecuar los animales al nuevo peso se
necesita tener más tiempo los animales en el campo, con lo que
aumentan sus costos de producción.
La falta de incentivos para incorporar más kilos a los animales
es otra de las aristas angulosas de la medida.
En su momento, cuando la Secretaría de Agricultura impulsaba
un plan ganadero nacional, se barajó la alternativa de estimular
con la desgravación impositiva a los últimos 50 kilos
incorporados en animales de más de 420 kilos. Por el momento,
esta alternativa está cajoneada en el Ministerio de Economía,
debido al costo fiscal que representaría. Sin fomento nacional,
las provincias han intentado tomar la posta.