Así calificó el ministro
de Salud, Ginés González García, al fallo judicial
que autorizó interrumpir un embarazo a una mujer enferma.
Buenos Aires (NA) > El ministro de Salud de la
Nación, Ginés González García, destacó
ayer la importancia del fallo de la Suprema Corte bonaerense que autorizó
un aborto terapéutico en el caso de una mujer cuya vida corría
riesgo, al considerar que decisiones de ese tipo permitirán
disminuir la mortalidad materna.
González García subrayó que éste es «un
debate que debía hacerse en la sociedad», porque hasta
ahora -según sostuvo- «estaba debajo de la alfombra».
Si bien calificó de «buena noticia» la resolución
tomada por el alto tribunal de la provincia de Buenos Aires, que permite
abortar a una mujer de 35 años en delicado estado de salud,
lamentó la «gran cantidad de trámites» que
tuvo que hacer la paciente para lograr la autorización.
El ministro sostuvo que quiere «ampliar la despenalización
del aborto para disminuir la mortalidad materna», y consideró
que debe haber más casos de este tipo que no han salido a la
luz.
Al respecto, dijo que no hay diferencias entre la salud estatal y
la privada, aunque «el sistema público es el que informa
y hace más públicas este tipo de situaciones».
Fallo dividido
El alto tribunal bonaerense autorizó, por seis votos contra
tres, el pedido de una paciente de 35 años de edad, con serios
problemas de salud, a interrumpir un embarazo de cinco meses por considerar
que su vida corría peligro, según los informes médicos
presentados.
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense,
Héctor Negri, quien fue uno de los tres magistrados de ese
tribunal que se pronunciaron en contra de autorizar el aborto terapéutico,
afirmó que votó «a favor de la vida».
En este sentido, el juez sostuvo que «no existe en el derecho
argentino» una norma que lo habilite «a disponer la muerte
de una persona».
En referencia al artículo 86 inciso 1 del Código Penal,
que faculta a los médicos, con el aval de la paciente, a realizar
abortos terapéuticos cuando la paciente corre riesgo, Negri
aclaró que «el hecho realizado en esas condiciones no
es punible», pero señaló que en este caso la situación
fue diferente, porque lo que se planteó es el pedido de autorización
formulado por un matrimonio.
Las objeciones de los católicos
Buenos Aires > “El deber de todo profesional
de la medicina es defender la vida (tanto la de la madre como la del
niño por nacer) y, en este esfuerzo, debe empeñar todos
los medios a su alcance. Nunca, la muerte intencional de un paciente
(máxime cuando es sano) puede ser una opción terapéutica
para curar a otro enfermo”. Así lo afirmó ayer
el coordinador del Instituto de Bioética de la Universidad
Católica Argentina (UCA), presbítero Rubén Revello.
El catedrático remarcó que “la vida física
de cada individuo representa el primer fundamento de la persona humana
y se vuelve indispensable a la hora de sostener todos los demás
derechos humanos. De modo que defender los derechos humanos es defender,
en primer lugar, la vida de cada ser humano”.
En un comunicado difundido por la agencia de noticias católica
AICA, Revello remarcó que “la ciencia es para la vida
y su compromiso es custodiarla y sostenerla. La sociedad es para la
persona y su defensa debe ser nuestro compromiso ético fundamental”. |