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Por LAURA E. ROTUNDO
A casi diez años de haber iniciado la causa por la que estuvo
detenido el ex Presidente Carlos Menem, el abogado penalista Ricardo
Monner Sans dialogó con La Mañana de Neuquén
sobre el actual estado de la Justicia, el comportamiento del actual
gobierno en la materia y las prioridades que deberían marcarse
en esta área para revertir algunos puntos conflictivos del
Poder Judicial.
Desde su punto de vista, ¿en qué estado se
encuentra hoy la justicia argentina?
Difícil su pregunta. Le damos valor a la palabra justicia,
haciendo de ella un equivalente a la de jueces y a la de Poder Judicial
y vale la pena aclarar que la justicia es un valor, mientras que el
Poder Judicial debería ser el realizador de la idea de justicia.
Yo también por comodidad expresiva, hablo del estado de ésta,
pero debería tener una aspiración a ser concretada como
valor que es.
En Poder judicial de la Nación, había algunas cosas
el año pasado en el escenario nacional, realmente interesantes,
como por ejemplo la auto-limitación del Ejecutivo Nacional
respecto del cómo de la designación de los Ministros
de la Corte Suprema. Lo que no tengo muy claro es en qué punto
la ciudadanía y yo estamos percibiendo un cambio cualitativo
de la cuestión. En el inicio de la última gestión
gubernativa pareció que la higienización de la Corte
iba de la mano de otro tema, pero -como observador político-
me da la sensación de que ciertas cosas se fueron dejando de
lado en función de las necesidades de si “(Felipe) Solá
versus (Eduardo) Duhalde”, “Duhalde versus (Néstor)
Kirchner”, “Kirchner y Solá”, “Solá,
(Aníbal) Ibarra”... y por lo tanto nos viene ganando
el día a día de un modo que se va aproximando a lo que
queríamos que no se aproximara más cuando se escuchaba
aquel grito de que se vayan todos.
La política es un tema de todos, muy importante hasta para
los que dicen que no les interesa, porque les está interesando
que todo siga como está. Creo que las expectativas que se tenían
respecto de renovaciones sustantivas en el Poder Judicial Nacional
y un mejor clima de investigación, no se están desarrollando
plenamente.
Sobre el “estado” de la Justicia, puedo decirle que en
Argentina siguen existiendo absurdamente las llamadas leyes secretas,
lo cual es una contradicción en sus propios términos:
si es ley no puede ser secreta, si es secreta no puede ser ley. Fundamentalmente
las dictaduras militares, dictaron estas normas llamadas leyes secretas
y lo cierto es que yo vengo bregando desde el año pasado, ante
un fuero contencioso administrativo de la Capital Federal, para que
se publiquen todas las leyes llamadas secretas porque éstas
permitieron que María Julia Alsogaray y Oscar Camilión
dijeran que recibían, además de su sueldo, un dinero
negro, amparado por una de estas leyes secretas.
En el pleito que yo tengo abierto contra el Poder Ejecutivo Nacional
para que ordene la publicación de esas normas y para que esas
normas dejen de existir como clandestinas, observo que el Ejecutivo
se opuso a la publicidad que reclamo de esas normas secretas.
Acaso, si uno fuera mal pensado, es porque ¿alguna de esas
normas permite, si subsisten, el pago de dinero por izquierda? De
cara a los temas de transparencia, me disgusta conocer que algunos
medios periodísticos han censurado algunas informaciones importantes
precisamente porque se está siendo muy generoso en el manejo
de la pauta publicitaria de casi todos los diarios, no puedo referirme
a los provinciales.
Hubo un envión inicial de la actual gestión que abrió
más esperanzas institucionales que las que yo percibo hoy,
por lo tanto hubo al principio una postura de jueces que llamó
bien la atención pero luego todo ingresó en un sordina
donde acabo de exponer algunos ejemplos respecto a un juicio de valor
en general y no sólo relacionado con el Poder Judicial.
Algo que me pareció de primer nivel, fue un fallo de la Corte
respecto del asesinato del General (Carlos) Prats en la República
Argentina y del planteamiento que se hizo y se resolvió favorablemente
sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Una determinación
penosa de esta misma Corte, fue la relacionada con la pesificación.
Me pareció que de nuevo ganaban los grandes grupos económicos
y no la gente de a pie.
Si usted fuera el encargado de plantear una reforma estructural
en la Justicia, ¿cuál sería la prioridad que
marcaría?
La prioridad que marcaría sería quizás
intentar una reforma, no sé si legislativa o preferentemente
constitucional, donde el ciudadano y el habitante de mi país
tuviera derecho de ser parte querellante en todos los delitos vinculados
con el ejercicio del poder. Me ha ocurrido, en mi tarea de investigador
de casos de corrupción, que llevé al escenario judicial,
que al no ser yo el particularmente afectado no tengo derechos como
el fiscal, no puedo proponer medidas de prueba, no puedo apelar.
A mí me parece que una forma fantástica de airear la
realidad político-jurídica actual sería, como
prioridad absoluta, que el ciudadano común tuviera en los delitos
del poder -no en otros- la posibilidad de ejercer en plenitud todas
las facultades que la ley confiere al fiscal para que las investigaciones
puedan llegar a fondo y no depender de los humores de los jueces ni
de los fiscales de turno. Esta creo que sería una de las decisiones
centrales.
¿Cómo observó la gestión de Gustavo
Beliz en la cartera de Justicia y qué opinión le merece
hoy la actuación de Horacio Rosatti en el Ministerio?
De Horacio Rosatti yo sé realmente poco pero sí
pareciera bastante lúcida su gestión ante los organismos
internacionales, donde se están discutiendo las llamadas deudas
argentinas. Le doy un ejemplo: en marzo de 1976 asume la dictadura
militar y en mayo del mismo año se modifica el artículo
primero del código procesal civil y comercial de la Nación
y se permite el pacto de jurisdicción de controversias fuera
del país.
En estos momentos, mientras el Ministro Rosatti hace determinados
esfuerzos a favor de nuestra Nació, los bonos que está
ofreciendo el Gobierno para el canje de la deuda llevan también
la posibilidad de que el tribunal que tenga que intervenir frente
al incumplimiento de esos bonos sea el Tribunal Internacional…
acá se muestra la contradicción. Debería haber
un cambio de la norma para que Argentina recuperara la decisión
soberana de que los conflictos que le conciernen, se diriman en el
país y no en los países que son precisamente los altamente
desarrollados.
Respecto a Gustavo Béliz puedo decirle que llegó de
la mano de un hombre cuyo pensamiento filosófico-social yo
no comparto pero cuya trayectoria ética me consta y es Norberto
Quantín. Creo que le tocó la más dura porque
le tocó el embate contra la Corte y ninguno de ellos fue a
hacerle el besamanos a la Corte, cosa que habitualmente hacen los
Ministros de Justicia.
Igualmente, su pregunta me incita a formularme la siguiente: ¿no
muestra la existencia de Beliz y la existencia de Rosatti que hay
un Kirchner de aquel tiempo y uno de este otro tiempo? Es un planteo
interesante que me hago.
¿Cree que en la sociedad, el impacto que causó
la renovación parcial de la Corte Suprema, marca un antes y
un después en la visión que los argentinos tienen hacia
el Poder Judicial?
El año pasado, lo que usted describe era claramente
visible. Sin embargo, la Corte -en el tema pesificación- demostró
alinearse respecto al Poder Ejecutivo Nacional, en un fallo que además
es técnicamente deficiente. Dijo (Eugenio) Zaffaroni -y me
tomé de ello para pedir una investigación penal- que
había que enjuiciar a todos los que hicieron el cuento del
tío en el país con la llamada intangibilidad de los
depósitos en moneda extranjera. Eso no sucedió, pero
hay un tipo que se llama Ricardo Monner Sans que tomó eso y
hoy está en plena investigación penal federal, quiénes
pudieron ser los responsables de ese gran fraude a la credibilidad
popular.
En líneas generales, ¿qué apreciación
hace de la Administración del Presidente Néstor Kirchner?
Yo diría que hay un Kirchner que desconcierta porque,
más allá de sus desplantes diplomáticos, no se
sabe si él quiere mucho el Mercosur o no lo quiere nada. No
haber ido a la Fundación de la Unión Sudamericana (cuando
ésta se constituyó en Cuzco), haber apostado en el inicio
a una transversalidad extraperonista para luego tener que ir bajando
esa bandera e ir buscando socio de nuevo dentro del peronismo…
sorprende.
Por otro lado, el Presidente apuesta todo a que salgamos bien parados
del default y sobre esto quiero destacar que, para mí, en Argentina
hubieron dos presidentes argentinos que pudieron haber pateado bien
el tema de la deuda externa: uno fue Raúl Alfonsín porque
no tenía porqué haber reconocido las obligaciones tomadas
por la dictadura militar; había jurisprudencia internacional.
El otro que tenía la misma posibilidad era Kirchner porque
me parece que, más allá de cómo le vaya en el
porcentaje de aceptación, no se está hablando de la
transpiración posterior que va a significar un eventual cumplimiento
de los acuerdos, si se llegan a estos.
Dejando de lado el tema del Poder Judicial y del Ejecutivo
y yendo a uno de los puntos que más preocupan a la ciudadanía
hoy, ¿en qué Estado se encuentra la Seguridad Pública
en Argentina actualmente y qué iniciativas vería conveniente
aplicar para reforzarla?
La seguridad pública tiene un aspecto de fotografía
de lo inmediato y un aspecto de preguntarnos si sólo con esta
imagen queda resuelto el tema. El concepto de la inseguridad es un
problema de resultante de un modo económico social de vida.
Pobres contra pobres y delincuencia que tiene en los resortes del
poder, puntos de contacto. Yo no veo que haya una escuela hacia la
reversión de este problema. Por lo tanto, si observo la cuestión
cinematográficamente, no como fotografía estática
sino en un dinamismo, me preocupa que no se esté haciendo nada
de fondo respecto a la droga, no por el consumidor final sino porque
en Argentina -en los últimos quince años- se convirtió
en un país de alto consumo, ya no de alto tránsito.
Droga, juego, armas y prostitución en gran escala, son las
cuatro patas de la mesa de una sociedad enferma donde la consecuencia
de todo eso es la inseguridad… que no es una causa en sí
misma. Todo el mecanismo de corrupción trae exclusión
social y a mayor exclusión, mayor cantidad de expresiones delictivas.
El Ministro León Arslanián hoy está
contento porque bajaron los índices de algunos delitos, pero
la pregunta que es debería es ¿qué política
se desarrolló en los últimos tiempos, tendiente a que
la coyuntura no se entienda como la verdad definitiva?
Y qué vería adecuado…
¿considera que deben atacarse las causas y también
sancionarse las consecuencias?
El ataque a las causas es lo primordial. Pero también
haría falta saber qué es la inseguridad para las capas
medias y bajas y qué significa para los sectores más
altos. Creo que se verían grandes diferencias. Personalmente,
estoy en contra de la mano dura.
Por último… el 15 de marzo de este año
se cumplen diez años desde que inició la causa armas
que produjo la detención de Carlos Menem. ¿Podría
detallarnos cuál es la situación judicial en la que
se encuentra actualmente el ex Presidente?
Durante bastante tiempo, la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador
y a Croacia fue un tema federal, donde la figura del fiscal Carlos
Stornelli y de la Cámara de Apelaciones permitieron avanzar
y detener a Menem en Don Torcuato. El 20 de noviembre de 2001, la
Corte de aquel entonces -por mayoría- definió que no
existía el delito de decretos ideológicamente falsos
y que entonces no estaba lo suficiente probada la asociación
ilícita y que en todo caso le quedaba como remanente, el contrabando
para ser investigado y el contrabando es delito que no se investiga
en federal, sino en penal económico y por eso se va toda esa
famosa causa a manos del juez en lo penal económico, Julio
Speroni… un hombre que no se lució en la investigación.
Hoy por hoy, no sabemos si todas las investigaciones que debe realizar
el Poder Ejecutivo, como querellante de esta causa, se están
haciendo. Lo cierto es que hoy no veo muy nervioso al Gobierno como
me pareció al principio de su gestión, de querer incitar
mucho el cierre del ciclo del menemismo en el país. Desde mi
punto de vista hay pruebas suficientes para que Carlos Menem esté
preso… pero hoy tengo la sensación de que el Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, que parecían violentamente antimenemistas
el año pasado, este año no se muestran de la misma manera.
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