| El ex presidente declaró ayer
ante el juez Julio Speroni. Buenos Aires (Corresponsalía)
> Carlos Menem admitió ayer ante el juez federal
Julio Speroni que durante su gestión hubo dinero para gastos
reservados amparados en la ley secreta 18.302, cuyo uso quedó
“librado al libre albedrío y a cuestiones éticas”
de quienes los recibían, en general ministros y secretarios
de Estado de su Gabinete. No obstante, aseguró que nunca pagó
ni cobró ese tipo de sobresueldos y aclaró: “puedo
hablar por mí, no por mis ministros”.
El ex presidente se sumó a la larga lista de funcionarios menemistas
que ante distintos juzgados y por diferentes causas que investigan
su presunto crecimiento patrimonial con fondos públicos, respondieron
acerca del otorgamiento de refuerzos salariales a través de
sobres que se pagaban desde el Ejecutivo y que –se supone- provenían
de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE).
Declaración
En este caso, fue como consecuencia de una declaración del
ex ministro de Defensa, Oscar Camillión, quien en el marco
de la causa que investiga el contrabando de armas a Ecuador y Croacia,
declaró el año pasado que los dos millones de dólares
que tiene depositados en Suiza son producto de los sobresueldos que
le pagaba el Poder Ejecutivo y no –como se especula- parte de
la coima recibida por la triangulación de armas.
La de ayer fue la primera visita que realiza Menem a Tribunales en
calidad de imputado desde su regreso al país, tras permanecer
prófugo de la Justicia como consecuencia de su negativa a acudir
a las citaciones a indagatoria que le formularon los jueces Norberto
Oyarbide y Jorge Urso en otras dos causas, la que investiga la omisión
de parte de sus propiedades en su declaración de bienes, y
la que intenta develar si se pagaron sobreprecios en la construcción
de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz.
Perseguido
Según testigos de la indagatoria, este hecho fue destacado
por Menem para sostener –sin éxito- frente al juez Speroni
su condición de “perseguido político”, una
figura que viene utilizando para victimizarse frente a las numerosas
causas judiciales en las que aparece involucrado.
Ante el magistrado que lo investiga por los presuntos delitos de “contrabando
agravado y enriquecimiento ilícito” en el marco de la
causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia, el ex presidente
negó haber incrementado su patrimonio durante su paso por la
gestión. También respondió a un interrogatorio
del juez acerca de un decreto de 1992 que autorizaba una venta de
armas a Bolivia, y que, se presume, habría sido usado para
desviar el armamento a Croacia, país que estaba impedido de
recibir ese tipo de pertrechos por el conflicto bélico de los
Balcanes.
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