| Por LAURA E. ROTUNDO
Héctor Recalde es un reconocido Abogado Laboralista, de una
vasta trayectoria en lo vinculado al movimiento obrero argentino.
Como asesor letrado de la Confederación General del Trabajo
(CGT), este hombre de leyes dialogó extensamente con La Mañana
de Neuquén y detalló cuáles son las debilidades
del actual mercado laboral.
Un breve repaso del cumplimiento de los derechos del trabajador -desde
el restablecimiento de la democracia al presente-, la falta de credibilidad
manifestada hacia los sindicalistas por parte de la sociedad y el
rol del Estado frente a las condiciones actuales en las que se encuentran
los empleados son algunos de los puntos que Recalde desarrolla con
declaraciones muy realistas, en el siguiente reportaje.
¿Podría resumir brevemente la evolución
del cumplimiento de los derechos de los trabajadores en nuestro país,
desde el restablecimiento de la democracia hasta la actualidad?
Ante todo, me parece importante destacar que -antes de 1983- la sociedad
argentina está en deuda con los trabajadores. Cuando la dictadura
militar asoló el país, la Ley de Contrato de Trabajo
hizo desaparecer 27 artículos, los derogó y modificó
otros 99: todos en contra del trabajador o por lo menos, la inmensa
mayoría. Esto sucedió en una disposición de más
de 300 artículos, por lo que se tocó una tercera parte
de ellos.
En 1983, después de la primera acción colectiva contra
la dictadura militar que fue el 27 de abril de 1979 -un paro nacional
registrado por el movimiento obrero y al recordar esta acción,
quiero resaltar el aporte que hizo este sector para recuperar la democracia-,
la sociedad argentina estuvo muy remisa para devolverle derechos a
los trabajadores. Recién en 1988, son restituidas las facultades
colectivas: vuelve a ponerse en vigencia la Ley 14.250 (del Convenio
Colectivo de Trabajo), se modifica y se reanuda el funcionamiento
de las obras sociales sindicales (con las leyes 23.660 y 23.661) y
se sanciona una nueva norma de asociaciones sindicales de trabajadores
(con la ley 23.551). Todo esto fue sucediendo en materia de derechos
colectivos, pero en materia de derechos individuales... nada.
Después viene el menemismo e inmediatamente, a partir de 1989
comienza una nueva gran regresión. Los primeros dos decretos
tienen que ver con el pago en negro: deshabilitar el pago de remuneraciones
con los llamados ‘ticket canasta’ y después vienen
los contratos basura, los límites a la negociación colectiva,
el decreto reglamentario de huelga, toda una serie de atrocidades.
En 1995 tuvimos una retahila de leyes flexibilizadoras como la Ley
de Pequeñas y Medianas Empresas, otra que aumentaba los contratos
basura e imponía el período de prueba, otra que modificaba
la de concursos y quiebras, más tarde la maldita Ley de Riesgos
del Trabajo y la de conciliación laboral obligatoria.
Luego aparece una ley terrible -que se sanciona durante el mandato
de Erman González al frente de la cartera de trabajo- que rebajó
las indemnizaciones por despido a niveles increíbles.
En diciembre de 1999, llega la Alianza y la Ley Banelco -la 25.250
sobre la cuestionada Reforma Laboral-. El gobierno de (Eduardo) Duhalde
no tocó legislación de fondo, sí hubo alguna
reglamentación que tendía a proteger la fuente de empleo
que fue la Ley de Emergencia Económica y Social -que suspendió
los despidos sin causa justificada-. En 2003 asume el actual gobierno
y las primeras declaraciones del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada,
aseguraron que no se tocaría la legislación. Nosotros
-desde la CGT disidente y el Movimiento de Trabajadores Argentinos
(MTA)- sostuvimos que sí, que era necesario tocarla y había
que revisar todo. No se examinó la legislación hasta
que devino en la realidad quien fuera Secretario Parlamentario del
Senado durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, Mario Pontaquarto
que hoy nuevamente está en los diarios... lo cierto es que
hicimos una batalla frontal contra la flexibilización laboral
y contra la llamada Ley Banelco.
Con mención a esta última ley, escribí un libro
que se llama ‘Crónica de una ley negociada’ y redacté
un artículo sobre estos guantes del conocimiento de las coimas,
donde hablaba de reforma laboral o plan canje porque parecía
que estaban canjeando derechos...
Declara Pontaquarto y ya no hay más remedio que modificar la
ley. Desde la CGT disidente, yo le expresé al Ministro de Trabajo
la necesidad de revisar la legislación... desde la dictadura
en adelante. No fue posible pero el Gobierno se comprometió
a hacerlo: dijo que en un primera etapa se sacaría la Ley Banelco
y en una segunda, se revisaría todo. Estoy esperando que se
cumpla con esa segunda parte.
¿Cuáles son -desde su visión- las principales
problemáticas que enfrenta hoy por hoy el mercado laboral en
Argentina?
El empleo. Aunque haya descendido, el índice de desocupación
está situado en no menos del 17 por ciento porque yo no puedo
computar como ocupado a un Jefe o Jefa de Hogar porque tiene un subsidio.
Es cierto que alguna reactivación hay pero mi calculo es que
un 17 por ciento de la población no tiene trabajo y esto esclaviza,
somete. El trabajador no es libre en el ámbito de su relación
laboral, en la medida que haya tanta desocupación, por el pánico
que genera la circunstancia de poder perder el empleo.
Mientras no se corrija este problema, va a ser muy complejo el tema
de las reivindicaciones... se van a dar pero obtenerlas resultará
muy difícil.
A nivel jurídico y a grandes rasgos, ¿cuáles
son hoy los derechos del trabajador que menos se respetan?
Creo que la pregunta se contesta con la estadística. Nosotros
tenemos más de la mitad de los trabajadores en negro y no se
respetan porque estos últimos tienen todos los derechos que
tienen los trabajadores en blanco... es más, tienen derecho
a un 25 por ciento más del sueldo que le pagan en negro y si
lo despiden se duplica la indemnización. Hoy sería un
360 por ciento a partir de que ‘la doble ya no es doble’
sino de un 80 por ciento más.
La jornada también es un derecho que no se respeta. En Argentina
hay un fenómeno antisolidario en absoluto que es que los trabajadores
están obligados a trabajar en exceso de la jornada legal. Esta
sobreocupación, si se evitara o si se consiguiera que se hiciera
realidad el límite de ocho horas diarias o 48 horas semanales,
no estaríamos creando empleo pero sí repartiéndolo
entre 900.000 desocupados y esto no es poca cosa.
Y entonces... ¿cuál sería el camino
que hay que tomar para revertir el deterioro laboral existente en
el país y para poder consumar todo lo expresado en el artículo
14 bis de la Constitución Nacional?
Deberían hacerse transformaciones estructurales que sólo
pueden darse desde el poder político porque el movimiento obrero,
a partir de esta desocupación, no cuenta con la fortaleza como
para lograr que se imponga esto. Nos referimos a que impongan el cumplimiento
de la Constitución Nacional, no hablamos de un golpe de Estado
sino de una exigencia: cumplan con la Constitución.
Desde su visión, ¿considera que el gobierno
del Presidente Néstor Kirchner está aplicando políticas
realmente favorables para los trabajadores en general?
Avanza, con lentitud y escasez.
Pero, por ejemplo... ¿observa apropiado que en esta
etapa, el Gobierno siga aumentando salarios por decreto o cree que
las negociaciones deben darse solamente entre el empresariado y los
trabajadores, por las vías vigentes en la legislación?
Creo que el sistema normal es el convenio colectivo de trabajo pero
está visto que la debilidad de la que venimos hablando, hace
que las empresas no reconozcan el reclamo de los sindicatos en los
convenios y ahí aparece el rol del Estado, que no es un decreto.
Cuando uno dice decreto, que es así formalmente, pero parece
que fuera una calificación peyorativa. Cuando yo trabajaba
en una oficina y ascendían a alguno que no merecía ese
reconocimiento, con los demás compañeros decíamos:
«a ese lo ascendieron por decreto». Esto es el ejercicio
de una facultad delegada por el Congreso Nacional -de acuerdo al artículo
76 de nuestra Constitución-, es decir que está legislando...
la forma es un decreto pero el Poder Ejecutivo está legislando
dando un aumento y éste es el rol del Estado: equilibrar las
condiciones sociales cuando existe un profundo desequilibrio como
el que está presente en nuestra patria en este momento.
Ya que hace referencia al rol del Estado... hace ya algún
tiempo, usted afirmó a un medio -refiriéndose a las
condiciones laborales que se manifiestan en nuestro país- que
«no hay un Estado ausente, sino un Estado cómplice».
¿Cree que el Estado no ejerce adecuadamente el rol de supervisor
para asegurarse que los argentinos trabajan en circunstancias dignas?
Es cierto, esas declaraciones las hice hace ya algún tiempo
pero para demostrar la coherencia de lo expresado... yo suelo decir
que al Estado lo diferencio de los gobiernos porque el Estado, estructuralmente,
no tiene capacidad de control. Vale la pena hacer memoria y recordar
que una vez al General (Juan Domingo) Perón le preguntaron
cuál era la mejor ley laboral y él respondió:
«la que hiciera cumplir las leyes que existen».
Entonces lo que reclamo es un control social sobre el cumplimiento
de las leyes... Ministerio de Trabajo, cámaras empresarias,
sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales que tengan especial
versación en temas laborales, trabajar con las Universidades
y con los Colegios de Abogados para generar un cambio de cultura,
buscando el acatamiento de la norma y no para combatir el trabajo
en negro por ejemplo, sino para erradicarlo. Es necesario llegar al
lugar donde está el trabajador en negro que es un desaparecido
social y al primer vulnerable que hay que proteger... pero ver qué
sucede con el pequeño empresario. Hay que capacitarlo, enseñarlo
y ayudarlo.
Esto ha sido declamado por todos los gobiernos, por ejemplo con un
artículo de las leyes -tanto en la Banelco como en la Pontaquarto,
que así la denominan algunos a la última- llamado simplificación
registrada, lo que significa que el empleador no tenga que hacer tantos
trámites para poner en regla a un trabajador... esto no se
cumplió. Exagerando, yo digo que el Ministerio de Trabajo tendría
que hacerle estas gestiones.
¿Cree entonces que para las Pymes debería aminorarse
la carga tributaria en la contratación y el despido de empleados
o en las contribuciones a la seguridad social? u ¿opina que
esto no es un aspecto importante para la competitividad del sector?
No deberían reducirse en el despido de empleados o de obreros.
No hay empleados diferentes: no existen pequeños, medios y
grandes. Son todos iguales. Uno, en todo caso, tiene que distinguir
entre los desiguales que son las empresas, ayudándolas. Los
medios que los busque el Gobierno... yo no soy tributarista, tampoco
economista pero tengo conocimiento de lo que establece la Constitución
Nacional y conozco las necesidades y los derechos de los trabajadores.
Respecto al tema de la competitividad, bajar los aportes a la seguridad
social desfinanciaría el sistema como viene pasando con los
aumentos no remunerativos, con las rebajas de aportes y contribuciones
que vinieron de la mano de el ex Ministro (Domingo) Cavallo.
Es necesario ayudar a las empresas, no malversar los recursos de la
seguridad social ni tampoco defraudar los derechos de los trabajadores
porque tienen poco compañeros, para mencionar el caso de alguien
que por ejemplo, trabaja en una pequeña empresa.
Si hacemos referencia a los sindicalistas... ¿cree
que sufren una crisis de credibilidad, por parte de los trabajadores
en general? Y si es así ¿cuáles son las principales
causas que generan cierta desconfianza hacia los dirigentes gremiales?
Hay un menú de razones... la primera podríamos graficarla
así: si usted va a un abogado y no le gana el juicio, se lo
pierde, demora mucho, aunque no tenga la culpa el abogado y usted
no se haya ocupado de conseguir los testigos por ejemplo, no va a
volver nunca más a contratar sus servicios... con los sindicatos
pasa algo así. No perdieron muchas cosas desde la dictadura
militar en adelante y se agrava esto con el menemismo.
Durante el Proceso, el trabajador era consciente de que era imposible
para los gremios obtener cosas. Tal es así, que en 1977 se
dicta un decreto que hace caducar todas las afiliaciones sindicales
obligando al que quiera una actitud activa de reafiliación,
que finalmente fue superior al padrón preexistente.
Otro motivo tiene que ver con que, durante el menemismo hubo un sector
sindical que se comprometió con el gobierno y se dividió.
No todos tuvieron la misma actitud. Ahora, a partir de la unificación
de la CGT empezamos a obtener resultados. Por ejemplo... salimos de
diez años de ilegalidad con el Consejo de Salario mínimo
convocado este año. Los gremios del MTA, con mi patrocinio
letrado, hicieron un juicio de amparo contra el Estado en los últimos
momentos de (Carlos) Menem como Presidente, reclamando que se convoque
y el Gobierno se comprometió a convocar pero mintió
como solía hacerlo... pero salimos de la ilegalidad.
Por último, la misma desocupación hace que el trabajador
tenga miedo de afiliarse o participar por temor al despido.
¿Piensa que hay suficiente democracia interna en la
dirigencia sindical o cree que deben incluirse cambios en la legislación
para volverlos más legítimos?
A la primera parte de su pregunta, creo que tiene que haber más
democracia. A la segunda parte, la ley -que es perfectible- era a
mi criterio... buenísima y no porque yo haya sido uno de los
redactores pero asegura la libertad sindical y la democracia sindical.
Fue distorsionada por la mayoría automática de la corte
y por el uso abusivo del Ministerio de Trabajo, pero la ley en sí
es buena y perfectible como toda obra humana. Hay que intensificar
la democracia sindical interna y cuando hay corruptela en los sindicatos
es porque el Ministerio de Trabajo lo permite.
¿Cree que las condiciones actuales en las que se encuentra
el mercado laboral tenderán a mejorar o a profundizarse?
Tengo absoluta fe en la capacidad transformadora del movimiento obrero
y del pueblo, asi que... a Dios rogando y con el mazo dando.
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