| En el 2001 la Corte debió atender
14 mil recursos ordinarios, lo que motivó la incorporación
de más personal y que provocó que se quedara con el 30
% del presupuesto judicial. Buenos Aires (Télam)
> Diputados justicialistas, radicales y del ARI acordaron
avanzar en la sanción de un proyecto que limita la posibilidad
de litigar ante la Corte Suprema, para que ese tribunal vuelva a ocuparse
centralmente de ser intérprete de la Constitución Nacional.
El objetivo de esta iniciativa es evitar que se puedan seguir presentando
recursos ordinarios ante la Corte Suprema, lo que ha permitido que
el tribunal deba analizar 14 mil demandas como sucedió en el
2001, lo que desvirtua su función y lo convierte en un tribunal
de Alzada.
Para los legisladores, esta reforma es crucial para poder agilizar
la tarea de la Corte Suprema, luego de la renovación que se
produjo con las renuncias de Julio Nazareno, Guillermo López
y Adolfo Vázquez, y la destitución de Eduardo Moline
O’Connor, quienes han integrado la denominada «mayoría
automática».
La derogación de competencias de la Corte Suprema que adquirió
en los últimos años también obligará a
reducir sustancialmente su personal, ya que se nombró una cantidad
significativo de secretarios letrados, lo que implicó que el
tribunal tuvo que acaparar casi el 30 por ciento del presupuesto del
Poder Judicial.
Iniciativa
La idea de sancionar una ley para limitar la competencia
de la Corte Suprema surgió a partir de un proyecto presentado
por la diputada del ARI Marcela Rodríguez el pasado 2 de agosto,
que ya cosechó el respaldo del justicialismo y del radicalismo
en la Comisión de Justicia.
En ese sentido, la diputada Rodríguez señaló
que hay un fuerte apoyo de las entidades de derecho de reducir la
jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema a raíz de
la «enorme cantidad de causas que se tramitan ante dicho tribunal»
lo cual «redunda en un mal funcionamiento y en una escasa capacidad
de decisión sobre temas de trascendencia institucional, propios
de su específica jurisdicción constitucional».
Señaló que de acuerdo a las estadísticas del
Poder Judicial, durante el 2001 la Corte Suprema resolvió 14903
causas judiciales, una cantidad desproporcionada teniendo en cuenta
que no es un tribunal de alzada sino un mecanismo institucional destinados
a la interpretación constitucional.
Por su parte, el justicialista Gerardo Conte Grand aseguró
que hay «un consenso unánime en la comisión de
Justicia para que la Corte Suprema no puede seguir atendiendo la cantidad
de causas por medio de la presentación de recursos ordinarios»
como sucedió en los 10 años últimos.
Recursos ordinarios
En tanto, el vicepresidente de la comisión de Justicia,
el radical Pascual Cappelleri, dijo que «se deben derogar las
competencias de la Corte Suprema para litigar en recursos ordinarios
porque no puede ser que se haya convertido en un tribunal de alzada».
De todos modos, los legisladores de esa comisión aún
mantienen algunas diferencias sobre si se deben derogar todas las
competencias que hoy tiene la Corte Suprema o se debe dejar al Estado
la posibilidad de recurrir al máximo tribunal cuando está
en juego un monto considerable del erario público.
Lo concreto es que existe un amplio consenso en que se deben limitar
las posibilidad de apelar a la Corte Suprema por medio de recursos
ordinarios de temas previsionales como habilita la ley de Solidaridad
Previsional, en temas criminales, o en las extradiciones. |
