Buenos Aires, (Télam) >
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, presentará el próximo
lunes en París un duro alegato contra la demanda entablada
al Estado nacional por accionistas de la empresa Transportadora Gas
del Norte (TGN) en el tribunal arbitral internacional del Banco Mundial
(CIADI), por la pesificación de las tarifas dispuesta en enero
de 2002.
La demanda fue promovida por la estadounidense CMS Gas Transmission
Compañy, accionista de TGN, que reclama al Estado 265 millones
de dólares al considerarse damnificada por la pesificación
de las tarifas de servicios dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde
tras la devaluación, y que originalmente estaban pactadas en
dólares en el contrato de concesión.
Argumentos
El ministro defenderá la posición argentina bajo el
argumento de que los laudos en jurisdicción de tribunales internacionales
violan el derecho argentino, informaron ayer fuentes de Justicia.
La empresa había presentado el caso en el CIADI bajo el argumento
de que durante la privatización de los servicios públicos,
la administración de Carlos Menem cedió la jurisdicción
nacional al tribunal internacional en caso de acciones legales.
Según señalaron, el concepto que plantea el presidente
Néstor Kircher, y que Rosatti llevará a París,
sede del tribunal, es que «en los ’90 se privatizaron
los servicios y la jurisdicción»
Los voceros resaltaron que, no obstante, «por decreto se paró
que también se privatizara la defensa» y recordaron que
existe un equipo de abogados argentinos trabajando en el caso desde
que se inició, que en ese momento estuvo encabezado por Rosatti,
en su carácter de Procurador del Tesoro.
Instrucción
Por ello, Kirchner le confirió al ministro por decreto, publicado
ayer en el Boletín Oficial, la representación del Estado
nacional en la audiencia ante el CIADI, que tendrá lugar el
lunes.
El alegato del ministro no sólo apuntará a la confidencialidad
que exige el CIADI sobre los casos que trata, lo cual se contrapone,
según explicaron las fuentes, al principio de «transparencia»
de los actos de gobierno que contempla la legislación argentina. |