Defensa contra demanda

 
 
Horacio Rosatti, ministro de Justicia.
La realizará el ministro de Justicia ante el tribunal arbitral de inversiones con sede en Paris.


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Buenos Aires, (Télam) > El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, presentará el próximo lunes en París un duro alegato contra la demanda entablada al Estado nacional por accionistas de la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) en el tribunal arbitral internacional del Banco Mundial (CIADI), por la pesificación de las tarifas dispuesta en enero de 2002.
La demanda fue promovida por la estadounidense CMS Gas Transmission Compañy, accionista de TGN, que reclama al Estado 265 millones de dólares al considerarse damnificada por la pesificación de las tarifas de servicios dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde tras la devaluación, y que originalmente estaban pactadas en dólares en el contrato de concesión.

Argumentos
El ministro defenderá la posición argentina bajo el argumento de que los laudos en jurisdicción de tribunales internacionales violan el derecho argentino, informaron ayer fuentes de Justicia.
La empresa había presentado el caso en el CIADI bajo el argumento de que durante la privatización de los servicios públicos, la administración de Carlos Menem cedió la jurisdicción nacional al tribunal internacional en caso de acciones legales.
Según señalaron, el concepto que plantea el presidente Néstor Kircher, y que Rosatti llevará a París, sede del tribunal, es que «en los ’90 se privatizaron los servicios y la jurisdicción»
Los voceros resaltaron que, no obstante, «por decreto se paró que también se privatizara la defensa» y recordaron que existe un equipo de abogados argentinos trabajando en el caso desde que se inició, que en ese momento estuvo encabezado por Rosatti, en su carácter de Procurador del Tesoro.

Instrucción
Por ello, Kirchner le confirió al ministro por decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, la representación del Estado nacional en la audiencia ante el CIADI, que tendrá lugar el lunes.
El alegato del ministro no sólo apuntará a la confidencialidad que exige el CIADI sobre los casos que trata, lo cual se contrapone, según explicaron las fuentes, al principio de «transparencia» de los actos de gobierno que contempla la legislación argentina.

 

 


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