Críticas de los ex ypefianos

 
 
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  Dicen que el gobierno dilata el pago para poder depositar menos dinero.

Neuquén > El vice presidente de la Federación de ex agentes de YPF Ricardo Esquivel denunció “arteras maniobras” del gobierno nacional, tendientes a postergar el pago de las sentencias judiciales. Manifestó que las mismas persiguen el objetivo de desalentar a los ex trabajadores, con la finalidad de que desistan de continuar con la prosecución de los juicios, para que acepten la adhesión a la Ley 25.471, que ofrece la suma de pesos 23.728, los que se pagarán con bonos del Estado Nacional.
Además, informó que el Ministerio de Economía ha implementado mecanismos de pago que no explica con claridad, ya que por imperio de la ley de emergencia económica se establecen descuentos por los que el beneficiario, en lugar de cobrar 23.728 pesos, terminará percibiendo por ventanilla del Banco Nación la mitad de ese importe.
Explicó Esquivel que los trabajadores requieren el pago de las sentencias judiciales, que en su mayor parte establecen montos que oscilan entre los 50 a 70 mil pesos.

Minoría
Agregó que “lamentablemente la sanción de esa ley fue alentada por compañeros nuestros, que son una minoría dirigente, que fue utilizada, en las distintas etapas que transcurrieron desde el origen de la causa judicial hasta la fecha, intentando sin éxito suspender las causas judiciales, pretendiendo destruir el derecho judicial que siempre estuvo en forma irrevocable en favor de los ex trabajadores”.
Manifiestó que dicha minoría suscribió acuerdos con el gobierno nacional con fecha 4 de diciembre del 2003 para dar impulso al procedimiento que propicia los mecanismos de pago a través de la Ley 25.471.
Recordó que siempre se opuso a la Ley 25.471, porque ésta le confiere facultades al Ministerio de Economía - que es precisamente la parte que se demanda judicialmente - autorizándola especialmente para establecer los montos que deben percibir los beneficiarios.
La Ley 25471 fue sancionada tras el reconocimiento jurídico que otorgó la Corte Suprema de Justicia en la causa Antoniucci y Otros con fecha 20 de noviembre de 2001. “Mientras más indefiniciones y dilaciones imponga la Nación, más graves perjuicios causa a los ex trabajadores, afectando en modo especial a aquellos que mayores necesidades económicas tienen”, dijo.

 

 


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