| De todas maneras, el Plan sufrirá
seguros cambios, los que serán realizados por las nuevas autoridades
del ministerio de Justicia.
Buenos Aires (Télam)
> El Senado tiene previsto tratar en la primera semana
de agosto dos de los diez proyectos enviados por el Poder Ejecutivo
en el marco del Plan Integral de Seguridad: el que aumenta las penas
por el delito de vaciamiento de empresas y el que fija nuevas condiciones
para la eximición de prisión.
Los proyectos, que ya cuentan con dictamen de la comisión de
Justicia y Asuntos Penales y que serían puestos a consideración
en la sesión del 4 de agosto, fueron anunciados el pasado 19
de abril por el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, al hacer público
el Plan Integral de Seguridad del gobierno.
Parece claro, no obstante, que la suerte de las iniciativas estará
atada a eventuales modificaciones a la luz de los cambios en el área:
el reemplazo de Beliz y del secretario de Seguridad, Norberto Quantín
y las consecuentes asunciones de sus relevos: Horacio Rosatti y Alberto
Iribarne.
El primero de los proyectos modifica el artículo 301 del Código
Penal al establecer una pena de 1 a 6 años de prisión
para los gerentes, directores administrativos, síndicos o liquidadores
que sean parte de este tipo de maniobras.
Antes, la pena era de seis meses a dos años de prisión,
por lo que los castigos aumentan significativamente. En el caso de
emisión ilegal de acciones o de cuotas de capital, el máximo
de la pena se elevará a 8 años.
El segundo proyecto introduce modificaciones al artículo 319
del Código Procesal Penal, restringiendo la eximición
de prisión y la excarcelación durante el proceso judicial.
Según el proyecto, los imputados deberán cumplir varios
requisitos antes de solicitar al juez la excarcelación o la
eximición de prisión.
Confianza
Los imputados deberán probar que no tienen intenciones de fugarse
ni entorpecer el juicio, una vez puestos en libertad, para lograr
que los magistrados le concedan estos beneficios.
Por otra parte, el proyecto que establece nuevas competencias para
los delitos menores vinculados con estupefacientes tiene dictamen
de la comisión mencionada pero aún se encuentra en estudio
en la de Seguridad Interior.
La iniciativa deriva las causas de tenencia simple de estupefacientes
a los juzgados de provincia, apuntando con esto a aliviar el trabajo
de los juzgados federales.
El cuarto proyecto entre los más avanzados, que establece un
nuevo régimen de protección de testigos y arrepentidos
a partir de la modificación del Código Penal, está
pendiente de firma por parte de los integrantes de la comisión.
Esta norma extiende la figura del arrepentido a todos los delitos,
ya que antes esta figura solo regía para los casos de secuestros
extorsivos, terrorismo y narcotráfico.
Opiniones tras los cambios
Mientras Hebe de Bonafini se mostró conforme con el
desplazamiento de Gustavo Beliz, Ricardo López Murphy dijo
que observa “cierta fragilidad institucional” en el país.
Buenos Aires (Télam) > El relevo de Gustavo
Beliz del ministerio de Justicia y Seguridad provocó distintas
reacciones en el ámbito político ya que mientras la
titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, expresó
su «conformidad» con la decisión adoptada, el líder
del partido Recrear, Ricardo López Murphy, advirtió
sobre una «debilidad institucional».
Hebe de Bonafini, manifestó su «conformidad» por
el relevo de Beliz y señaló que «fuimos las primeras
en advertirle al Presidente sobre su nombramiento».
«Beliz era un hombre del menemismo y cuando manifestó
que quería hablar conmigo me negué porque dije que tenía
olor a Menem», declaró Bonafini a Télam, y agregó:
«vamos a ver cómo son los que vienen».
Por su parte, López Murphy, advirtió que «en el
país hay una debilidad institucional que desvirtúa la
tarea legislativa», al tiempo que aseveró que «un
gobierno no puede negarse a cumplir la obligación de asegurar
la integridad, la libre circulación y los derechos de sus ciudadanos,
ni descalificar permanentemente a la Policía».
“Fragilidad”
Para López Murphy se trata de «una fragilidad institucional
general, principalmente en el tema de la violencia callejera, que
ha vuelto disfuncional la expresión legislativa», y dio
como ejemplo «la interrupción de las sesiones legislativas
en la ciudad de Buenos Aires mediante amenazas, patotas y vandalismo».
En tanto, el diputado demócrata progresista Alberto Natale
sostuvo que «hace 90 días, impelido por el asesinato
de Axel y las multitudinarias movilizaciones del ingeniero Blumberg,
el Presidente y su ministro Beliz anunciaban con bombos y platillos,
que elaborarían un importante plan de prevención del
delito».
«Hoy, después de haber echado a su ministro y sin haber
concretado ningún plan, el doctor Néstor Kirchner ha
demostrado su incapacidad en la materia».
El diputado socialista Héctor Polino sostuvo que «los
desplazamientos de Beliz y Norberto Quantín ponen fin a una
etapa de gestión en materia de seguridad, pero no resuelven
por sí solos el problema de fondo de la violencia en la Argentina
que sigue abierto y es tan preocupante como antes de los dos relevos».
«Porque la violencia comienza con la injusta distribución
del ingreso y los altísimos índices de desocupación.
Como consecuencia, continúa luego con acciones desbordadas
como las acontecidas en la legislatura porteña que merecen
el rechazo general y la aplicación de la ley», acotó.
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