Por mariana percovich
Roberto Gargarella se recibió de abogado y de sociólogo
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y completó sus estudios
de posgrado en las Universidades de Oxford y de Chicago, donde obtuvo
el título de Doctor en Jurisprudencia. En la actualidad es
investigador del CONICET y enseña Teoría Constitucional
en la Universidad Di Tella y en la UBA. Escribió, entre otros,
La justicia frente al gobierno, Nos los representantes y Crítica
de la Constitución. Sus zonas oscuras.
Hace siglos que los pensadores de todos los tiempos se vienen preguntando
sobre qué es la justicia. En esta entrevista, Roberto Gargarella
retoma esa pregunta, innumerables veces formulada, y cuestiona algunos
de los principios de nuestra Constitución, a la que caracteriza
como “hostil a nuestra intervención en política
e incapaz de favorecer el debate público”. Además,
adelanta su visión de cómo resolverá la nueva
Corte Suprema el tema de los piqueteros procesados.
¿Las recientes incorporaciones en la Corte Suprema
de Justicia marcan una mera renovación de magistrados o un
cambio más profundo en el órgano superior del Poder
Judicial?
Hay algo importante en este cambio: nombres de gente valiosa. Pero
hay también muchas limitaciones que marcar. Primero porque
una cuestión es la designación y otra lo que pasa después
de que los jueces asumen. Entonces, es muy valioso haber mejorado
los mecanismos de designación, pero no hay que perder de vista
que son funcionarios nombrados de por vida, a los que no elegimos
democráticamente, a los que no podemos remover, y a los que
ni siquiera podemos presionar institucionalmente cuando genuina y
sistemáticamente disentimos con ellos. Por lo tanto, celebro
algunos de los nombres y celebro la autolimitación presidencial.
Pero el problema de fondo permanece.
¿Cuál sería una alternativa más
democrática de elección de los jueces? ¿Deberían
ser removibles, deberían cumplir un período?
Acá y en todos los países existe una tensión
muy fuerte entre intuiciones que solemos defender (la democracia,
el republicanismo) y los poderes que damos a los jueces, teniendo
en cuenta la carencia de controles que nos hemos reservado sobre ellos.
Haber hecho más transparente la selección, haber abandonado
el secreto, haber puesto más filtros a su nombramiento, es
importante, pero si uno quiere dar solución a los problemas
judiciales concentrándose exclusivamente en la designación
de sus miembros, se queda en la puerta de entrada del problema. Hay
que pensar qué es lo que ocurre cuando los magistrados seleccionados
ya han ingresado al aparato judicial. Piénsese en lo que pasó
durante el menemismo: entonces, se nombraron al menos algunos jueces
que podían haber pasado cualquier examen de ingreso, pero cuyo
problema fue que demostraron ser demasiado sensibles a las presiones
del poder político. Repito, hay que ver lo que sucede después
de que los jueces asumen.¿Qué controles nos reservamos
sobre ellos -teniendo en cuenta, sobre todo, el tipo de poderes que
se han reservado, y que incluyen la capacidad de pronunciar la “última
palabra” institucional, anulando, si es necesario, las decisiones
tomadas por la mayoría? Adviértase que los jueces son,
en definitiva, los que nos dicen si tenemos derecho al divorcio o
al aborto, hasta dónde llega nuestra libertad de expresión-
lo que incluye la protesta social-; si los presidentes pueden ser
reelegidos o no, para dar sólo unos ejemplos.
¿La sociedad es conciente de todo el poder que le
da a los jueces?
No. Porque se asume que la tarea de interpretación de la Constitución
es algo fuera de discusión, que la función judicial
es puramente técnica, cuando en realidad sus decisiones –aún
las mejores- son siempre controvertibles. Piense que cuando la Corte
decide un caso y sus miembros votan, digamos, cuatro a favor y cinco
en contra (algo que ocurre todos los días), lo que está
ocurriendo es que mitad del tribunal piensa que la Constitución
dice una cosa y la otra considera que ella dice exactamente lo contrario.
Creo que hay que echar luz sobre esto.
¿Qué medidas se podrían implementar
para aumentar el control ciudadano sobre los jueces?
Nos hemos acostumbrado a que las decisiones más importantes
se tomen lejos de nuestras manos, tenemos muy poca injerencia en el
diseño de las políticas del gobierno que afectan nuestras
vidas de un modo inmediato; eso habrá que pensar cómo
recuperarlo. Porque no solo no se nos consulta a la hora de la toma
de decisiones sino que se nos dice que no nos podemos animar siquiera
a cuestionar estas medidas.
¿Qué quedó de la demanda –y movilización
social- de destitución de la Corte Suprema que surgió
a inicios de 2002?
Quedó algo importante: reconocer que tenemos derecho a ejercer
reclamos aún sobre un órgano como la Corte Suprema.
Eso, que es algo muy importante, quedó instalado. Se rompió
la idea que lo que hace la Corte es ajeno a cualquier reflexión
ciudadana. Sin embargo, seguimos con una ilusión equivocada
de pensar que los problemas se resuelven con mejores nombres y no
con cambios institucionales.
¿Cuándo nos acostumbramos a no participar de
las decisiones que nos afectan?
Tanto las dictaduras como las democracias delegativas presentes han
contribuido a reafirmar una práctica de gobiernos poco sensibles
a las demandas ciudadanas que está con nosotros desde la época
de la conquista.
¿Por qué hace falta un mayor debate sobre nuestra
Constitución?
Porque es una Constitución que no promueve sino que tiende
a socavar las posibilidades de nuestro autogobierno. Porque es una
Constitución hostil a nuestra intervención en política,
no favorece el debate público y ahonda la distancia entre los
representantes y los representados. Por supuesto, no es cierto que
cambiando un artículo de la Constitución cambiamos nuestra
vida política, pero tampoco lo es que la Constitución
no tenga influencia directa sobre nuestra vida cotidiana.
¿Qué herramientas tiene un juez para evitar
las presiones del poder político?
Eso depende de la moral o no de la moral de cada juez que es algo
en lo que no me quiero meter, lo que tenemos que preguntarnos es si
tenemos o no herramientas para controlarlos.
¿Qué va a resolver la Corte Suprema cuando,
en breve, tenga que pronunciarse sobre el primer juicio contra un
piquetero que llega a esta instancia, el caso de Marina Schifrin,
la maestra rionegrina condenada a tres meses de prisión en
suspenso por participar de un corte de ruta en Bariloche hace siete
años?
Hay una cuestión muy seria en juego. Es posible que la Corte
no condene a esta mujer pero que lo haga por las malas razones: prescripción
de plazos o fallas de procedimiento en instancias anteriores. Lo que
no creo que haga es ir a la sustancia del asunto, para consagrar una
protección especial para quienes protestan contra el poder
público. Puede ser el primer gran error de esta nueva Corte.
¿Hasta dónde este caso puede funcionar como
un “caso testigo” y adelantar qué es lo que va
a suceder con las 3.000 personas procesadas por cortar calles y rutas
en todo el país?
La Corte tiene mucho para decir pero no creo que lo diga. Si tomara
la actitud que la Constitución le exige que tome, mostraría
que se asume como guardiana de la Constitución, mostraría
que reconoce la presencia de algo extremadamente importante en la
crítica al poder público.
Kirchner ha dicho varias veces que no va a reprimir la protesta
social, pero esta semana declaraciones de funcionarios de primera
línea dieron a entender que esta postura kirchnerista no va
a durar in eterrnum. ¿No nos conviene a todos que el Poder
Judicial se pronuncie sobre el tema y así evitar que la gota
rebalse el vaso y que otra vez la sangre llegue a las calle y que
otra vez responsabilidades y culpas recaigan en el poder Ejecutivo?
¿Qué se puede hacer para que la justicia no esquive
el asunto?
Lo que se puede hacer es dar a conocer esta exigencia, alentar a que
se pronuncie del modo constitucionalmente exigible. En las trágicas
situaciones en que hay choque de derechos tiene que resguardarse hasta
último momento los de quienes protestan.
¿Administrar justicia en la Argentina siempre fue
difícil o ahora es más difícil que antes a causa
de las mayores desigualdades sociales?
No creo que las desigualdades sean un impedimento para hacer justicia,
sino más bien una razón adicional para llegar a ella.
En este sentido me resulta útil el ejemplo del Juez Baltasar
Garzón en España. Ese ejemplo nos dice que pueden enfrentarse
injusticias gravísimas aún con recursos muy limitados.
Creo que lo mismo podría aplicarse para enfrentar la persistente
desigualdad social que distingue hoy a nuestro país. Para ello
también es necesario repensar el papel de la justicia dentro
de nuestra democracia.
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