| En esta nota, referentes gremiales,
políticos e institucionales de Neuquén miran el fenómeno
desde diferentes costados.
Neuquén >
En virtud de los hechos de las últimas jornadas, la cuestión
de cuáles deben ser los límites para las protestas que
vienen protagonizando las distintas agrupaciones de piqueteros nacidas
en el Gran Buenos Aires se ha vuelto, sin dudas, un dilema de compleja
resolución para los poderes del Estado. Y, a su vez, ha nutrido
a la opinión pública y a la sociedad argentina, delineando
posiciones marcadamente contrapuestas.
En el asunto parece haber un contrapunto determinante. Y es el que
ahonda en las innumerables interpretaciones que cada cual puede hacer
sobre los derechos ciudadanos y, si cabe la posibilidad, el valor
de los mismos. La pregunta sería: ¿Existen derechos
que son prioritarios a otros?
Con el único fin de echar un manto de luz sobre la disyuntiva,
La Mañana de Neuquén consultó a personalidades
de diferentes extracciones y a representantes institucionales de Neuquén.
Antecedentes
En los últimos días resonaron en los medios de comunicación
de todo el país las irrupciones de grupos piqueteros a sedes
de empresas internacionales, y también la toma de una Comisaría
porteña. “Lo de La Boca tiene que ver directamente con
una pueblada. Porque ahí estaba toda la sociedad. Estuvimos
ante un levantamiento barrial. Lo que pasa es que no se puede tapar
el sol con las manos. Los gobiernos, nacional y provincial, tienen
que esmerarse para tratar de solucionar la realidad que vive el país”,
ensayó Julio Fuentes, secretario adjunto de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE) nacional.
En una lectura más institucional de los sucesos, el subjefe
de la Policía provincial, Julio Trepat, expresó: “Creo
que una cosa es el protesta social, sobre cuya legitimidad no opino.
Y otra es el método con que se implementa. Porque si es un
acto delictivo, estamos ante un delito que busca ser justificado por
el hecho del reclamo social. Y una sociedad que permite los delitos
sociales no está encaminada. Para sintetizar: estoy en contra
del método que implementan los piqueteros”.
Opuestos
Por su parte, el diputado provincial de la Corriente Patria Libre,
Jesús Escobar, propuso un análisis mediático
de la cuestión: “Por un lado, están los números
que avalan la significativa caída cuantitativa de las protestas
sociales durante el gobierno de Kirchner. Por otro lado, creo que
hay un sobredimensionamiento de los episodios por parte de los medios
de comunicación al servicio de la derecha neoliberal que manejó
el país en los ’90. Esto pasa porque hay sectores que
no quieren entender el proceso iniciado por este gobierno, e impulsan
a cualquier precio su desgaste institucional”.
En el margen opuesto, Manuel Gschwind, presidente del bloque provincial
de diputados del MPN, disparó: “Es una barbaridad lo
que está pasando con los piqueteros. Da una imagen muy mala
del país en el exterior, espantando a los inversores. Si el
gobierno nacional no toma medidas, es porque de alguna manera los
está avalando. Cuando una protesta, que puede considerarse
justa, va más allá de una manifestación, es una
clara violación de los derechos de los demás”.
Contrapunto
El referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos,
Aníbal Galdami, dejó entrever sus sospechas al respecto
de la máxima que reza “los derechos de unos terminan
cuando empiezan los de los demás”. “Como organismo
de los derechos humanos, no podemos respaldar un acto ilícito.
Pero qué pasa cuando hay opresión, hambre y no hay trabajo.
¿Se respeta el derecho de los pobres, el derecho de los desocupados?”,
se preguntó Galdami.
“Yo me niego a llamarlos piqueteros. Son compatriotas, trabajadores
sin trabajo, que quedaron condenados a la marginalidad por el proceso
nefasto del neoliberalismo. Estoy convencido de que los derechos tienen
rangos; no son todos iguales. Hay un ranking de derechos. Y el derecho
a trabajar, a poder alimentarse, es prioritario sobre todos los demás”,
sostuvo el gremialista Fuentes. En el mismo sentido se expresó
el diputado Escobar: “Sin duda, creo que debe haber una escala
de derechos”.
Fuerza pública
En la otra vereda y en sintonía con el legislador Gschwind,
el comisario Trepat reflexionó: “El derecho de peticionar
a las autoridades y el derecho a circular libremente son derechos
similares. Es por eso que no hay justificativos”. Y se preguntó:
“¿El reclamo social justifica la comisión de un
delito? En la medida en que en una protesta se permita un delito será
muy difícil marcar los límites. Porque estamos ante
reclamos basados en la fuerza. Y en un estado de derecho, la única
fuerza que debería utilizarse es la pública”.
No obstante, el propio presidente Kirchner en los últimos días
dio sobradas muestras de no confiar en las fuerzas policiales con
que cuenta para contener las manifestaciones piqueteras o reprimir
en los casos de desborde.
“Estoy totalmente de acuerdo. La Policía bonaerense y
la Federal son aparatos totalmente corrompidos y consustanciados con
un sinfín de delitos”, opinó el legislador Escobar.
De forma semejante se expresó Galdami: “Creo que en esto,
Kirchner no está solo: la sociedad no confía en las
fuerzas, porque históricamente se fueron de madres. Pero la
pregunta que hay que hacerse es: ¿qué va a pasar con
todos esos represores que quedaron sueltos después de las purgas
policiales? Se está formando un cementerio de elefantes”.
Encrucijada
“Es muy grave lo que está pasando, porque las fuerzas
son una institución de la República. No estoy de acuerdo
con la represión, pero el gobierno nacional debe apelar a la
Constitución y a las leyes. Y no tomar partido por unos u otros,
polarizando la situación -criticó el legislador Gschwind-.
Deberían buscarse soluciones que incluyan contención
y herramientas que transformen los procesos productivos”.
Por su parte, el subjefe policial Trepat esgrimió: “Pienso
que no hay que entender que la solución sea salir a los palos.
Pero el que comete un delito debe ser procesado. Si el presidente
no confía en las fuerzas, eso corre por su cuenta. Estoy convencido
de que la policía es el último recurso. Con la fuerza
pública sólo se combaten los efectos y se obtienen soluciones
parciales, no de fondo. Pero ¿hasta qué punto se pueden
permitir los actos delictivos?”
Finalmente, el gremialista Fuentes acotó, dejando entreabierta
una encrucijada: “Me parece que el presidente no sólo
debe desconfiar de las fuerzas, sino que creo que nunca debería
apelar a los palos. Y sí, parece un callejón sin salida”.
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