| A través de un documento, también
recomienda que los funcionarios no permanezcan de manera ilimitada en
sus cargos. Y apuntó a no monopolizar el poder político.
Viedma (ADN) > Un documento interno
que elaboró la Iglesia rionegrina abordó la reforma
política en la provincia y consideró que la iniciativa
oficial debe priorizar -en sus distintos niveles- la Constitución
y las leyes, en el marco de “más participación,
descentralización y transparencia”.
En el texto, que el jueves por la noche fue finalmente definido
en el Obispado de Viedma, se propone “velar y presionar por
la reglamentación y la aplicación de la Constitución
provincial y de las leyes, sobre todo cuando se trata de los derechos
jurídicos y civiles de las personas y de las comunidades que
habitan la provincia”.
Críticas
En ese mismo sentido, propicia modificar todo lo que impide o monopoliza
el poder político porque pertenece a los rionegrinos. “Es
deber de ellos participar y controlar para una provincia de mejor
calidad para todos”, expresan las autoridades eclesiásticas.
Y en este marco considera necesario limitar las atribuciones del Poder
Ejecutivo y ampliar las del Poder Legislativo.
“Una vez debatida y aprobada una ley, sólo el Poder Ejecutivo
tiene la decisión de su reglamentación. Se puede entonces
tener excelentes leyes pero nunca en vigencia porque no fueron reglamentadas”,
ejemplificando el sistema carcelario, previsto en el artículo
23 de la Constitución.
Récord
Otro de los párrafos alude a una llamativa situación
oficial, al afirmar que el actual gobernador Miguel Saiz tiene el
récord de emisión de decretos en los seis primeros meses
de su gestión.
También impulsa modificar el sistema actual de elección
de los legisladores por circuito, reduciendo, o directamente suprimiendo,
el piso del 22 % exigido actualmente, respetando así el artículo
121 de la Constitución, que garantiza la representación
de las minorías.
En relación a la constitución de las listas sábanas,
en el documento se sugiere que “no deben suprimirlas porque
permiten más participación y más debate, pero
sí exigir un mecanismo de transparencia e información,
que se haga público quiénes son los que están,
su currículum, sus acciones, pasado”. Sobre la materia
política, las expresiones son severas y en uno de los párrafos
se sugiere, además, poner un límite de periodicidad
a la función pública y no sólo para el gobernador
y el vice, sino también a los legisladores y los jueces. Es
decir, evitando que las mismas personas estén “a perpetuidad”
ocupando una función, se indicó. |
