Roca > El intendente Carlos Soria (PJ) estaría en condiciones de iniciar una demanda legal contra varios funcionarios de la gestión de su antecesor Ricardo Sarandría, tras un dictamen dado a conocer ayer por los integrantes del Tribunal de Cuentas donde se determinó que existió una maniobra “fraudulenta” por una cifra que rondaría los 700 mil pesos. En el proceso, también estaría involucrado el gremio de UPCN, aunque todavía resta determinar las características de la triangulación de dinero que se habría efectuado a través de la comuna.
Ayer por la mañana, el dictamen que lleva la firma de Juan Huentelaf, Adriana Martínez y Osvaldo Rodríguez fue dejado sobre el escritorio del intendente Soria. Allí, los tres integrantes del Tribunal explican una “extraña” maniobra que se habría producido en el 2001, mientras Oscar “Cachi” Carballo cumplía funciones en el área de Hacienda de la Municipalidad, y Sarandría se desempeñaba como jefe comunal.
Una alta fuente de la actual gestión confirmó anoche la investigación y destacó que existió un documento emitido por la provincia, donde se certificaba un pago a las arcas municipales por una cifra que rondaría los 700 mil pesos.
Si bien no se dieron a conocer los motivos que originaron la deuda, solamente habría ingresado una parte del total del monto abonado desde Viedma.
La investigación, según la misma fuente comunal consultada anoche sobre el cierre de esta edición, señaló que las averiguaciones en torno al caso se inició hace ya varios meses, aunque recién la última semana se concluyó el dictamen que lleva la firma de los tres integrantes del organismo.

Gremio
“Por lo que sabemos también el gremio de UPCN estaría en la operatoria pero todavía no se lograron determinar los roles que ocupó cada organismo y funcionario durante el dudoso proceso”, confirmó un funcionario municipal, quien pidió reserva de su identidad hasta tanto el dictamen sea estudiado en su totalidad por los integrantes del Poder Ejecutivo.
En un principio, las dudas giraban en torno al monto global del pago provincial, sin embargo luego “fueron apareciendo” documentos que pudieron acreditar una parte de los ingresos.