Buenos Aires (Télam) > El juez federal Juan José Galeano advirtió ayer que enfrentará un juicio político «cuya sentencia ya fue dictada», al inaugurar su estrategia de defensa que incluyó la designación como abogado de Andrés D’Alessio, ex camarista del juicio a las juntas de la última dictadura militar.
«Una inevitable sensación de estar enfrentando un juicio cuya sentencia ya fue dictada me invade», afirmó el juez federal en primera persona en un escrito firmado por D’Alessio, prestigioso penalista y también ex decano de la Facultad de Derecho de la UBA.
Galeano rompió así el ostracismo que mantuvo desde que se lo comenzó a cuestionar en el juicio oral a la supuesta conexión local del ataque e inauguró su defensa con una recusación a uno de sus acusadores, el abogado Beinusz Szmuckler, presentada ante el Consejo de la Magistratura.

Testigos
Este organismo encargado de nombrar y juzgar magistrados abrió ayer la ronda de testigos para determinar si somete al juez a un jury de enjuiciamiento por su actuación en la investigación del atentado a la AMIA, de la que fue separado en diciembre pasado.
Galeano recusó por escrito a Szmuckler, ocasión en la que aludió a que será sometido a un juicio político «cuya sentencia ya fue dictada», según el texto dado a conocer a la prensa.
El juez explicó que desea ver apartado a Szmuckler tanto de la acusación como del eventual juicio político porque este consejero está imputado en una causa por calumnias e injurias que se tramita en su juzgado.
Esta querella fue iniciada contra Szmuckler por el actual inspector General de Justicia de la Nación, Ricardo Nissen, explicó Galeano en el escrito dirigido al Consejo.

Intenciones
Además, el juez aludió a un artículo periodístico publicado en el diario La Nación, donde se mencionaba una eventual intención del Gobierno de alejarlo del cargo junto a su par Claudio Bonadío.
En ese artículo, reseñó el juez, se reprodujeron declaraciones de Szmuckler que lo llevaron a advertir «con singular rapidez» un supuesto prejuzgamiento.
Principalmente, el Consejo investiga si el juez avaló el pago ilegal de 400 mil dólares a un acusado del atentado, Carlos Telleldín, a cambio de declarar contra cuatro ex policías bonaerenses, entre otros cargos.