Buenos Aires, (Télam)
> El Ministerio de Trabajo finalmente decidió que el texto
de reforma laboral, que enviará en la semana para su análisis
al Congreso, no incluirá una cuestionada modificación
que atribuía facultades «casi de laudo» a esa cartera
para el caso de que «las partes no alcanzaran un acuerdo en
los niveles de negociación» colectiva.
Se trató de un triunfo casi personal del asesor letrado de
la CGT disidente, Héctor Recalde, quien había criticado
abiertamente esa posibilidad por considerarla «perjudicial,
ya que su inclusión lesionaría la autonomía colectiva
y la libertad sindical».
Ni lerdo ni perezoso, el ministro Carlos Tomada optó por el
consenso y borró de un plumazo esa eventual modificación,
que nació como un agregado al artículo 25 del anterior
borrador y que provocó «recelo» en Recalde.
Exito
«Hemos logrado eliminar esa propuesta de arbitraje o laudo
ministerial casi obligatorio y, aunque aún tenemos ciertas
objeciones, avalaremos el proyecto porque contempla avances en los
derechos de los trabajadores» señaló el abogado
laboralista.
El camionero Hugo Moyano, de la central disidente, también
festejó este fin de semana que Recalde consiguiera imponerse
en la pulseada por la «inhumación» de las facultades
que pretendía arrogarse Trabajo para laudar en supuestos
conflictos colectivos.
Tomada completó esta semana las respectivas rondas de consulta
con los sindicalistas y asesores letrados de las dos CGT y la CTA
y se apresta a poner a disposición del presidente Néstor
Kirchner, para su evaluación final, el texto que enviará
al Parlamento para reemplazar la norma sancionada el 27 de abril
de 2000, sobre la que pesan sospechas de pago de coimas a distintos
senadores.
Halagos
En principio, los sindicalistas y abogados coincidieron en señalar
que el proyecto del Ejecutivo «es bueno y representa un paso
adelante, un avance en materia de legislación laboral».
Tomada y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicarán
mañana en el Senado los alcances de la iniciativa en el bloque
justicialista, luego del consenso intersindical obtenido.
Finalmente, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), del
estatal Víctor De Gennaro, se alzó con una de las
propuestas que constituyó históricamente una bandera
de la corriente y que se funda en el reclamo de que «el convenio
colectivo pueda ser discutido a nivel de los sindicatos de base
y federaciones».
Sin embargo, De Gennaro y el abogado Horacio Meguira debieron dejar
para otra oportunidad la posibilidad de incluir en la norma aspectos
extensamente peticionados a distintos gobiernos, como los de «libertad
sindical y de política distributiva que reactive el aparato
productivo y resuelva la problemática del desempleo».
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