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Entre los sentimientos que despertó el proyecto de ley de hidrocarburos que Sobisch elevó a la Legislatura, seguramente están esos interrogantes y no sólo en la mente de la clase dirigente neuquina, sino también en muchos ciudadanos de a pie que durante la semana asistieron a las reacciones que el hecho generó en el arco político.
Sobisch quiere duplicar y algo más los 68 centavos de dólar que la provincia recibe por millón de BTU. De lograrlo, y por decirlo sin tecnicismos, Neuquén empezaría a compensar la pérdida de casi 400 millones de pesos que le produjo la Ley de Emergencia Económica de 2002, dictada durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
En buen romance, Sobisch quiere dejar en claro, y por medio de una ley, que los hidrocarburos líquidos y gaseosos que hay en la provincia son de propiedad del Estado de Neuquén. Que no es lo mismo que decir que son del gobierno de Neuquén, como el marasmo político lo hace aparecer.
¿Puede un mandatario dejar de bregar por algo que a todas luces es altamente beneficioso para su provincia? Salir a la calle a consultar a la gente es tan ocioso como preguntar si se siente calor en un lugar donde hay 50 grados a la sombra.

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Sobisch apoyó su iniciativa en el artículo de la Constitución Nacional que dice que «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».
Como argumento político, recordó que más de una vez, siendo gobernador de Santa Cruz, el hoy presidente Kirchner reivindicó los derechos de las provincias sobre sus recursos naturales. ¿Fue una chicana? Quien quiera tomarlo así tiene derecho, pero lo innegable es que Kirchner dijo lo que dijo.
Como se sabe, Sobisch no necesita más que de los votos de su propio partido para ver convertido en ley su proyecto, pero ello no resta importancia a la actitud del arco opositor, sino todo lo contrario, pues la sociedad tendrá la oportunidad de ver de qué manera la oposición ejerce su rol.
Están por un lado el apoyo del menemismo y del único diputado radical, Marcelo Inaudi. En una postura intermedia parece ubicarse el bloque del PJ, que apoya con reparos, y, en el otro extremo, la negativa del ARI, que preside Carlos Moraña. Todas las posiciones son respetables si están fundamentadas en aspectos técnicos, constitucionales o de interés nacional, como podría ser la idea de que prevalezca una ley nacional de hidrocarburos.
Lo que llama la atención es que en algún sector de la oposición pueda aparecer la tentación del rechazo por el rechazo mismo.
Sólo Sobisch y su círculo más íntimo saben si, a través de esta apuesta, el gobernador busca profundizar su idea de convertirse en uno de los líderes del interior que pueda ser alternativa ante un eventual fracaso de la administración Kirchner.
Pero, aunque así sea, está claro, como lo admitió el ex secretario de Energía Daniel Montamat, que debía dar el paso que dio en aras de permitirle a su provincia recuperar privilegios que le corresponden por derecho propio.
Ignorar esto, subordinar el tema del petróleo y del gas a entuertos políticos y a supuestas conspiraciones contra Kirchner, es ponerse de espaldas a la sociedad.