Neuquén > Después de varias postergaciones, finalmente hoy el gobierno municipal y la empresa Indalo buscarán cerrar un acuerdo sobre el aumento que se aplicará a la tarifa del transporte público.
Los cálculos realizados por los técnicos del municipio sobre la metodología de costos, determinaron que el incremento en el precio del boleto rondaría entre el 17 y el 18% y regirá incluso para el pasaje escolar. De esta forma, el costo del monoviaje se ubicaría entre $1,15 y $1,20, porque en este caso es mayor la comisión que se lleva la empresa de boleto prepago, SIPRE.
Ayer el subsecretario de Servicios Concesionados, Fernando Palladino, y el director de Transporte, Luis Baca Cau, ultimaron los detalles de la propuesta que hoy se presentará a los representantes de Indalo, en una reunión de la que también participará el secretario de Servicios Públicos, Carlos Yanes.

Razones
El mayor desequilibrio en la estructura de costos es provocado por el impacto del aumento salarial que acordó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con la Federación Argentina de Transporte Automotor (FATAP). El convenio establece que a partir de enero se incorporan $50 al sueldo básico de los choferes, en febrero otros $50 y en marzo, $60. A ello se suma un viático de $5 por día trabajado. Estos incrementos representan para Indalo una suba de $1 millón anual en la masa salarial. La empresa tiene una planta de 300 empleados.
En la discusión también se pondrá sobre la mesa el pedido del municipio para que la concesionaria del transporte incorpore, hacia marzo, cinco nuevas unidades a su flota de colectivos, totalizando el centenar de vehículos. Esto también representa más costos por la adquisición de los micros y por la mayor cantidad de kilómetros recorridos.

Oferta
La empresa escuchará la oferta del municipio pero de antemano dejó en claro que el déficit de la estructura no se cubre ni siquiera con un aumento del 20% de la tarifa.
Indalo está reclamando regresar a la vieja metodología de costos que regía en el contrato original y que fue modificada unilateralmente por el municipio en agosto de 2002, aplicando una reducción de la rentabilidad cercana al 35%.