15 de diciembre de 1983
El presidente Raúl Alfonsín, respondiendo a una promesa electoral, firma el Decreto 158 por el cual ordena el juzgamiento de las tres primeras juntas militares de la dictadura. Se crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) para recoger denuncias.

El informe final titulado «Nunca más» fue presentado por el escritor Ernesto Sábato a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 y documentó 8.961 casos de desapariciones contra las 30.000 denunciadas desde siempre por los organismos de Derechos Humanos.

25 de setiembre de 1984
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no encuentra méritos para juzgar a los militares. Por la modificación del Código de Justicia Militar se realiza la apelación a la Cámara Federal de la Capital, que se aboca de lleno a la causa.

22 de abril de 1985
En los Tribunales porteños, con una sala repleta de público y periodistas, comienza a las 15, el Juicio a las Juntas militares, el proceso más importante de toda la historia judicial argentina que se extendería por un lapso de nueve duros meses.
Los jueces Carlos Arslanián, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma, Ricardo Valerga Aráoz, Carlos Torlaschi y Eduardo Gil Lavedra escucharán cientos de testimonios entre los que se encuentran ex presidentes, militares, periodistas, víctimas y victimarios.
Nueve militares escuchan desde el banquillo de los acusados el alegato acusatorio del fiscal Julio César Strassera que termina con la emblemática frase «Nunca más».

9 de diciembre de 1985
La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital condena al teniente general Jorge R. Videla y al almirante Emilio E. Massera a prisión perpetua; al brigadier Orlando Agosti a cuatro años de prisión y al general Roberto Viola y al almirante Armando Lambruschini a 17 y ocho años de prisión respectivamente.
El tribunal da por demostrada la existencia de un plan terrorista dirigido desde el Estado por los militares y los condena por homicidios agravados por alevosía, privación ilegal de la libertad, tormentos seguidos de muerte y robo. Los nombrados son alojados en el penal militar de Magdalena.
En el punto número 30 de la sentencia, ordena seguir las investigaciones hasta descubrir a todos los responsables, independientemente de los comandantes.

Abril de 1986
Ante la avalancha de denuncias contra los cuadros medios e inferiores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad disparadas por el «punto 30», el gobierno imparte instrucciones a los fiscales para que no prosperen las acusaciones contra los uniformados.

Diciembre de 1986
En un segundo intento por detener la ola de juicios, el Congreso aprueba la ley 23.492, llamada de Punto Final, la cual pone un plazo perentorio para presentar denuncias. Se registran 6.000 juicios contra unos 1.200 militares. Hay marchas en contra en todo el país.

17 de abril de 1987
Estalla la rebelión militar de Semana Santa, encabezada entre otros por el actual candidato a gobernador bonaerense Aldo Rico, un teniente coronel sin actuación en la represión. La asonada irrumpe a raíz de un juicio contra un teniente del Ejército sindicado como torturador en Córdoba.
Los rostros pintados para el combate, hacen que la población comience a llamarlos «carapintadas», mote con el que pasarían a la historia.
Ese fin de semana, ante millares de espontáneos defensores del orden constitucional autoconvocados en la Plaza de Mayo, Alfonsín anuncia el fin de la sublevación con su histórico «Felices Pascuas».

14 de mayo de 1987
Tercer intento: El Congreso aprueba la ley 23.521 conocida como de Obediencia Debida por la cual se entiende que los militares que cometieron crímenes durante la represión lo hicieron obedeciendo órdenes superiores. Millares de argentinos se movilizan en su contra.

Enero de 1988
Segunda sublevación militar en reclamo de una amnistía amplia para todos los militares, incluyendo los ex comandantes condenados en Magdalena.

Diciembre de 1988
Tercera sublevación militar por los mismos motivos. «Buscamos una ley que defienda la libertad del Ejército» dicen los insurrectos, encabezados por el ex coronel Mohamed Alí Seineldín.

7 de octubre de 1989
El nuevo presidente, Carlos Menem, firma indultos para 39 militares acusados de comandar la represión.

3 de noviembre de 1990
Cuarta sublevación militar, sofocada bajo fuego de militares leales al poder civil.

29 de diciembre de 1990
Menem dicta indultos amplios para centenares de acusados y, en la más polémica de sus medidas, dispone la libertad de los ex comandantes condenados. Más de 250 mil argentinos se movilizan en su contra por las calles de Buenos Aires.

Marzo de 1993
Ante las cámaras de la televisión, el entonces comandante del Ejército, el teniente general Martín Balza, realiza una autocrítica y arrepentimiento por los «errores del pasado».
Enero de 1999
Un juez procesa a Videla, Massera y a un grupo de altos oficiales por el robo sistemático de bebés y dispone su prisión domiciliaria.

24 de julio de 2003
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordena la detención de 46 ex represores, cuya extradición reclama el juez español Baltasar Garzón, por gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura contra ciudadanos de ese país europeo.
El reclamo de estas casi cinco decenas de extradiciones ya habían sido solicitadas por Garzón en diciembre de 1999 en un exhorto que tramitó ante el entonces juez federal Gustavo Literas, pero posteriormente la tramitación siguió los pasos diplomáticos.

25 de julio de 2003
El presidente Néstor Kirchner, deroga el decreto 1581 que protegía a ex represores de ser extraditados para ser juzgados por sus delitos en el exterior.
Ese decreto anulado permitía al Poder Ejecutivo rechazar automáticamente pedidos de extradición por crímenes cometidos en Argentina.
Ahora serán los jueces los que decidan, ante un pedido de extradición, si los delitos por los que son buscados ya fueron juzgados o perdonados por tribunales argentinos.

Decreto 158/83 - 13 de diciembre de 1983

Art.1
Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes, Teniente General Jorge Rafael Videla, Brigadier General Orlando R. Agosti, Almirante Emilio E. Massera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General Omar D. R. Graffigna, Almirante Armando Lambruschini, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, Brigadier General Basilio Lami Dozo y Almirante Jorge I. Anaya.

Ley 23.492 (de Punto Final)

Art.1
Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, de los delitos del artículo 10 de la ley 23.049 que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.
En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.

Ley 23.521 (de Obediencia Debida)

Art.1
Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a los que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley número 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida.

Decreto 2.741 - 29 de diciembre de 1990 (Indulto)

En sus fundamentos, el decreto decía que una profunda reflexión sobre la situación imperante en la República, llevaba a concluir en la necesidad de que el Poder Ejecutivo realice, respecto de los actos de violencia y de los desencuentros habidos en el pasado inmediato, una última contribución para afianzar el proceso de pacificación en que están empeñados los sectores verdaderamente representativos de la Nación.
Benefició a Jorge R. Videla, Eduardo E. Massera, Orlando R. Agosti, Roberto E. Viola y Armando Lambruschini.
Otros decretos beneficiaron también a Norma Kennedy, Mario E. Firmenich, Duilio Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz y Carlos G. Suárez Mason.

¿“Nulidad” o “derogación”?

NEUQUEN.- Los pedidos de extradición del juez español Baltasar Garzón y las últimas detenciones de ex represores, avivaron el debate en torno a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y su eventual «derogación» o «nulidad».
La diferencia de términos no es menor. La derogación permitiría que las leyes conserven sus efectos en forma retroactiva, con lo cual sus beneficiarios continuarían amparados bajo su manto.
Por el contrario, una declaración de nulidad obraría como si ambos instrumentos nunca hubiesen existido y esto permitiría juzgar a millares de acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura militar.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó ayer que la Corte Suprema de Justicia debe decidir sobre la inconstitucionalidad o no de estas polémicas leyes.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Eduardo Fungairiño, sostuvo por su parte que «desde un punto de vista doctrinal», la eventual derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida daría «la razón a la fiscalía», que siempre se opuso a la extradición de acusados de crímenes de lesa humanidad para ser juzgados en España, dando prioridad al principio de territorialidad para que sean juzgados en sus países de origen.
Finalmente el abogado Guillermo Alberto Guevara Lynch, adelantó que le pedirá al juez Rodolfo Canicoba Corral que «se pronuncie por la constitucionalidad o no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final» y que «por el artículo uno del Código Penal no decline su competencia en favor de uno extranjero».