Por JOSE LUIS PACHECO

A fuerza de casos resonantes que repercutieron en la opinión pública, la problemática de la inseguridad se terminó instalando como el principal tema de debate en la capital neuquina. Quizá por obra y gracia del periodo electoral, la discusión traspasó rápidamente el ámbito policial y se trasladó de lleno al campo político, donde los distintos niveles gubernamentales se han preocupado por emitir señales con las que quieren dejar en claro su preocupación por una situación que en realidad ya era evidente desde hace tiempo. Sólo había que detenerse a mirarla.

Hace exactamente un año, la inseguridad también se ubicó como uno de los ejes de la información a partir de violentos hechos ocurridos en los locales bailables. En aquel entonces, la movilización alcanzó a nueve municipios del Alto Valle que acordaron sancionar ordenanzas comunes relacionadas con las medidas de seguridad que debían adoptar los boliches. El entusiasmo no duró mucho y sólo algunos terminaron cumpliendo lo pactado. Y en aquellas ciudades donde se sancionó la legislación -como Neuquén capital-, llevarla al terreno de la práctica fue un verdadero parto y lo sigue siendo.

Este y otros antecedentes ponen un manto de duda sobre la efectividad de las grandes convocatorias intersectoriales. El riesgo es que todo quede en buenas intenciones que una vez que el tema desaparece de los medios -pero no de la vida cotidiana de los ciudadanos- terminan desvaneciéndose. Los impulsores de estas reuniones juran que esta vez no será así. Para demostrarlo, ya ha proliferado una batería de propuestas que, aunque abarcan distintos ámbitos, persiguen el mismo objetivo: prevenir que ocurran hechos delictivos. Desde aumentar las exigencias para vender bebidas alcohólicas, hasta la instalación de cámaras en la vía pública y la incorporación de más efectivos a las fuerzas policiales. Todas caminan en la misma dirección. Pero por ahora están sólo en los papeles.

Sobre finales de la semana que pasó, imprevistamente la cooperativa CALF volvió a instalarse como centro de un escándalo institucional. No es un hecho común que un síndico (Pedro Leiva) -encargado de controlar los actos de la conducción- denuncie penalmente a un directivo -en este caso al vicepresidente Julio Barreto- por agresiones y amenazas. Y a modo de anexo, dejó constancia en su relato de presuntas irregularidades que habría cometido el dirigente. En realidad, el hecho que motivó la presentación de Leiva en la fiscalía pasó a segundo plano. Las otras acusaciones quedaron en primer plano y pueden provocar fuertes sacudones en la cooperativa. Otra vez la eterna disputa entre el ala emepenista de la conducción de CALF y el sector justicialista, quedó al descubierto. En la sede de Mitre y Bahía Blanca se especula que en esta oportunidad el MPN podría avanzar decididamente para forzar un reordenamiento del Consejo de Administración. Sin llegar a tocar la cabeza de Alfonso Carro pero sí de sus segundos, entre ellos Barreto. Y aseguran que tienen los votos para hacerlo. Algunos referentes incluso están apurando los tiempos. Ocurre que en dos meses el oficialismo tendrá que enfrentar una elección para renovar parte de la conducción y no quieren dejar heridas que puedan jugar en su contra.