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Inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
Ahora meten presión a la Corte

BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó ayer que la Corte Suprema de Justicia debe decidir sobre la inconstitucionalidad o no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y señaló que desde el gobierno se respeta la regla de que «los poderes entre sí son independientes».
Fernández dijo que con la derogación del decreto que prohibía la extradición de ex militares acusados de violación a los derechos humanos durante la dictadura lo que hizo el Poder Ejecutivo «es no interferir en una decisión que debe ser estrictamente judicial».
«Definitivamente quiero que sea la Justicia la que resuelva responsabilidades, que no sea la vocación unilateral del poder político que dice que no los persigan ni la decisión personal de quien decide quitarse la vida para no verso sometido a la Justicia. Quiero que la Justicia diga», afirmó Fernández.
El ministro, al defender la decisión de derogar el decreto de Fernando De Rúa, sostuvo que «definitivamente lo que hizo el Poder Ejecutivo es no interferir en una decisión que debe ser estrictamente judicial».
«Lo que queremos es que la Justicia en la República funcione sin interferencias es lo único que nosotros buscamos y lo único que buscó el presidente (Néstor) Kirchner, ahora está en manos de la Justicia ver que hace frente a cada pedido de extradición».
Fernández afirmó que «no es sobre la base del olvido y la impunidad que se reconstruye la Argentina porque han pasado los años muchas veces se ha intentado olvidar y muchas veces a través del olvido se ha buscado la impunidad y evidentemente no se lograron los objetivos».
«Si queremos vivir en un país desarrollado, en un país en serio, normal, la búsqueda debe ser la búsqueda de la Justicia, que el infractor a las normas reciba su castigo, así se construye una sociedad y una República», destacó.
El funcionario agregó que con una de las «reglas» que se maneja el gobierno es que «los poderes entre sí son independientes por eso el análisis de la posible inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida y Punto Final es hoy tratada por la Corte Suprema y es ese tribunal el que debe resolver y no es bueno que haya interferencias ni opiniones que condicionen a la Corte».
Recordó que «hemos sido muy críticos de las épocas en que los ministros visitaban los despachos de la Corte para obtener un fallo en un sentido o en otro, si queremos cambiar no repitamos la historia».

 

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