Obediencia Debida (Ley N° 23.521) Promulgada el 4 de junio de 1987 1 - Los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no merecen castigo por haber obrado en virtud de obediencia debida. 2 - No se aplicó a quienes cometieron delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación de inmuebles. Punto Final (Ley N° 23.492) Sancionada el 23 de diciembre de 1986 1 - Extinguió toda acción penal contra personas que hubieren cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983 2- Las causas contra personal en actividad continuaron su curso en la Justicia pero cualquier orden de detención o prisión preventiva, debería ser aporbada por el jefe de la unidad del procesado. 3- No extinguió acciones penales en los casos de delitos de sustitución de estado civil ni de sustracción y ocultación de menores.

NEUQUEN.- El secretario general de la presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, se manifestó a favor de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. «Si de mí dependiera las derogaría, sentenció en declaraciones a LU5.
De todas maneras, el funcionario consideró que es conveniente que un tema de semejante importancia sea resuelto por la Justicia y no por una decisión arbitraria del poder político.
Parrilli recordó que jueces, tanto de primera como de segunda instancia, ya declararon la inconstitucionalidad de ambas leyes y remarcó que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, ahora, debe expedirse al respecto.
Parrilli afirmó que desde un principio se expresó en contra de las controvertidas leyes, así como de los decretos de indulto firmados por el ex presidente Carlos Menem.
En cambio, el neuquino adelantó que sí se analiza en el entorno del mandatario la viabilidad del decreto 1581/01, sancionado por el ex presidente Fernando De la Rúa. Según Parrilli, el decreto, que impide la extradición de militares juzgados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, trastocó la acción de la Justicia y atenta contra la seguridad jurídica argentina.
En tal sentido, consideró que la Justicia Nacional debe decidir sobre correspode o no responder de manera favorable ante cada solicitud de tribunales extranjeros.
En el plano polítco, Parrilli optó por no emitir opiniones sobre los probables candidatos a la gobernación de Neuquén y negó que en su visita a la provincia haya mantenido encuentros con representantes de otras fuerzas, con el fin de construir un frente.
« El gobierno tiene una responsabilidad muy grande que es resolver los problemas de la gente», señaló Parrilli. Y, de inmediato, agregó que « en el gobierno cada uno puede tener su corazoncito, pero no tenemos tiempo para otra cosa que no sea gobernar». Por último, estimó que en Neuquén hay dirigentes de muy buen nivel, capaces de resolver la situación electoral de la provicia.

Derechos Humanos confía en el Presidente

NEUQUEN.- Oscar Ragni, integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén, manifestó su confianza en que el presidente, Néstor Kirchner, presente un proyecto al Congreso para derogar las layes de Obediencia Debida y Punto Final.
El dirigente consideró que ese es el camino indicado para comenzar a revertir la situación, ya que fue el parlamento quien promulgó ambas leyes. «Prefiero que lo determinen los diputados y no la Justicia», admitió Ragni.
Recordó que varios jueces ya dictaron la inconstitucionalidad de las leyes y que debe manifestarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según el militante la sanción de esas leyes perjudicaron a nuestra sociedad, porque cortaron los juicio a los autores ideológicos y materiales del terrorismo de Estado que se vivió en nuestro país durante los años 70.
Rechazó los indultos promovidos por el ex presidente Carlos Menem, que «dejaron libres a los asesinos». Ragni señaló como un hecho positivo que otros países juzguen a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos, pero expresó que sería mucho más gratificante que los juicios puedan llevarse a cabo en la Argentina.
El dirigente recordó que los 30.000 desaparecidos no fueron obra del azar sino víctimas de una acción ilegal totalmente planeada y ejecutada por el gobierno de facto. Ragni recordó que en la zona hay alrededor de 60 personas desaparecidas, cuyas familias verían de muy buena manera que se pudiera juzgar y condenar a los victimarios.
Aseguró que hay interesados en que las cosas se confundan y pidió a la sociedad que comprenda la diferencia entre quienes desaparecieron en la dictadura y quienes padecieron otro tipo de tragedias. Como ejemplo, dijo que «en un accidente puede haber heridos, muertos y desaparecidos, pero nada tiene que ver con las desapariciones forzosas que sufrieron muchas personas por cuestiones políticas e ideológicas».