NEUQUEN.- El receso por las vacaciones de invierno y las campañas proselitistas con vistas a los comicios del próximo 28 de setiembre conspiraron ayer contra el intento de un grupo de legisladores de avanzar con leyes que esperan desde hace tiempo ser aprobadas en el recinto.
El receso invernal es sólo para el personal de planta de la cámara, pero no incluye a los diputados, asesores y empleados políticos ya que habían acordado no tomarse vacaciones en un intento por recuperar todo el tiempo perdido durante el año cuando la Legislatura estuvo virtualmente paralizada.
Cuando parecía que tras la inauguración del período de sesiones ordinarias, el pasado 1° de mayo, la Legislatura por fin mostraba interés por superar la pálida imagen que dejaba luego de un prolongado letargo, su marcha volvió a empantanarse.
En la cámara cada cual atiende su juego. Durante la mañana de ayer, sólo 5 de 35 diputados fueron a trabajar a comisiones.

Frenazo

Las tres comisiones que sufrieron las consecuencias de la falta de quórum fueron la de Desarrollo Humano y Social; la de Asuntos Constitucionales y la de Prespupuesto y Hacienda que no alcanzaron a reunir un mínimo de siete diputados para trabajar.
La primera de ellas tenía previsto dar las puntadas finales al dictamen que se propone suspender por 90 días los cortes de gas y electricidad a los usuarios imposibilitados de abonar el costo de reconexión.
Se trata de una iniciativa promovida por la presidenta de la comisión, Rita Santarelli, que permanecía trabada desde el año pasado por falta de acuerdo con los representantes de la bancada oficialista.
La legisladora recordó ayer que existe una moción para que el proyecto sea tratado en la sesión prevista para el jueves 31. «Intentaremos avanzar el martes de la semana que viene siempre y cuando haya quórum», indicó Santarelli.
Según cifras que el año pasado suministró la empresa Camuzzi Gas del Sur a los legisladores de la comisión, sobre un padrón de 120 mil usuarios se registraba un promedio de 6.400 cortes de servicio por mes.
La ley se propone suspender los cortes a los indigentes que no puedan afrontar el costo de reconexión hasta que pase el invierno y encomienda a la subsecretaría de Acción Social la misión de determinar quiénes serán los beneficiarios directos de esta disposición.

Juez, en espera

Otra de las comisiones que sufrió la falta de diputados para trabajar fue la de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside Adriana Rivas (MPN).
Esta comisión tenía en carpeta el análisis del pliego para la designación de un magistrado para que se haga cargo del Juzgado de Instrucción 1 de esta capital que permanece vacante desde hace bastante tiempo atrás. Se trata del abogado Héctor Rimaro quien actualmente se desempeña como defensor oficial. Su nombre fue indicado por el Tribunal Superior de Justicia para que reciba el acuerdo correspondiente por parte de los legisladores.
El pliego de Rimaro podría recibir objeciones puesto que, como funcionario del Poder Judicial, reclamó el blanqueo de una parte del salario que venían cobrando en negro, actitud que fue severamente sancionada por la actual Legislatura.

En lista de espera

Eduardo Carbajo, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda tampoco pudo conseguir quórum ayer a la tarde para poder trabajar. A las 17.30, horario previsto para el inicio de la reunión, la sede de la Legislatura lucía desierta.
Esta estratégica comisión, además de dos presupuestos provinciales, tiene en lista de espera un pedido del Tribunal Superior de Justicia, TSJ para incrementar sus ingresos.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pidió seis puntos más de la coparticipación federal de impuestos para lograr un presupuesto equilibrado en ese poder que contempla erogaciones de 67 millones de pesos para este año.
Esto implicaría llegar al 24 por ciento de la coparticipación que desde la sanción en 1992 de la ley de autarquía judicial (Nº 1971) se mantuvo en el 18 por ciento.
Sin embargo los magistrados deberán seguir esperando para conseguir más recursos, así como la designación de puestos que permanecen vacantes en los tribunales.

Sólo 5 fueron a escuchar un informe

NEUQUEN.- Solamente 5 de los 35 diputados que integran la Legislatura de Neuquén acudieron ayer a la presentación del documento técnico sobre el emprendimiento multipropósito Chihuido II suministrado por el Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IARH), regional Comahue. El raleado auditorio escuchó las conclusiones adelantadas en exclusiva ayer por este diario. Mientras esto acontecía, en San Patricio del Chañar el gobernador Jorge Sobisch los exhortaba a apurar la sanción de la norma «porque no podemos ir a negociar a Nación si no tenemos la ley».
Alguna de las dudas planteadas por los profesionales estuvieron referidas a la falta de un criterio técnico y metodológico para definir la conveniencia de una obra en la cuenca de los ríos de la región;la escasa trascendencia dada al estudio de impacto ambiental; el aporte económico centralizado en los Estados nacional y provincial y la situación del embalse de Los Barreales.
Los diputados que concurrieron a la presentación fueron Constantino Mesplatere (MPN); Eduardo Fuentes y Orlando Rostán (MU); Eduardo Correa (socialista) e Iris Laurín (justicialista).
La entidad recibió a técnicos de IMPSA el pasado 20 de junio, ocasión en la que explicitaron el proyecto del aprovechamiento multipropósito en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul.
Con los datos disponibles, esta ONG integrada por profesionales de la región, elaboró un informe con objeciones al proyecto de Chihuidos II que ayer presentó ante diputados de la comisión de Hidrocarburos y Energía. Federico Horn; Mario Alvarez; Cecilia Dumillia y Javier Pavese expusieron los módulos evaluados por la entidad. Como primer aspecto indicaron que la falta de un sistema evaluable de obras potenciales impide juzgar el proyecto Chihuidos con respecto a otras alternativas.
Por otra parte, destacaron que el estudio de impacto ambiental debe ser una variable de decisión del proyecto, de igual importancia que la económica y social. A la vez observaron la escasa participación privada en el aporte económico del emprendimiento y acotaron que la atenuación de crecidas sobre el Río Neuquén no elimina los riesgos de afectaciones importantes aguas abajo, aunque admite que mejora la situación.
Al respecto, el informe pone en duda la capacidad real de derivación de 8 mil metros cúbicos por segundo hacia Los Barreales, tal como lo contempla el proyecto de IMPSA.
Sobre la generación eléctrica señalan que existe sobreoferta en el mercado como para justificar una central de 234 MW.
Para ello dan cuenta de la limitación de transmisión al Sistema Interconectado Nacional por la falta de líneas que cumplan esa función.
El diputado Fuentes expresó la escasa participación del Estado en este proyecto y sugirió el interés del poder Ejecutivo en generar un conflicto político con la oposición en lugar de concretar la obra.