BUENOS AIRES.- El interventor del Pami, Juan González Gaviola, aseguró ayer que todas las denuncias sobre ilícitos en esa obra social podrían concentrarse en una sola fiscalía y reclamó al Congreso «volver a discutir» una nueva ley para ese organismo.
Reveló que la deuda del Pami es de 642 millones de dólares (1.800 millones de pesos) y que por ahora la obra social tiene un «endeble» superávit mensual de poco más de 440 mil pesos y criticó a la gestión de Víctor Alderete y a la normalización que realizó el duhaldismo.
González Gaviola advirtió que «hubo una multitud de nombramientos con sueldos de tres mil y cuatro mil pesos» y que «se crearon figuras de asesores y coordinadores técnicos, con una suma total de tres millones de pesos».
«En el Pami hay fábricas de horas extras por encima de lo que permite la ley. Se gasta en personal más de lo lógico. En cada ambulancia van dos choferes, por ejemplo», afirmó.
El interventor del Pami hizo ayer un extenso informe en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside la menemista cordobesa Marta Alarcia.
Allí, prometió que «no habrá despidos masivos de personal», a pesar de la importante cantidad de trabajadores que posee la plantilla del Pami, por entender que ese mecanismo de ajuste es el que realizaron «sin éxito» otros gobiernos.
«Hay un gran crecimiento de la planta de personal, hay un gasto creciente en lo administrativo que supera el 20 por ciento», subrayó en el informe.
Destacó que directivos de la Auditoría General de la Nación (AGN) «consideran que había que ver si se puede, como ocurrió en la Anses o con la ‘mafia del oro’, concentrar todos los presuntos ilícitos contra del Pami en una misma fiscalía para que se unifique esta cuestión».
También reclamó que el Congreso «va a tener que volver a discutir la forma de conducción a través de un directorio ejecutivo colegiado para una obra social que, por su facturación, es equiparable a la quinta empresa del país».
Desde Diputados está acordada la creación de una comisión bicameral de «seguimiento y control» de la intervención del Pami, que estará compuesta por siete legisladores de cada cámara.
Culpó a las anteriores gestiones por haber generado «una crónica deuda que luego hacía suya el Estado por 1.800 millones de pesos, en un pasado cercano».
«Con Víctor Alderete se comienza a generar un modelo prestacional basado en contratos con la figura del intermediario, que eran las gerenciadoras», cuestionó.