BUENOS AIRES.- Los ministerios de Economía y de Planificación Federal designaron a sus representantes ante la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y confiaron a Jorge Gustavo Simeonoff, a cargo de la ex Comisión de Renegociación de Contratos, como secretario Ejecutivo de la flamante entidad.
El arquitecto Carlos Lisandro Salas será el «representante alterno» del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, ante la Unidad de Renegociación, mientras que el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Eduardo Angel Pérez, será quien represente a Roberto Lavagna en la nueva dependencia.
Las tres designaciones fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial, y en el caso de las dos últimas, tanto Salas como Perez, serán los alternos de los respectivos ministros, en cumplimiento de disposiciones del decreto 311/03, de creación de la Unidad.
La norma establece que la Unidad de Renegociación será presidida por los ministros de Economía y Producción y por el de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes designarán a sus respectivos «alternos» para que los reemplacen en caso de ausencia o impedimento temporal.
Simeonoff es ya un «viejo conocido» en estas lides debido a que desde hace varios meses venía presidiendo la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, creada por la Ley de Emergencia Económica 25.561 para renegociar los contratos con las privatizadas.
La Comisión presidida por Simeonoff será reemplazada de ahora en más por la Unidad de Renegociación, que deberá expedirse y tendrá como fecha final de pronunciamiento el 31 de diciembre de 2004.
En la Resolución conjunta 118/03 y 25/03 publicada ayer se dan por concluidas las funciones de Simeonoff como secretario Coordinador de la Comisión de Renegociación de Contratos, y en uno de los artículos se lo designa Secretario Ejecutivo de la flamante Unidad.
La Comisión Renegociadora comenzó a recibir en abril del año pasado las presentaciones de las empresas, en las que éstas definirán su situación y sus necesidades de recomposición tarifaria.
La Comisión tenía un plazo inicial de 180 días para expedirse, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, ya que las empresas debieron elevar una segunda presentación e incluso el Secretario Coordinador de la Comisión fue cambiado en cuatro oportunidades.