Alfredo Pujante. Eduardo Correa.

NEUQUEN.- El decreto a refrendar por la Legislatura neuquina, a través del cual el gobierno de la provincia concedió la preadjudicación del complejo de aprovechamiento multipropósito Chihuido II a las empresas Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA y Lagarde SA, es desde ayer motivo de una nueva disputa política entre la oposición legislativa y el Ejecutivo provincial.
La propuesta elevada sobre fines de 2002 por el grupo IMPSA hacía mención a una inversión total de u$s 750,4 millones de los cuales 349 millones de la moneda norteamericana deberían surgir del aporte de los Estados provincial y nacional.
El gran dilema que se planteó ayer fue si Provincia deberá aportar 129 millones de dólares o si los millones autorizados oportunamente por la cámara neuquina son en divisa nacional (en aquel momento, pesos convertibles con paridad uno a uno).
De acuerdo con el texto de la Ley aprobada en mayo del 2000 la cámara neuquina autorizó al gobierno de la provincia un endeudamiento del orden de los «129 millones de pesos convertibles». La interpretación de esta parte de la Ley es lo que amenaza con demorar la aprobación de la preadjudicación de Chihuido II.
Los diputados del ARI, Carlos Moraña y del Socialismo, Eduardo Correa, fueron los primeros en objetar cualquier decisión apresurada con respecto a la posibilidad de refrendar el decreto provincial de preadjudicación de Chuihuido II.
«Vamos a esperar a que el proyecto llegue a la cámara», indicó ayer Correa.
El legislador socialista indicó que «si bien se autorizó un endeudamiento en dólares, existen otros elementos que en el momento evaluaremos para decidir la aprobación de la propuesta oficial».

Objeciones

Entre las objeciones Correa enumeró «las secuelas de desocupación que dejan estas mega-obras cuando llegan al final de su construcción y la falta de un proyecto productivo». El diputado provincial también apuntó sus objeciones a la necesidad de contar con una política de preservación de reservas naturales ubicados en la zona en la que se construirá el emprendimiento hidroeléctrico.
El gobierno neuquino por su parte metió presión a los legisladores promoviendo su posición con respecto al futuro de Chihuido II y la interpretación de la Ley.
El ministro de Hacienda y Obras Públicas, Alfredo Pujante, dijo que lo que queda ahora es la ratificación por parte de la Legislatura de esta adjudicación y la aprobación del contrato cuyo texto ya formaba parte del pliego que oportunamente se puso a consideración de ese cuerpo.
Agregó que se están realizando ante el gobierno nacional las gestiones tendientes a que este comprometa el aporte, que «en virtud de los compromisos asumidos cuando se concesionó Cerros Colorados, debe realizar para asegurar el control de las crecidas aguas debajo de la represa».

Autorizado

El ministro explicó que la ley 2.316 por la que se autorizó el llamado a licitación del proyecto «autorizaba también a la provincia a realizar un aporte de hasta 129 millones de dólares» y ahora hay que obtener ese financiamiento.
Dicha ley en su articulo 3° establece «autorízase al poder ejecutivo a gestionar, ante el Estado Nacional, instituciones de crédito y otros organismos internacionales, la obtención de recursos destinados al cumplimiento de compromisos que deba afrontar la provincia en el financiamiento del proyecto cuya licitación aprueba la presente ley».
En cuanto a si el monto del aporte provincial autorizado es de 129 millones de dólares o pesos Pujante señaló que «nosotros hemos sido muy explícitos y prudentes en la elevación a la Legislatura. La ley hablaba de 129 millones de pesos convertibles, obviamente ha habido cambios y corresponde a los mismos legisladores explicar lo que quisieron decir en aquel momento».

Enojos terminan en gran portazo

Lo que debió ser una reunión formal para la asunción de las nuevas autoridades de la comisión de Educación se convirtió en un nuevo escandalete legislativo, que puso en peligro el laborioso acuerdo que sellaron todos los bloques para que la Legislatura vuelva a sesionar.
El diputado socialista Eduardo Correa y el oficialista Osvaldo Ferreyra fueron los dos legisladores que protagonizaron el encontronazo luego de que, en duros términos, el diputado opositor cuestionó que el representante del MPN sea integrante de la comisión de Educación, por entender que «los valores que transmite la educación se contraponen a conductas sospechadas de corrupción».
Se quejó también porque -aseguró- «en tres años de funcionamiento de la comisión sólo asistió a dos reuniones».
La reunión de la comisión de Educación había sido convocada por una razón meramente formal: oficializar la asunción de la diputada Viviana Susterman (MPN) como presidente de ese estamento, en reemplazo del hoy ministro de Gobierno Oscar Gutiérrez.
Todos los diputados presentes (de la Alianza, el PJ y el MPN) estuvieron de acuerdo en la designación de Susterman, pero la hecatombe sobrevino cuando Correa cuestionó la presencia de Ferreyra en el lugar.
«Si él se queda yo me voy», dijo el socialista, quien tras esperar unos minutos y observar que Ferreyra no se retiraba optó por levantarse de su silla y dejar la sala de comisiones con cara de pocos amigos.
Según Correa, luego de que él se retiró «el diputado Ferreyra dijo a los diputados que lo escuchaban que iba a esperar el fallo de la Justicia para dedicarse a perseguir a todos los que ya lo han juzgado». Agregó que expresaba su «más enérgico repudio a esas amenazas».
Tras los dichos de Ferreyra, quienes se levantaron de la reunión fueron los diputados aliancistas -Ricardo Villar, Rita Santarelli y Mirta Domene- quienes se mostraron en desacuerdo con los dichos del diputado del MPN.
Así las cosas, la reunión de la comisión educativa terminó de una manera más abrupta de lo que se suponía. obviamente, los legisladores no le pudieron poner fecha a un nuevo encuentro de ese cuerpo.