BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia podría dar a conocer esta semana el polémico fallo por el que se declararía inconstitucional la pesificación y ordenaría la redolarización de un depósito millonario que la provincia de San Luis tiene retenido en el Banco Nación.
La resolución podría ser firmada este martes, aunque no se descarta una nueva postergación, de acuerdo con fuentes judiciales.
El fallo, que será firmado por cinco de los ocho jueces, incorporaría un punto novedoso y que traería cierto alivio al Gobierno, que consiste en dejar librada a un arreglo entre las partes la forma de devolución del depósito reclamado.
De no haber acuerdo, el planteo volvería a la Corte para que sea ésta quien fije las pautas y plazos de entrega.
El fallo también sería muy riguroso en el sentido de que la redolarización será aplicable en el caso concreto de la provincia de San Luis y que no anula el mecanismo de pesificación de los depósitos acorralados, dispuesto por el Gobierno en enero de 2002.
El voto afirmativo sería otorgado por los jueces Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Carlos Fayt y Julio Nazareno quien mantiene un diálogo fluido con el Gobierno.
En tanto que Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio se manifestaron contrarios a anular la pesificación, mientras que Enrique Petraqui no vota, excusado por tener un depósito acorralado.
El Gobierno, por su parte, reiteró durante el transcurso de la semana pasada que un fallo a favor de la redolarización tendrá un «efecto fatal» y exhortó a la Corte a resolver el tema luego de las elecciones presidenciales, previstas para el 27 de abril.
La causa se inició ante una presentación de la provincia de San Luis en reclamo por 247 millones de dólares que tenía depositado en el Banco Nación, parte de los cuales ya fue retirado y cobrado a 1,40 pesos por dólar.
A pesar de que la aplicación del fallo se acota al caso San Luis, el Gobierno teme principalmente por la repercusión que tendría para todos los ahorristas que iniciaron acciones para recuperar sus depósitos en la moneda de origen.
Además, la semana pasada se conoció, de manera extraoficial, un borrador firmado por Moliné O’Connor en el que se establecía que la Corte obligaría al Estado y a los bancos a devolver la diferencia entre el valor del dinero que ya se retiró de las entidades en pesos a 1,40 y el valor de cada dólar en el mercado libre a la fecha en que se realizó la extracción.
Si bien Moliné O’Connor aclaró, para no «desorientar» a la sociedad, que ésta situación y la declaración de inconstitucionalidad de la pesificación será en el caso concreto de la provincia de San Luis, hizo referencia a la «proyección» que puede tener el fallo sobre la «numerosa cantidad de pleitos similares».
En tanto, en Tribunales intentaron minimizar la divulgación de este borrador y recordaron el conflicto que se desató antes de fin de año cuando la Corte estaba por sacar el fallo contra la pesificación en el caso de una ahorrista de Bahía Blanca, y fue difundido por Internet el proyecto de voto del ministro Carlos Fayt.
Si bien el escándalo no pudo evitarse, luego el fallo no salió y los intentos por apartar a Fayt no prosperaron.
Por su parte, desde distintas entidades crediticias, advirtieron que si la Corte Suprema de Justicia ordena la redolarización de los depósitos, el Estado deberá compensar «de alguna forma» a los bancos.
«La dolarización de una parte del balance de los bancos, es decir de sus depósitos, tendrá que tener un correlato en el costado de los activos, porque si no se generarían desequilibrios muy fuertes», planteó el presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, Roberto Feletti.

Aumentó salida por amparos

BUENOS AIRES.- Las entidades financieras abonaron en febrero pasado más de 270 millones de pesos en concepto de medidas cautelares presentadas contra el corralón, lo que representa unos 5 mil casos.
Según un informe realizado por el Banco Central (BCRA), el monto abonado se corresponde a una baja de depósitos por alrededor de 120 millones de pesos y de unos 50 millones en concepto de CER devengados.
Para el Central, la tendencia observada durante las tres primeras semanas de febrero resulta en una proyección para todo el mes de unos 7 mil casos, por un monto total que rondaría los 400 millones, correspondientes a una caída contable de depósitos por alrededor de 200 millones, más unos 70 millones de CER.
La autoridad monetaria consideró que este incremento «podría deberse en parte a la finalización de la feria judicial de enero, y en parte por el vencimiento del plazo de 120 días hábiles dispuesto por decreto gubernamental.