Por JOSE LUIS PACHECO

En la cuenta regresiva de la campaña electoral, un tema de relevancia para la capital que prácticamente había sido ignorado por los candidatos, hizo una violenta irrupción. El prolongado apagón que, entre martes y miércoles se extendió más de catorce horas, puso en el ojo de la tormenta al servicio de distribución eléctrica. La precariedad legal en que se encuentra la concesión y la falta de inversiones, son los ejes centrales de un debate que va mucho más allá de las disputas ocasionales entre CALF y el EPEN para ver quien carga con la responsabilidad del corte que perjudicó a más de 100 mil neuquinos.
v En su campaña, centralizadas en promesas de obras, los candidatos parecen no haberle dado trascendencia al futuro del servicio eléctrico en la ciudad. El actual intendente, Horacio Quiroga, asegura que cumplirá con el llamado a licitación que ordenó la Corte Suprema de Justicia y, como prueba de ello, enviará al Concejo Deliberante el proyecto de marco regulatorio. Además insiste en que prácticamente no hay posibilidades que CALF pierda la licitación.
Su principal adversario, Federico Brollo, desde que era diputado cultivó un perfil menos conciliador con la cooperativa, planteando incluso un desprendimiento de sus servicios sociales que hoy son subsidiados por los ingresos que le reporta la distribución de energía. Las demás agrupaciones (ARI, Encuentro Neuquino) se inclinan por garantizar la defensa a ultranza de CALF y buscar la forma legal de asegurar su continuidad, aún evitando la licitación.
v La inexistencia de un contrato (el del ’87 que rigió hasta el ’97 está caído después del fallo de la Corte aunque en ocasiones se hable de continuidad «de hecho») no sólo perjudica a la cooperativa sino principalmente a los usuarios que están completamente indefensos habida cuenta que el municipio no puede ejercer su función de contralor como poder concedente. Ni siquiera puede aplicar una sanción por incumplimientos. Además las multas contempladas en el contrato del ’87 eran irrisorias.
Esto llevó a la Comuna a trabajar en la elaboración de un Régimen de Suministro en el que se establecen las reglas de juego que rigen la relación entre prestadora y clientes. Algunas versiones dan cuenta que, vía decreto, se aprobaría un régimen provisorio que regiría hasta que se resuelva la intrincada trama de la licitación. Después podría ser modificado.
Por otra parte, el precario vínculo legal le impide a la cooperativa acceder a fuentes de financiamiento para realizar las inversiones previstas -o debe afrontar intereses mayores- y dificulta aún más la negociación con sus proveedores.
Esta situación, sumada al incremento en el costo de la energía, a la negativa de Luz y Fuerza (el gremio más poderoso dentro de la cooperativa) para avanzar en la revisión de la masa salarial y a la inestabilidad que suele mostrar la recaudación, está asfixiando cada vez más a CALF. La posibilidad de trasladar el incremento de la luz a los usuarios es vista como una alternativa cada vez más cercana. Aunque para la conducción signifique pagar un alto costo político después del eslogan utilizado hasta el hartazgo en la última campaña por el oficialismo Celeste.