EL BOLSON.- La alta cantidad de casos de abuso sexual que se registró el año pasado -tan sólo en el área de Promoción Familiar se trabajó sobre veinte casos, casi dos por mes- moviliza a las autoridades provinciales y locales. Una red de instituciones locales prevé realizar talleres con maestros antes del inicio de las clases.
«La cantidad de casos es altísima teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de nuestra ciudad y sólo contando los que nosotros registramos, a esos hay que sumar los que son atendidos directamente por el personal del Hospital y en otras áreas», comentó Silvia Ceballos, una psicóloga que integra la unidad ejecutora local para la atención de la violencia familiar.
Veinte casos en los últimos once meses, con víctimas de entre los 3 años de edad hasta los 17, de distinta condición social pero concentradas geográficamente en los barrios más humildes, parecen justificar que la atención de las autoridades provinciales haya dispuesto la conformación del equipo de profesionales para atenderlos y el desarrollo de un plan piloto que se desarrolla exclusivamente en esta localidad.
Ceballos explicó que «el proyecto procura prevenir a través de una sensibilización y capacitación de grupos de jóvenes, referentes barriales y de otros adultos que trabajan con niños y adolescentes», al detallar la estrategia que sigue el organismo para detectar y tratar los casos.
Los especialistas involucrados en la tarea de detección precoz recuerdan en cada ocasión disponible que la ley provincial 3097 establece que la denuncia puede ser anónima y que -para los docentes por ejemplo- es obligatorio denunciar los casos que se conozcan o sospechen, lo que implica penalizaciones en caso de omisión.

Condenado

La localidad aún recuerda el caso de Luis Fernández, el propietario de una empresa de transporte de pasajeros detenido en abril de 2000, y condenado un año más tarde, luego de que cinco familias lo denunciaran por haber accedido carnalmente a otras tantas niñas de entre 7 y 11 años, todas procedentes de hogares muy humildes.
Pocos días antes, por un delito idéntico, aunque reducido al ámbito familiar, había sido encarcelado uno de los choferes de la empresa.
En la instrucción de la causa se confirmó que Fernández medraba con la situación económica de las familias a quienes ayudaba con ropas y alimentos.
En los alegatos el defensor solicitó la declaración de inimputabilidad debido a «alteraciones morbosas de sus facultades mentales».